Proyecto de ley busca penas más altas por ataques con ácido

El partido Mira radicó el proyecto de ley en el Congreso. Un joven de 22 años murió en Antioquia al ser atacado con esta sustancia.

Los ataques con ácido denunciados en los últimos días llevaron a que se radicara un proyecto de ley para incrementar las penas. “La idea es que la pena mínima sea de 20 años y no de 15 años como es actualmente y que la máxima sea de 44 años”, explicó la congresista Gloria Stella Díaz del partido Mira.En los últimos días se han conocido en el país una racha de ataques con ácido, en el que la mayoría de las afectadas son mujeres.Asimismo, el miércoles se denunció un caso de un joven en La Estrella, Antioquia, que murió tras ser agredido por esta sustancia. Se trata de Alejandro Correa, de 22 años. La Alcaldía de la localidad y La Policía Metropolitana de Medellín anunciaron una recompensa de hasta $50 millones por información que lleve a la captura del responsable del ataque con ácido que causó la muerte del joven y lesiones a una mujer que lo acompañaba.La víctima fue atacada con una sustancia química la noche del martes en ese municipio del sur del Valle de Aburrá. María Cecilia Castaño, madre del joven muerto, dijo no creer que se haya tratado de un robo. “Yo no creo que fuera por atracarlo, sino porque él estaba metido con una señora que no debiera, porque esa señora con la que él iba era una señora que tenía hogar y tenía tres hijos, entonces yo pienso que era por venganza”, expresó.El proyectoDe acuerdo con el partido Mira, “la iniciativa busca crear el delito autónomo para que se eleven las penas por el solo hecho de atacar a otra persona con ácido o sustancias similares, así el daño sea temporal o permanente.La Representante Díaz explicó que “están contempladas penas ejemplarizantes que irían desde los 12 años y medio hasta los 45 años, según el daño causado. Así por ejemplo, para quien cause daño temporal o permanente a otro con agente químico o ácido en cualquier parte del cuerpo se le castigará con privación de la libertad entre 12,5 a 20 años y deberá pagar una multa de 73 a 154 millones de pesos”.Y se agregó que “cuando el ácido cause deformación, pérdida parcial o total de alguna parte del cuerpo, por ejemplo en un ojo, una mano o una oreja, la pena será de 21 a 30 años de prisión, deberá pagar una multa de 657 a 1.848 millones de pesos. Y si la afectación es en el cuello o la cara, o en mujer o menor de edad, la pena puede ir de 16 a 30 años, si la lesión no causa deformidad. Y de 28 a 45 años de prisión cuando hay deformidad o pérdida total o parcial de un órgano”.En el boletín de prensa se indicó que “ los congresistas de Mira esperan que esta vez el Gobierno Nacional sí tenga la voluntad política para aprobar y sancionar esta iniciativa, y no argumenten hacinamiento carcelario para no aumentar las penas de este atroz delito que cada día está cobrando más víctimas en el país”.Por otro lado, la Procuraduría requirió al Ministerio de Salud para que informe el estado actual de cumplimiento de las órdenes impartidas por la Ley 1639 del 2 de julio de 2013 que incrementó las medidas para proteger a las víctimas de este tipo de ataques.Esto, debido a que dicha Ley dio precisas instrucciones a ese Ministerio para que en seis meses creara una ruta de atención integral a las víctimas, que permitiera suministrar información y orientarlas acerca de los derechos, medidas y recursos con los que cuentan, los medios judiciales, administrativos y de atención en salud, así como mecanismos para proporcionar ocupación o continuidad laboral, según el caso ocurrido.El Ministerio de Salud igualmente tiene la obligación de coordinar con el Ministerio de Industria y Comercio actividades tendientes a garantizar el adecuado registro y control de venta de sustancias ácidas, alcalinas o corrosivas y de llevar un registro de las víctimas atendidas. De igual manera, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó remitir copia del registro sobre las personas atendidas en casos de lesiones corporales causadas por este tipo de sustancias que generan daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. “La no reglamentación oportuna de la Ley, plazo que venció el pasado 2 de enero, limita la actuación de las entidades con responsabilidades asociadas a este flagelo social”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.