Prohibir divulgar videos es propio de las dictaduras: Procurador

El procurador General, Alejandro Ordóñez, se refirió a las declaraciones del Fiscal General, Eduardo Montealegre, quien dijo que los videos de atentados terroristas no pueden ser entregados a terceros.

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se sumó este lunes al rechazo por las declaraciones realizadas la semana pasada por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien señaló que los videos realizados por ciudadanos sobre atentados terroristas solo pueden ser entregados a la Fiscalía, y no a terceros (medios o redes sociales), so pena de ser judicializados. 

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En carta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, Ordóñez señaló que el combate a las organizaciones terroristas no puede hacerse en desmedro de libertades y derechos que son inderogables, consagrados en la Constitución, como la libertad de expresión y la libertad de prensa. 

Ordóñez dijo que esta posición es una forma de victimización, que es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ratifica que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática, así como la de la Corte Constitucional, que ha indicado que la libertad de expresión es de doble vía y no puede haber censura. 

“Para la Procuraduría es inadmisible que quienes sufren el terrorismo ahora sean intimidados por el Estado al ser acusados de estar “inmersos en conductas delictivas” y ser amenazados con penas de prisión, si publican esos audios y videos. ¡Absurdo!”, señaló. 

Ordóñez aseguró que se trata de una “decisión demasiado grave para las libertades civiles”: “Tal proceder es una censura que desconoce la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos y que puede incluso generar responsabilidad internacional del Estado.

Es también una práctica propia de gobiernos que quieren manipular la información, ocultarla, tergiversarla, en contra de las garantías democráticas”.

En la dura misiva de tres páginas, el Procurador asegura que no es un criminal el que graba con su celular un video como el atentado en Bogotá de la semana pasada y mucho menos puede ser judicializado por subirlo a Twitter o Facebook.

En su criterio, eso “solo es posible en dictaduras, jamás en un estado de derecho”. 

Ordóñez afirmó que esa persona está ejerciendo su derecho a la libre expresión y que en el país no existe legislación que impida grabar y pulgar videos y por eso se preguntó cuál es el interés en perseguir a quiénes ejercer ese derecho para condenar el terrorismo.

El Procurador le dijo al Presidente que sería como procesar a quienes grabaron los ataques a Charlie Hebdo en Francia o el atentado a la maratón de Boston en Estados Unidos. “Con todo respeto, ¿a quién le cabe eso en la cabeza?”. 

“Los medios de comunicación tienen absoluta libertad para recibir la información de los ciudadanos y éstos absoluta libertad para proporcionarla. La actividad periodística está protegida por la Constitución y existe reserva de la fuente.

La decisión es una cesura de prensa y un atropello a esas garantías. La cesura es la muerte de la democracia”, señaló. 

El Procurador terminó su carta asegurando que le preocupa el deterioro de la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos y que ante el crecimiento de la violencia y de los cultivos de coca, se debe enfrentar el terrorismo con los mejores medios de inteligencia y no socavando derechos.