Procuraduría rechazó rebaja en condena de 'El Iguano'

El ex paramilitar fue responsabilizado de la muerte de 170 personas en Cúcuta y su área metropolitana. Se desempeñó como jefe del frente Fronteras del bloque Catatumbo de la Autodefensas.

Este lunes la Procuraduría General de la Nación apeló la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bogotá contra Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, quien había sido condenado a ocho años de prisión por su responsabilidad en once delitos diferentes cometidos dentro de los 31 hechos, que dejaron un total de 170 víctimas directas en Cúcuta y su área metropolitana, donde operaba como jefe del frente Fronteras del bloque Catatumbo de la Autodefensas.El representante del Ministerio Público criticó la decisión de los magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal quienes en un principio lo condenaron a 40 años de prisión, pero fue sustituida por una alternativa de ocho años de cárcel, el pago de 4.000 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad accesoria de 20 años para ocupar cargos públicos.Alias El Iguano fue encontrado responsable de los delitos de tortura, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desplazamientos forzados, actos de terrorismo, destrucción de bienes protegidos y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esta es la tercera condena que se impone en Justicia y Paz.La sentencia proferida con salvamento de voto de algunos magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del mencionado Tribunal, está en efecto suspensivo hasta tanto se presenten y resuelvan los recursos de apelación contra esta decisión ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.En las consideraciones finales de la lectura de la sentencia, la magistrada ponente, señaló que la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz compulsará copias a la Procuraduría y demás entes de control, para que investiguen la posible negligencia de Acción Social por no realizar las gestiones tendientes a evitar la depreciación de los bienes entregados para garantizar la reparación de las víctimas.