Piden acciones para detener invasiones y choques con indígenas en el norte del Cauca

La escena es repetida y no ha cesado ni en cuarentena. Grupos de indígenas invadiendo predios en el norte del Cauca y entrando en confrontaciones con la Fuerza Pública e incluso los mismos propietarios de las tierras.

La semana pasada, a la delicada situación se le sumó la retención, por más de cinco horas, de 30 miembros del Ejército y cuatro de la Policía por parte de comunidades indígenas en la hacienda Emperatriz, en el municipio de Caloto.

La Defensoría del Pueblo, con colaboración de la Procuraduría regional y un senador que se encontraba en la región, medió para que se diera la liberación de los uniformados.

“El diálogo, que se construyó a partir de la buena voluntad de las partes, fue clave para prevenir cualquier vía de hecho que hubiera puesto en peligro los derechos de las personas”, informó la Defensoría del Pueblo.

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Este hecho, ocurrido exactamente el viernes 1 de mayo, fue condenado por varios sectores, que lo calificaron como una alteración del orden y una violación de la ley.

El senador Gabriel Velasco, por ejemplo, escribió en su cuenta de Twitter que acompaña la “denuncia de nuestro Ejército Nacional, que ha sido víctima de los actos violentos de los indígenas del Cauca, quienes han alterado el orden y violan la ley. No les basta quemar casas, cultivos, invadir y poner en riesgo a la comunidad; ahora secuestran militares”.

Asimismo, Velasco acompañó su mensaje con un video en el que el general Marco Vinicio Mayorga, comandante del Comando Específico del Cauca, levanta su voz de protesta por las agresiones que los indígenas de los resguardos de Caloto y Corinto han dirigido a miembros del Ejército.

Algunas denuncias apuntan a que los indígenas que invaden tierras en Guachené, Corinto y Caloto estarían “asesorados” por grupos armados ilegales.

En el video también aparece el coronel Óscar del Cristo Díaz, comandante del Comando Operativo Apolo, explicando lo acontecido.

“Nos llaman y nos informan que se está presentando un hurto de unas reses en una hacienda. Las tropas que se encontraban cerca se aproximan al sitio, son hostigadas por el GAO Residual (disidencias), responden con fuego dentro del Derecho Internacional Humanitario. Posterior a esto, los indígenas del cabildo Huellas rodean a la tropa, los dirigen hasta la hacienda Emperatriz, que es contigua a la hacienda Canaima y los secuestran. Tuvimos, por más de 5 horas, un pelotón secuestrado por los indígenas”, manifestó el Coronel.

Las comunidades indígenas, por su parte, dijeron que la ‘retención’ se produjo como respuesta a una presunta agresión por parte de los uniformados en contra de mujeres indígenas que cuidaban unas reses mientras pastoreaban.

A su vez, el representante a la Cámara Christian Garcés pidió a la dirigencia del Valle del Cauca priorizar la situación en los departamentos de Cauca y Nariño, “donde el narcotráfico y fuerzas desestabilizadoras buscan tomarse el suroccidente. Defendamos la propiedad privada y la vida de los cultivadores que día a día trabajan para salir adelante”.

Además, Garcés acotó que “a raíz del aumento e intensidad de los actos violentos hemos tomado la decisión de hacer un estricto control a las entidades del Estado que deben garantizar el derecho al trabajo, a la propiedad privada y a la vida”.

Y añadió que “es por eso que el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) deberá explicarnos por qué invasores pastorean su ganado de una finca a otra sin permisos. Asimismo, la Fiscalía nos tendrá que decir por qué no hay condenas por hechos como homicidios, hurtos y daños a la propiedad privada. Y le hemos pedido al Ejército y a la Policía garantizar el orden y la seguridad, para lo cual esperamos el Gobierno fortalezca las entidades como la Fuerza Pública”.

Al respecto, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca y del Valle del Cauca, Asocaña y Procaña, han venido manifestando su respaldo a la Fuerza Pública y haciendo llamados al Gobierno para que se garantice la protección de los derechos a la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos.

Y es que días atrás, antes del caso de la retención del grupo de la Fuerza Pública, hubo un ataque con explosivos perpetrado por comunidades indígenas en la hacienda Oasis, en el municipio de Caloto, en el que murió una persona y dos más resultaron heridas. Asimisno hace unas semanas hubo un ingreso abrupto de un número indeterminado de indígenas a la hacienda El Chimán, en el municipio de Guachené.

Un vocero del área de Derechos Humanos de la Acín (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) explicó que su actividad se enmarca “en el proceso de liberación de la madre tierra” que adelantan “desde años atrás y el cual busca restablecer el equilibro entre las comunidades y la naturaleza, luego de ser trastocado por intereses económicos de grandes conglomerados empresariales”.

Es por eso que, agregó, “comuneros hacen presencia en predios que están en zonas rurales de Guachené, Corinto, Caloto, entre otros”.

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El Ministerio de Defensa reportó la entrega voluntaria de cuatro integrantes del ELN y el rescate de un menor de edad reclutado por la organización en El Tambo.

La entrega de los insurgentes se habría producido luego de un operativo llevado a cabo por el Ejército Nacional en el corregimiento de San Juan de Micay, en la vereda Los Cedros.

Durante la operación se incautó material de guerra como armas largas y equipos de comunicaciones.