“No se ha descartado que las víctimas tengan una representación en La Habana”

Paula Gaviria, directora de la Unidad Nacional de Víctimas, sostiene que el Valle debe redoblar sus esfuerzos para la reparación de los afectados por el conflicto armado.

Por ser el tercer departamento del país con mayor recepción de víctimas del conflicto armado, las autoridades locales y departamentales deben redoblar los esfuerzos para atender a esta población. Esa es la conclusión de la directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Paula Gaviria, quien reconoció que ciudades como Buenaventura representan “retos enormes” para la aplicación de la ley. En diálogo con El País, Gaviria sostuvo que aún no se ha descartado que un representante de las víctimas se siente en la mesa de la negociación de La Habana. En cifras concretas, ¿cuántas víctimas han sido reparadas en estos dos años de implementación de la ley?Ya contamos con 360 mil personas indemnizadas, de esas unas 150 mil tienen su plan de reparación. Uno de los avances es que hoy sabemos más de las víctimas, sabemos cuántas son: con corte al 1 de abril, estamos hablando de 6.371.000 víctimas del conflicto armado en Colombia. Y ya tenemos información actualizada de un millón y medio de personas. Pero, ¿esa reparación ha sido solo económica?Hemos logrado algo muy importante y es que, además de esas medidas de compensación económica e indemnización, hay otras que tienen que ver con la rehabilitación. En cuanto a ese tema psicosocial, hemos atendido a más de 40 mil personas; el año pasado también instalamos un programa de salud y atención integral a las víctimas. Asimismo, se constituyó un fondo de educación por parte del Icetex, para garantizar becas universitarias a más de 300 mil víctimas y así dar una reparación en ese sentido. También hemos logrado unas 400 sentencias de restitución de tierras, con 20 mil hectáreas que ya están restituidas. Y, por supuesto, hemos avanzado en garantizar los retornos de la población desplazada. Sin embargo, hay muchas críticas a la restitución, pues los líderes siguen siendo amenazados e incluso asesinados. ¿Por qué no se ha garantizado la seguridad de los reclamantes de tierras? Aquí hay un tema muy sensible, que son las garantías de no repetición, para que las personas no vuelvan a estar expuestas a situaciones de amenaza. Por eso se creó la Unidad Nacional de Protección; hoy tenemos más de 700 personas con medidas de protección, pero hemos encontrado que las amenazas han disminuido. Sin embargo, a medida que se materializa la implementación de la ley, aparecen nuevas amenazas. Nadie ha dicho que es fácil, pero el presidente Santos asumió el riesgo de negociar dentro del conflicto porque esa era la única salida, no podíamos seguir esperando a que se perpetuaran más injusticias.Precisamente, porque se está negociando en medio de la guerra, todos los días aparecen nuevas víctimas y la ley se está quedando corta... Hoy sabemos cuántas víctimas son, quiénes son, cómo son y dónde están; así que eso ya está consolidado. Pero también estamos haciendo esfuerzos para garantizar que las personas que no han declarado lo hagan. Hemos encontrado que el 72 % del millón y medio de víctimas que están incluidas en el registro desde que empezamos la implementación de la ley (enero del 2012), son víctimas de hechos ocurridos antes del 2011. Eso quiere decir que el porcentaje que ha aparecido después de la ley es más reducido con respecto a la proporción de años atrás. Aunque creemos que, luego de que se firme la terminación del conflicto, aparecerán nuevas víctimas. Pero la Unidad no cuenta con el presupuesto para atender la demanda de esas nuevas víctimas...Pues en el Compes 3712 del 1 de enero del 2011 se definió una reserva presupuestal de diez años para la aplicación de la ley de 55 billones de pesos, pero se aclaró que esos recursos debían ser ajustados en la medida en que se fuera definiendo el universo total de víctimas. El Presidente nos dio la instrucción (al Ministerio de Hacienda y a la Unidad) de ir mirando esas nuevas víctimas y sus contingencias, con el fin de identificar cuáles son las fuentes que se requieren para conseguir los recursos que harían falta. Hoy la ley tiene vacíos y el mismo Defensor del Pueblo ha dicho que esta política es muy generosa, pero hay muchas promesas sin cumplir...La Ley de Víctimas es la gran promesa esperada desde hace muchos años por las víctimas en este país. Es la primera vez que un Estado se toma en serio y define una política integral para su reparación, con recursos y con una institucionalidad seria que responde por sus derechos. Es la primera vez que una política pública cuenta con la vigilancia del Congreso, la Defensoría, la Contraloría, Procuraduría y la Corte Constitucional. Yo no conozco una ley con más controles que esta. El universo son seis millones de víctimas y ningún otro Estado ha reconocido un número similar. Obviamente, las expectativas son enormes, pero el Gobierno ha ido puliendo la ley frente al fenómeno masivo de victimización. El Valle del Cauca es la tercera región del país más receptora de víctimas de conflicto armado, ¿qué desafíos ha encontrado en la región?En el Valle hay municipios con una victimización altísima, como Buenaventura, Cali y Tuluá. En la región se han identificado 373.308 víctimas, de las cuales 4.650 han sido indemnizadas por un valor de $31.131 millones, y se han hecho solicitudes de atención humanitaria para 43.868 víctimas de desplazamiento forzado. Hemos encontrado desafíos como el tema de la violencia urbana y la victimización por bandas criminales, que con los avances de la ley, se logró que las víctimas de estos grupos tuvieran protección. Buenaventura nos plantea un reto enorme porque tenemos que, a la par que de reparar, ir buscando soluciones definitivas para esas víctimas del horror de la violencia que se está presentando.Pero, ¿no cree que la Unidad de Víctimas está haciendo muy poco frente a una situación tan crítica como la de Buenaventura? Estamos hablando de unas 111 mil víctimas del conflicto, es decir el 30 % del total de la población.La Unidad tiene unas obligaciones concretas en el tema de la ayuda humanitaria, que es lo inmediato, y eso lo estamos cubriendo al 100 %. Hemos avanzado con varias cosas, como el acuerdo con la Alcaldía para tener un centro de atención en Buenaventura, que estaría listo al finalizar este año; además se ha hecho un trabajo importante con las mujeres víctimas. Pero claramente, aquí las soluciones vienen con la articulación de todo el Estado y para eso está el plan de intervención que pretende dar soluciones integrales. El 9 de abril, cuando se conmemoró el Día de las Víctimas, en el país se llegó a la conclusión de que las gobernaciones y alcaldías no están cumpliendo sus compromisos en la reparación de las víctimas, ¿qué ha hecho la Unidad al respecto?Hay unas obligaciones concretas de los municipios que se traducen en la obligación de brindar ayuda humanitaria, cuando las personas son desplazadas recientemente, esa obligación recae directamente en los municipios. Pero nos estamos dando cuenta de que no todos tienen recursos porque son categoría seis. Por eso el municipio que no pueda asumir la ayuda humanitaria, la Unidad Nacional de Víctimas la cubre si así lo solicita. Pero la obligación también recae en los departamentos, que deben apoyar a esos municipios. En el Valle las víctimas se han quejado mucho por la falta de gestión de la Gobernación. Usted, como directora de la Unidad, ¿cómo califica el compromiso del Gobierno departamental? ¿está satisfecha?Yo creo que ha habido esfuerzos importantes, pero claramente pienso, como usted dice, que siendo el tercer departamento con mayor recepción de víctimas, tienen que redoblarse esos esfuerzos porque encuentro una falta de articulación suficiente entre lo departamental y municipal. Por eso el Gobierno Nacional está dispuesto a apoyar al departamento.Las víctimas serán el siguiente punto a discutir en la negociación de La Habana, pero ¿cómo se puede hablar de reparación cuando estas personas ni siquiera van a tener una voz en ese diálogo?Por ahora se están mirando cuáles serían los diferentes mecanismos que apoyen las partes para la representación de las víctimas. Nosotros lo que hemos hecho es facilitar la discusión de las propuestas que se recogen en las mesas de víctimas, aunque sabemos que hay otras víctimas no organizadas que querrán tener su voz en el proceso. Entonces, ese es un tema que está por definir. Entiendo que hay unas mesas de participación, pero lo que las víctimas reclaman es tener a un representante allá, sentado en la mesa de negociación. ¿Eso será posible o no?Pues eso no se ha descartado. Es un tema que deben definir los negociadores, pero no se ha dicho que eso no va a pasar. Yo creo que debería haber una multiplicidad de representaciones para que sean varias las voces escuchadas en La Habana.¿Y usted sí cree en la voluntad de las Farc para contarle la verdad a sus miles de víctimas?Pues las víctimas son las que les deben creer. Me parece que esa sinceridad con la que ellos deben hablarles, solo las víctimas podrán definir si es genuina o no. Yo, obviamente, lo que espero es que el proceso de negociación y la discusión del punto quinto sea dignificante y no haya discursos discriminatorios para que las víctimas no se sientan revictimizadas.