Organizaciones humanitarias lanzan SOS por situación del Chocó

Organizaciones y la Iglesia Católica denunciaron el abandono en el que se encuentra el departamento, así como la difícil situación de derechos humanos por el conflicto armado y el narcotráfico.

Durante la Asamblea Nacional Episcopal, los obispos y algunos representantes de organizaciones humanitarias del Chocó hicieron un fuerte llamado de alerta por la situación de Derechos Humanos que se vive en ese departamento del país. Por un lado, el obispo Juan Carlos Barreto, jefe de la diócesis de Quibdó, denunció que las difíciles condiciones de acceso a esa región de Colombia, así como la permanente presencia del narcotráfico, son factores que "todo el tiempo están fomentando la violencia y no permiten la llegada de todos los servicios del Estado".De acuerdo con monseñor Barreto, "no tenemos políticas a favor de la producción agrícola legítima y a eso se suman las frecuentes aspersiones con glifosato que hacen las autoridades, que no solo afectan a los cultivos de uso lícito, sino también a los campesinos que viven allí".Según el sacerdote, la falta de un modelo educativo en el Chocó que brinde igualdad de oportunidades a todos los jóvenes de la región es otro factor que contribuye a que muchos de ellos se dediquen desde muy jóvenes a la delincuencia. Por su parte, monseñor Julio Hernando García, obispo de Istmina, aseguró que parte de la responsabilidad por los hechos de violencia recae directamente sobre la Fuerza Pública. El Obispo denunció que algunos de sus miembros hacen uso de espacios civiles con el fin de protegerse del fuego de los grupos armados ilegales. Esto hace que cuando se presentan combates en la región, varios civiles salgan afectados y muchos se vean obligados a desplazarse. También denunció la existencia de zonas donde los grupos armados ilegales, guerrilla o bandas criminales, son la ley y se debe hacer lo que ellos ordenen.Esta tragedia humanitaria constante no mejora cuando se conoce de la existencia de varios sitios de excavación minera ilegal, de los cuales los actores armados ilegales se benefician económicamente. Estos sitios de excavación generan también grandes perjuicios al ambiente, puesto que contaminan las aguas fluviales con químicos tóxicos como el cianuro y el mercurio. Una región abandonada por el EstadoEl coordinador del Foro Interétnico de Solidaridad, Richard Moreno, habló también sobre esta situación y la relacionó con el proceso de paz que el Gobierno está llevando a cabo con las Farc en La Habana (Cuba), diciendo que "mientras se avanza en la paz con las Farc, los paramilitares y bandas criminales siguen apoderándose de nuestro territorio".Según él, los constantes enfrentamientos entre los paramilitares y el ELN en la región del río Baudó generan más desplazamientos cada día, tanto por la vía ‘gota a gota’ como de forma masiva. En este sentido, exigió al Gobierno Nacional "hacer una inversión de presupuesto directa y no a través de sus Fuerzas Militares".Adicionalmente, la coordinadora de la Mesa Departamental Indígena del Chocó, Lucy Chamorro, denunció que "derechos de básico acceso como la salud y la educación están en condiciones deprimentes en todo el departamento".Ella asegura que los programas de asistencia humanitaria que a veces llegan de parte del Gobierno Nacional y algunas ONG independientes "son absolutamente insuficientes y no sirven para solucionar esta situación en forma definitiva".A este llamado se unió Leyner Palacios Asprilla, oriundo de Bojayá, quien habló como representante de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano denunciando que ya han pasado más de 12 años desde que ocurrió la masacre en ese municipio y no se han establecido claramente las responsabilidades sobre el hecho. La masacre de Bojayá ocurrió en mayo de 2002 durante un enfrentamiento entre las Farc y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. En medio de esto, una bomba cayó al interior de la parroquia del municipio, donde los habitantes se refugiaban en medio de los enfrentamientos. 119 personas fallecieron ese día y 6 mil más se vieron obligados a dejar su territorio. Para Palacios, el deber del Estado y del Gobierno en general no es solo el de llevar la salud, la educación y las oportunidades al Chocó, sino también el de hacer justicia, cosa que no ha logrado hacer exitosamente en los últimos 12 años. Grupos étnicos buscan participación en diálogos de pazA nombre de todos los grupos étnicos que habitan en el departamento de Chocó, los voceros que participaron en la asamblea del Episcopado anunciaron su intención de participar en la discusión sobre el tema de las víctimas del conflicto armado en la Mesa de Conversaciones que el Gobierno mantiene con las Farc. Sin embargo, dijeron que no conocen los mecanismos y que "el Gobierno les está poniendo obstáculos", para asistir a esto. Lucy Chamorro aseguró que esto no debería pasar, porque "los chocoanos somos víctimas y somos colombianos", por lo que sí deberían hacer parte de la mesa de La Habana.