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Piden convenio tripartita para administrar nuevo centro de rehabilitación de menores

A pesar de que todo estaba listo para que el Icbf recibiera en comodato el inmueble de parte de la Gobernación y a través de esta figura se encargara de la administración del lugar, el director regional aplazó la firma del documento y solicitó que se cambiara el tipo de contrato.

15 de septiembre de 2010 Por: Redacción El País

A pesar de que todo estaba listo para que el Icbf recibiera en comodato el inmueble de parte de la Gobernación y a través de esta figura se encargara de la administración del lugar, el director regional aplazó la firma del documento y solicitó que se cambiara el tipo de contrato.

Una polémica se desató este miércoles durante el evento donde se iba llevar a cabo la firma del contrato para la puesta en marcha del nuevo centro de rehabilitación para adolescentes, que funcionará en la antigua cárcel para mujeres del Buen Pastor, en Cali.A pesar de que todo estaba listo para que el Instituto de Bienestar Familiar, Icbf, recibiera en comodato el inmueble de parte de la Gobernación y a través de esta figura se encargara de la administración del lugar, el director regional, John Arley Murillo, aplazó la firma del documento y solicitó que se cambiara el tipo de contrato. “Lo que hicimos fue proponerle a la Gobernación del Valle que en vez de entregarnos en comodato el lote hicieramos un convenio tripartita, junto con la Alcaldía de Cali, donde cada una de las partes se comprometa a aportar recursos para el mantenimiento del lugar”, explicó Murillo. Según el encargado de la entidad en la región, al Instituto le preocupa quedarse solo en la tarea de administrar el nuevo centro y por eso considera indispensable un convenio en donde cada una de las partes tenga una responsabilidad específica y así, puedan contar con más apoyo. Pero a pesar de las razones dadas por el Icbf, este tropiezo en el camino para poder dar inicio al nuevo sitio de rehabilitación generó un gran malestar en los entes judiciales, que se no saben qué hacer con el alto número de menores delincuentes que se detienen a diario en la capital del Valle. “No entiendo por qué nos salen ahora con estos cambios. Es urgente firmar ese documento, porque los jueces seguirán tomando sus decisiones frente a los menores que cometan crímenes, así nos toque internarlos en las instalaciones del Icbf”, sentenció la presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, Gloria Canaval. Y es que la crisis por falta de cupos para recluir a estos jóvenes es cada vez más grave, si se tiene en cuenta que el 35% de los delitos que se comenten en Cali son protagonizados por los adolescentes. Incluso, los pasillos del centro de servicios judiciales para menores, donde llegan los detenidos a esperar las decisiones de los jueces, están invadidos. Se supone que en el lugar sólo hay capacidad para máximo quince menores y hasta este miércoles allí permanecían unos 27. El coordinador y juez de Garantías de los menores, Henry Díaz, confía en que estos inconvenientes legales puedan solucionarse lo más pronto posible, pues actualmente los jóvenes detenidos no están en un sitio adecuado y a diario llegan unos diez. “En el centro de transición donde llegan los menores delincuentes a esperar la decisión del juez, que puede ser un internamiento preventivo o una detención domiciliaria, no da abasto y lo más grave es que la Ley prohíbe que estos menores permanezcan más de 36 horas en el lugar, pero ante la falta de cupos en el centro Valle del Lili, a ellos les toca seguir aquí y hasta dormir en el piso”, sentenció Díaz. Esta semana la situación fue tan grave que en el centro de transición se registraron tres intentos de amotinamiento, pues los detenidos permanecían sin esposas.Para el secretario de Gobierno, Rodrigo Zamorano, más allá de los cupos lo más grave es que estos jóvenes no cuenten con un centro donde puedan llevar a cabo sus procesos de resocialización para que en un futuro pueda reintegrarse a la sociedad. El funcionario explicó que el contrato de comodato debe hacerse de esa forma, “porque es el único recurso legal que tenemos para donarle el lote al Icbf, aunque nosotros no nos negamos a firmar ese convenio, porque sabemos que el Instituto se ha comprometido mucho y es normal que tenga temor de quedarse solos en esto”. Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también manifestó su voluntad de ayudar y prometió $500 millones para los trabajos de adecuación, al tiempo que asumirá el pago mensual de los servicios públicos, que alcanzan los $7 millones. “Nosotros ofrecemos estos recursos, porque necesitamos que el centro funcione lo más pronto posible, pues los índices de criminalidad en la ciudad así lo requieren”, aseguró el mandatario.Dato clavesSegún el Consejo Seccional de la Judicatura, en la actualidad hay 480 órdenes de captura vigentes contra menores. El Centro Valle del Lili sólo tiene capacidad para unos 250. El Instituto de Bienestar Familiar se hará cargo de los gastos de funcionamiento y administración del nuevo centro. Se estima que el mantenimiento de cada menor al mes alcanza el $1.200.000.

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