Polémica en Ecuador por presunto homicida capturado en Cali

Siete meses después del arresto, Henry Gil es absuelto por jueces ecuatorianos. Fue investigado por muerte de diputado y sus dos asistentes.

Un caso judicial que tuvo su desenlace en Colombia, y particularmente en Cali, es la causa de un escándalo mayúsculo en Ecuador. La historia comenzó el 1 de mayo pasado en el barrio Santa Elena, en Cali, cuando la Policía capturó al colombiano Henry Wilbert Gil Ayerbe que jugaba parqués con otros hombres en un establecimiento comercial. En el momento en que los uniformados verificaban los antecedentes penales, el nombre de Gil Ayerbe apareció en la lista roja de la Interpol y se encontraron con que estaba pedido en extradición por la justicia de Ecuador por el homicidio del diputado Jaime Hurtado González, quien fue el primer candidato negro en llegar al Congreso de su país. Además de la muerte de su suplente Pablo Tapia y el asistente Wellington Borja Nazareno. Según las autoridades del vecino país, este hombre sería pieza clave para dar con los autores materiales del triple crimen ocurrido el 17 de febrero de 1999 cerca de la sede del Palacio de Justicia en Quito. Incluso el diario Ecuadorinmediato.com publicó que el magnicidio fue ordenado por el extinto paramilitar Carlos Castaño y que era Gil Ayerbe, quien podía resolver esa incógnita. Sin embargo, seis meses después de la detención, Gil Ayerbe, natural de Puerto Leguízamo (Putumayo) y de 40 años, recobrará la libertad en los próximos días otorgada por los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que ordenó no sólo la prescripción del delito sino que le notificó a las autoridades del vecino país que se abstuviera de arrestar a Gil. Además los jueces exigieron la cancelación de las medidas de embargo de sus bienes. Desde el momento del arresto, Gil Ayerbe está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, mientras se surtía el trámite entre los dos países. Pero ahora este centro penitenciario está a la espera de la notificación de la justicia ecuatoriana para darle la libertad. La víctima (Jaime González) fue el fundador del Movimiento Popular Democrático, MPD, aspirante a la presidencia de la República y dio una lucha contra la corrupción y en defensa de la población pobre. La decisión de los jueces, firmada el 8 de noviembre pasado, fue rechazada por el abogado del Movimiento Popular Democrático, Lenin Rosero, quien le dijo a un diario quiteño que se estaba dejando en libertad a un hombre que conoció al autor del magnicidio, la financiación y ejecución del mismo. Igualmente en octubre pasado el fiscal General del Estado Washington Pesántez Muñoz solicitó la declaratoria de la prescripción del crimen. "El homicidio por el que el compareciente ha sido sindicado, fue por razones políticas, hecho delictual que causó gran conmoción nacional, por tratarse del homicidio en la persona del entonces diputado del Movimiento Popular Democrático, abogado Jaime Hurtado... actuación que no puede quedar en la impunidad...", manifestó el Fiscal, quien reiteró que el responsable debe ser condenado y pagar su culpa en territorio ecuatoriano. "No se puede permitir que se atropelle a la justicia de nuestro país, pues las leyes y Constitución rigen tanto para nacionales como para extranjeros", añadió el Fiscal en el escrito conocido por El País. De otro lado, el asambleísta Jorge Escala le solicitará una explicación a la presidenta de la Comisión de Justicia, María Paula Romo, según el diario Ecuadorinmediato.comEntre tanto, los abogados defensores de Gil Ayerbe le explicaron a El País que "se pidió la prescripción del hecho porque al momento de la captura ya habían transcurrido más de diez años sin que se hubiera dictado fallo de condena o llamamiento a juicio contra el aprehendido, tal como lo exigían el Código Penal del Ecuador vigente a la fecha del acontecimiento". "El señor Gil si estuvo en Quinto, pero no adquirió ningún tipo de bienes. Muchos creyeron que su extradición permitiría conocer el móvil del homicidio del diputado y el nombre de otros autores intelectuales", señalaron los juristas, dirigidos por el abogado colombiano Efraín Moreno Albarán.