Reabren caso de español asesinado en supuesto secuestro en el Cauca

La justicia española se declaró competente para investigar la muerte de su ciudadano, ocurrida en zona rural de Corinto en agosto pasado.

La Audiencia Nacional española se ha declarado competente para investigar la muerte el pasado agosto de Sergio Muñiz Brioso durante su secuestro en Colombia, ante los indicios de que las Farc pudieran estar detrás del crimen y ante la falta de constancia de que se esté investigando en el país latinoamericano.La sección cuarta de lo Penal adopta esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que estima el recurso de los padres de Muñiz, de 28 años, y revoca el archivo de las diligencias abiertas a raíz del secuestro, acordado en julio pasado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que deberá reabrir el caso.Velasco, apoyándose en un informe de la Fiscalía, argumentó la falta de competencia de la Audiencia Nacional sobre la base de que la víctima era española y el delito se cometió fuera de España, por lo que no era de aplicación el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (lo que se conoce como Justicia Universal), porque para que así fuera los autores del secuestro debían ser españoles.Cabe recordar que el cadáver del joven español apareció en agosto pasado con los ojos vendados y señales de disparos en la salida hacia una zona rural del municipio de Corinto, en el departamento de Cauca.Había llegado a Colombia el 3 junio y se hospedó en un hotel del centro de Cali, hasta que, entre el 5 y el 6 de junio, según las pesquisas, se trasladó junto a dos colombianos a una finca en Santander de Quilichao, zona de fuerte influencia de grupos armados al margen de la ley, donde se perdió su rastro. La Policía colombiana manejó varias hipótesis sobre su desaparición, entre ellas que se tratara de un asunto relacionado con drogas.Sin embargo, la Sala observa que en las diligencias archivadas, los supuestos autores "aparecen identificados con el nombre 'los Rastrojos', según un informe policial que obra en la causa.Se trataría por tanto, de "un grupo guerrillero similar o derivado de las Farc", respecto de los que la Audiencia Nacional podría tener competencia al poder calificarse el hecho como una extorsión relacionada con el terrorismo o con el tráfico de drogas", lo que estaría contemplado en la legislación española."Lo anterior, unido a la ausencia de datos acerca de la apertura de una investigación en Colombia sobre la detención ilegal y asesinato del joven Sergio Muñiz Brioso, obliga a llevar a cabo una investigación sobre los hechos al existir elementos fundados acerca de la competencia de la jurisdicción española", concluye la Sala.El Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo se inhibió en favor de la Audiencia Nacional de la causa que abrió a principios de junio, cuando se produjo el rapto, al considerar que era el órgano competente para investigar el delito de detención ilegal ante los indicios de que los presuntos secuestradores pudieran pertenecer a un grupo terrorista afín a las Farc.El 8 de julio, Velasco rechazó la competencia y se archivaron las actuaciones, pero de esa resolución no tuvieron conocimiento formal los padres porque no estaban personados, por lo que "en rigor", dice el auto, se les comunicó esta resolución por vía de una providencia cuando en noviembre reclamaron la reapertura de las diligencias.Por ello, la Sala da por buena la interposición del recurso contra esa providencia, que pone en conocimiento "de los perjudicados una resolución hasta entonces desconocida y perjudicial para sus intereses".El abogado de la familia Muñiz, Manuel J. Pérez Lorenzo, criticaba en su recurso que desde que se produjo el archivo de las actuaciones, ningún órgano judicial investigara el secuestro del joven, que apareció muerto el 22 de agosto."Por tareas puramente burocráticas, la Justicia española no hizo nada hasta que, finalmente, decide no hacer nada" y tras ese archivo, Muñiz es asesinado un mes y medio después "sin que su país haya movido un músculo para ayudarle".Según la familia, a la que los secuestradores pedían un rescate de un millón de euros, debían haberse hecho "las mínimas gestiones de investigación" porque "si ni siquiera se admite, cautelarmente, la competencia" nunca podrían descubrirse las circunstancias que rodearon a ese secuestro. "La triste realidad es que se dejó desamparado a un ciudadano español", lamentan en su recurso.Ahora quieren que se reabra el caso no solo porque lo que "comenzó como un secuestro, con ánimo de obtener un rescate económico, ha terminado en un vil asesinato a sangre fría", sino porque tienen indicios de la supuesta implicación de dos personas, una de ellas colombiana, con las que el joven tenía trato en España.