Proceso de paz: las nuevas propuestas de las Farc sobre la participación política

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Proceso de paz: las nuevas propuestas de las Farc sobre la participación política

Julio 29, 2013 - 12:00 a. m. Por:
Elpaís.com.co | Resumen de agencias
Proceso de paz: las nuevas propuestas de las Farc sobre la participación política

Los delegados de las Farc para el proceso de paz en Cuba presentaron nuevos puntos a discutir sobre el tema de la participación en política.

Al inicio de la nueva ronda de negociaciones, la guerrilla planteó un estatuo para la oposición política y social, que habla de una serie de garantías hacia los partidos de oposición en el país.

Las Farc reclamaron este lunes la elaboración de un estatuto para garantizar la oposición en Colombia así como la "reparación integral" al partido Unión Patriótica, entre otras propuestas sobre participación política, tema que la guerrilla y el Gobierno debaten actualmente en la mesa de diálogo en La Habana.En una nueva batería de enunciados sobre este punto, la delegación de paz de la guerrilla pide la expedición de un "estatuto de la oposición política y social" para garantizar, entre otros, el derecho "a constituir partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna", según una declaración leída por Jesús Santrich, alias de Seuxis Paucias Hernández.El estatuto planteado por las Farc consagraría el ejercicio de la oposición como un derecho político fundamental, que no solo cobijaría a los partidos y movimientos políticos, sino también a los movimientos sociales y los mecanismos de acción y protesta popular, ya que éstas también son una manifestación política. Para esto, los partidos y movimientos políticos de oposición deberán inscribirse como tales ante el Consejo Nacional Electoral con el fin de acceder a las garantías institucionales de este derecho. Esas garantías también cobijarían a los partidos y movimientos regionales, locales y territoriales. Las Farc piden que lo anterior incluya garantías de seguridad plena para los miembros de la oposición política y social, así como el acceso a la información oficial y a los medios de comunicación del Estado. También busca que exista el derecho de réplica cuando algún miembro del Gobierno “haga afirmaciones que atenten contra el buen nombre de los partidos o movimientos políticos y sociales de oposición”, y que hayan sido divulgadas en medios de comunicación.Se contempla que haya una financiación estatal adicional a los partidos que ejerzan la oposición, la cual correspondería al 10% del total de los recursos públicos asignados a la financiación de los partidos y movimientos políticos. Para la guerrilla, la personería jurídica de un partido o movimiento político no debe estar supeditada al logro de un umbral electoral determinado, sino que bastaría la inscripción de un programa político y los estatutos de la respectiva colectividad. Adicionalmente, algún representante tendría silla en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores; un representante en la Junta directiva del Banco de la República; así como en el Consejo Nacional electoral, para lo que se asignará un número fijo del total de los integrantes de esa corporación. Por otro lado, los candidatos a cargos como la Presidencia y Vicepresidencia de la República, gobernación de algún departamento, alcaldías distritales o municipales que pertenezcan a un partido o movimiento político de oposición y no resulten electos, ocuparían una curul en el Senado, Cámara Territorial, Asamblea, Concejo Distrital o Municipal, respectivamente, durante el período para el cual se hizo la correspondiente elección. En el caso de los grupos minoritarios, hay una propuesta para que se respeten, reconozcan y provean garantías para las actividades políticas de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, así como de las mujeres, los jóvenes y la comunidad Lgbti. También busca que se cumpla la ley de cuotas y se amplíe la participación femenina y de jóvenes a altos cargos políticos e instancias decisorias en la dirección estatal. Para esto quiere se fomente una nueva cultura política en todos los funcionarios públicos de reconocimiento quienes deben observar el respeto por el opositor y sus derechos, siempre orientada a la regulación pacífica de los conflictos políticos y sociales. Con respecto a la Fuerza Pública, se pide que se cambie la doctrina militar y policial “para desproveerlas de los contenidos propios de la Guerra Fría, expresados, entre otros, en el seguimiento y las escuchas ilegales y en la concepción de persecución y combate al “enemigo interno”. Para garantizar el derecho a la seguridad de los integrantes de partidos y movimientos de oposición, el Gobierno Nacional deberá comprometerse al desmonte efectivo y la proscripción, real y material de las estructuras paramilitares y de toda práctica ilegal de contrainsurgencia. También exige una comisión de la verdad que esclarezca los crímenes cometidos por estos grupos ilegales. Como propuesta final se pretende brindar garantías de seguridad a quienes hacen parte del partido Unión Patriótica, cuyos integrantes fueron víctimas de un genocidio político que dejó cientos de muertos en todo el país. Otra función de esta Comisión de la Verdad mencionada anteriormente, sería también esclarecer la autoría de los crímenes contra esta colectividad.

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