Ministra de Justicia dice que Fiscalía no dejará de indagar delitos menores

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, aseguró que con el nuevo modelo de priorización de la Fiscalía no se está renunciando a cesar la acción penal de los delitos.

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, le salió al paso a las críticas que ha recibido en los últimos días la administración de justicia por cuenta de un decreto del Gobierno Nacional que regularía algunos aspectos de la nueva política de priorización. Dijo la funcionaria que si bien se ha hablado de un decreto que priorizaría algunas conductas punibles, el Ejecutivo aún no tomado ninguna decisión al respecto. Según Correa, lo único que hay vigente en este momento es la directriz 001 de 2012 emanada del propio Fiscal General de la Nación que crea un comité de priorización para darle especial atención a ciertos casos delictivos que afectan más a la sociedad. En ese sentido, la Ministra explicó que al priorizar algunas conductas punibles “en manera alguna implica impunidad o que no se van a investigar determinadas conductas”. Al respecto, aclaró que el Gobierno está trabajando en varios frentes. De una parte, preparando un proyecto de ley para llevarlo al Congreso y que busca que los casos que no sean investigados por la Fiscalía sean llevados directamente por la persona afectada ante el juez competente, “sin que ello implique más riesgos para el demandante”. Correa explicó que la nueva política de priorización se explica por el “apabullante” número de denuncias al año recibe la Administración de Justicia, y la poca cantidad de funcionarios para resolverlos. “Cada año -dijo la encargada de la cartera de Justicia- se presenta un millón de denuncias ante la Fiscalía, y solo hay cinco mil fiscales para atenderlas. Es una utopía. La Fiscalía lo que busca con esta resolución es que los recursos logísticos y humanos sean bien usados”, agregó. Incluso, señaló que esos cinco mil fiscales encargados del millón de denuncias presentan su investigación ante 1.800 jueces. “Entonces es claro que no hay el suficiente número de funcionarios para la judicialización y sanción de esas conductas”. De ahí, advirtió que la reforma a la Fiscalía General de la Nación apunta a la implementación y profesionalización del número de funcionarios que requiere el aparato judicial para garantizar una verdadera administración judicial. Dicha reforma implica revisar la cantidad de tipos penales que hay en el país, y que en este momento son más de 340. “No podemos seguir criminalizando todas las conductas. Por eso creo que debe existir un filtro que defina qué es criminalizable y qué no, sin que eso implique que todo va a quedar en la impunidad”, sostuvo la funcionaria. Así mismo, el Gobierno prepara una iniciativa legislativa que pretende desarrollar el principio del investigador privado o desmonopolización de la acción penal, para armonizarlo con el sistema penal diseñado en 1991 con la nueva Constitución Política. Por otro lado, la funcionaria agregó que el otro frente de acción es la revisión total de la política criminal del Estado. Para ello, dijo que se está preparando un documento Conpes. “Estamos trabajando en un documento Conpes sobre la política criminal del país, coherente y racional, que le permita al aparato judicial llevar a feliz término todas las investigaciones que se adelantan”, concluyó Correa.