Prohibición de porte de armas durante todo el año fue bien recibida en Cali

Esta decisión anunciada por el presidente Santos afecta directamente a Cali, ya que era una de las ciudades principales en las que se permitía el porte.

[[nid:499891;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2016/01/armas-cali-2.jpg;full;{Durante el 2016, según el Presidente Santos, queda suspendido en todo el país los permisos para portar armas de fuego legales. Estos permisos son dados en la ciudad por el Ejército. Foto: Elpais.com.co | Archivo}]]

Diferentes autoridades celebraron en Cali la decisión del presidente Juan Manuel Santos de prorrogar  la prohibición del porte de armas legales por un año. Lea también: Porte de armas estará prohibido todo el año, anunció el presidente Santos

Esta medida -que hace parte de los anuncios de Santos en un consejo de seguridad en Bogotá- afecta directamente a Cali, ya que era una de las ciudades principales en las que se permitía el porte, pese a las constantes peticiones del anterior alcalde Rodrigo Guerrero que aseguraba que restringir las armas a los civiles influía en la mejoría de la seguridad.

Santos anunció que la prohibición del porte legal de armas en todo el país se prorrogará desde el 31 de enero hasta el 31 de diciembre de este año, pues dicha medida, adoptada el 23 de diciembre pasado y con vigencia hasta el 31 de este mes, “ha sido positiva para la disminución de homicidios. Los resultados que nos ha dado la Policía en cantidad de vidas que se han ahorrado por esa decisión son positivos. La decisión que habíamos tomado tenía como plazo el 31 de enero, pero se extenderá todo el año”.

Finalmente, el Presidente aseveró que tal determinación “nos debe contribuir a seguir disminuyendo el delito y sobretodo los crímenes que se cometen con el uso de estas armas”.

En la capital vallecaucana, desde octubre del 2012, inició un plan desarme (restricción armas legales) en seis comunas de la ciudad y se fue ampliando a otras diez. Sin embargo, la Administración y otras voces insistían en la necesidad de que abarcara toda la ciudad.

Uno de los argumentos de la administración Guerrero era que no era lógico que en una comuna estuviera la medida y en la de al lado no, pues las personas armadas se desplazaban de un lugar a otro.

 El País consultó a la Tercera Brigada del Ejército sobre cómo se va a aplicar esta medida y qué pasará con los permisos actuales, pero el comandante de esta institución, general Wilson Chawez, aún no ha sido notificado.

Entre el 2007 y el 2013 en la ciudad la Tercera Brigada del Ejército  expidió en Cali 21.941 permisos de porte y tenencia de armas de fuego. 

María Isabel Gutiérrez, directora del Instituto Cisalva y quien ha sido una de las defensoras de la necesidad de restringir el porte, resaltó la decisión presidencial. 

“Llevábamos mucho tiempo llamando la atención y preguntándonos por qué en Cali la brigada del Ejército no la aplicaba si en Bogotá y Medellín sí regía.   Se ha demostrado que en los periodos de prohibición, especialmente el indicador del homicidio ha disminuido”, dijo.

 También agregó que uno de los argumentos que han alegado los defensores del porte de armas ha sido decir que es desarmar a los buenos, “no se debe pensar en ciudadanos de bien y de mal. Lo que es claro es que el hecho de portar un arma genera riesgos para el que la lleva. Si esta persona va a ser atracada, puede ser asesinada por el delincuente, que generalmente tiene una mayor destreza en el uso del arma, o un peligro para quienes estén a su alrededor por una bala perdida. Yo tengo un caso de un conocido que fue asesinado por un atracador, que reaccionó cuando este sacó un arma. Su familia se quedó sin él por un  millón de pesos”.

 Una apreciación similar tuvo la directora ejecutiva del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Christine Riani, quien aseguró que esa medida puede ayudar a disminuir la violencia en la región. “Si bien no se disminuyen las armas legales,  hay un nivel de intransigencia muy grande y el tener un ciudadano un arma de fuego con esos problemas de tolerancia puede ser un riesgo, o en un atraco  por una bala perdida”, expresó.

 Aunque llamó la atención para que se consideren las excepciones de algunos empresarios o personas con riesgos de seguridad, quienes tienen sus escoltas.

Por su parte, el personero de Cali, Andrés Santamaría,  respaldó el anuncio presidencial de desarmar la sociedad civil. “Es un logro para el país. Hace mucho tiempo Cali, y en general Colombia necesitaba una acción contundente como esta tendiente a disminuir los índices de homicidios con armas de fuego”, dijo Santamaría.

“Solamente en Cali, hasta el 4 de diciembre del 2015, 1227 personas perdieron la vida en hechos violentos; 1054 fueron asesinadas con armas de fuego (...) muchos de los homicidios son por intolerancia y venganza. En un país que es violento, que tiene niveles de inseguridad como los de Colombia, es inadmisible que se impulse al ciudadano a portar un arma”.

Otra de las voces que en la capital vallecaucana había pedido el desarme es la del arzobispo Darío de Jesús Monsalve. “Me alegra que se encontró un eco en el alto nivel porque siempre en las brigadas se entorpecía. Era necesario desarmar las manos, las casas  .y las calles. Espero que la medida no se quede en el papel ”.

Otras medidas El Presidente también  anunció  que a  los ladrones incursos en delitos menores se les aplicará el concierto para delinquir, para que no sean liberados. Santos informó  que el fiscal General, Eduardo Monteleagre, ya tiene lista una política diferente a la que se aplica para la lucha contra este tipo de delincuencia, que es la que más preocupa y acecha a los ciudadanos en todo el país. “Estoy convencido de que va a tener buenos resultados, antes se perseguía a cada individuo, ahora se perseguirá a toda la organización y así se va ser más eficaz contra el delito”, indicó el mandatario de los colombianos.  También le preguntó al director de la Policía, general Rodolfo Palomino, ¿cómo evitar que los medios publiquen tantos videos de celulares robados? Palomino respondió: "Un elemento fundamental, ya lo hemos hecho y es darle incentivo al ciudadano que logre captar el video y que nos permita hacer de ese video una prueba judicial, que antes de publicitarlo nos lo entreguen, vía policía o fiscalía, para poder realizar los procesos investigativos”. 

La organización de alias Dimax también tenía 30 salvoconductos, que no se sabe si eran originales o adulterados. Los documentos fueron decomisados.