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Llaman a interrogatorio a ex director de Fondelibertad

Ente acusador trata de determinar si durante la gestión de Harlan Henao se firmaron contratos irregulares por un valor superior a los 76.000 millones de pesos.

10 de diciembre de 2010 Por: Colprensa

Ente acusador trata de determinar si durante la gestión de Harlan Henao se firmaron contratos irregulares por un valor superior a los 76.000 millones de pesos.

Un fiscal de la Unidad Anticorrupción llamó a interrogatorio para el próximo 17 de diciembre al ex director de Fondelibertad Harlan Henao, quien es investigado por su presunta responsabilidad en la celebración indebida de contratos al interior de esta entidad y por el delito de peculado.La Fiscalía busca establecer si durante la administración de Henao en la entidad, adscrita al Ministerio de Defensa, se firmaron contratos irregulares por un valor superior a los 76.000 millones de pesos los cuales presuntamente les fueron entregados a familiares de funcionarios del Estado que no cumplían con las normas ni las leyes para recibirlos.El ente investigador tomó la decisión después de escuchar al general Gustavo Rincón, quien también estuvo al frente de la entidad y fue la persona que denunció actos de corrupción en el manejo de los recursos para la lucha contra el secuestro e irregularidades dentro de la entidad.Henao renunció a su cargo como coordinador de Planeación de Acción Social de la Presidencia a comienzos de noviembre, después de que estallara el escándalo en el que se vieron involucrados altos funcionarios del gobierno, periodistas y la entonces directora del CTI, Marilú Méndez, quien tuvo que renunciar a su cargo luego de que se se informara que su hermana, su hijo y su ex esposo se beneficiaron con contratos de Fondelibertad por más de 150 millones de pesos.Hace poco la Contralora General de la Nación, Sandra Morelli, señaló que después de revisar las cuentas de Fondelibertad, se “encontraron graves fallas e inconsistencias en la celebración de contratos”.Según Morelli, “tenemos 108 observaciones que podrían traducirse en 64 hallazgos, nueve con presunta incidencia fiscal y 12 con incidencia disciplinaria ", señalando además la Contralora que la “responsabilidad de estos hechos debe ser el representante legal y el ordenador del gasto".

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