ONU y Defensoría piden atención urgente a situación humanitaria en el Chocó

Desplazamientos, falta de cobertura de las necesidades básicas y el constante asedio de la guerrilla y las bandas criminales, tienen al departamento sumergido en una profunda crisis social y económica.

La ONU y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se atienda la grave situación de derechos humanos en el Chocó."Se analizó una problemática que permanentemente hemos venido denunciando, que es la de los derechos humanos en el Chocó. El permanente enfrentamiento, por un lado de la guerrilla y por el otro de los grupos posdesmovilización, y en la mitad la población civil, que es la más afectada", dijo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.Por su parte, la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia denunció el desplazamiento de más de 4.000 personas y amenazas a al menos 25 líderes sociales durante 2014 en el departamento."La situación en el Chocó es bien problemática: hay problemas de desplazamientos masivos, amenazas de líderes, homicidios de líderes, enfrentamiento de actores armados ilegales y fallecimientos de menores indígenas", dijo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.Agregó que "desde comienzos de este año ha habido más de 4.000 personas desplazadas en Chocó (...) con lo que se puede notar que hay enfrentramientos en este momento y gran parte de estos enfrentamientos son entre el ELN y un grupo de autodefensa".Según la Defensoría, a través del Sistema de Alertas Tempranas se identificaron los puntos "de concentración de las actividades ilegales que atemorizan a los habitantes de esa región", entre los cuales resaltan la confrontación entre bandas criminales y el ELN en el Bajo, Medio y Alto Baudó, así como la presencia de bacrim en Quibdó. El informe de la Defensoría indica que en la capital del departamento hay bandas criminales en 43 barrios. Por ejemplo, en la Comuna 1 hay 24 barrios controlados por 'Los Urabeños' por medio de extorsiones y microtráfico. En cambio, en por lo menos 12 barrios de las Comunas 4 y 5 estarían 'Los Rastrojos'.Los datos de la entidad también indican que hay siete barrios de la Comuna 2 de Quibdó que son disputados por las dos bandas criminales, así como en el corregimiento El Guayabal, en las afueras de la Comuna 1, "donde las Farc intentan contener el avance de las llamadas bacrim".Para la Defensoría, lo más grave de este asunto es la utilización de los jóvenes para realizar amenazas, extorsiones, comercializar droga y ejecutar asesinatos.Es por esto que se pide "una respuesta del Gobierno, no de carácter frontal, por la coyuntura de los enfrentamientos, sino estructural. Que estos grupos desaparezcan del sector". Además, se recordó la falta de acceso a la salud, educación y servicios básicos que hay en el departamento. El defensor del Pueblo también afirmó que "la minería ilegal trae los problemas de violencia, trae los problemas ambientales, como la contaminación permanente de los ríos, pero hasta el día de hoy se desconoce quiénes son los dueños" de la maquinaria con que se ejerce.La situación en la zona ruralSi la problemática de las bandas criminales en Quibdó es grave, la violencia no da tregua en la zona rural del departamento. De acuerdo con la Defensoría, los municipios del Bajo, Medio y Alto Baudó han sufrido en los últimos meses varios desplazamientos por los enfrentamientos entre la banda criminal Autodefensas Gaitanistas y el ELN. "Cabe recordar que entre el 13 y el 19 de junio 537 personas de 94 familias en el Alto Baudó fueron desplazadas por los enfrentamientos, situación que ya se había presentado entre el 10 y el 11 de mayo, cuando hubo 2500 desterrados por la confrontación", señaló la entidad.Agregó que en lugares como Bahía Solano y Bajo Baudó "'Los Urabeños' presionan a las autoridades civiles con el fin de utilizar estos territorios para el embarque y desembarque de cargamentos de droga; incluso, en el caso de Bahía Solano se han evidenciado amenazas contra el Alcalde Municipal y el Personero, para quienes la Defensoría solicitó medidas de protección". Estas medidas también fueron pedidas para la Institución para líderes étnico territoriales en Bojayá y para los representantes de los indígenas Embera que se encuentran en un corregimiento en la vía entre Quibdó y Medellín.La situación en el departamento hizo que se convocara a una reunión de la Comisión Intersectorial, en la cual el próximo 14 de julio se analizará la situación y se plantearán posibles soluciones.La crisis humanitaria, más que violenciaEn la reunión entre representantes de organizaciones humanitarias, la ONU y la Defensoría, también se denunció que en el Chocó hay déficit en la seguridad alimentaria, ineficiencia en los sistemas de salud, baja calidad en la educación, intensificación del conflicto armado, violencia urbana y afectaciones como consecuencia de la explotación minera. "El gobierno tiene que tratar, pensar y prepararse para un cambio de actividad económica en Chocó. Es importante que estas actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal tienen que ser enfrentadas y crear oportunidades para la población de Choco", insistió Howland. En la reunión se explicó que el Chocó es uno de los departamentos con los mayores índices de pobreza extrema del país. El 48,7% de su población vive en la pobreza extrema y el 80% de sus habitantes tiene insatisfechas sus necesidades básicas. La mitad de los hogares no alcanza a cubrir el costo de la canasta alimentaria mínima. "La mitad de los chocoanos ni siquiera tiene ingresos para subsistencia alimentaria, mucho menos para vestido, transporte, educación y salud", aseguró un comunicado conjunto de los obispos Juan Carlos Barreto; Luis Adriano Piedrahíta, de la Diócesis de Apartadó, y Julio Hernando García, de la Diócesis de Istmina-Tadó. En el Chocó, según cifras del gobierno nacional, hay 320.000 desplazados y el 80% de la población no tiene servicios de acueducto y alcantarillado.