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Gran parte de la vida y de los negocios de Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, director nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros, transcurre en los municipios de Cali y Yumbo.

Líder camionero y funcionarios públicos, enlodados por Cartel de la Chatarrización

Al menos 12 mil vehículos de carga han sido chatarrizados de manera fraudulenta en Colombia, según la Fiscalía.

14 de febrero de 2017 Por: redacción de el país

La captura del dirigente camionero Pedro Aguilar y otras 11 personas, realizada en la mañana de este martes, es producto de una investigación que inició hace más de dos años por el llamado Cartel de la Chatarrización, en el que, según las autoridades, el Estado perdió millones de pesos por un supuesto fraude en el proceso de desintegración de vehículos de carga.

Al menos 12 mil vehículos de carga han sido chatarrizados de manera fraudulenta en Colombia, según la Fiscalía. “Operaciones que podrían representar ganancias aproximadas a los $600 mil millones, es decir, $50 millones por cada camión”.

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Las capturas se realizaron por parte de miembros de la Dijín de la Policía y el CTI en Cali, Boyacá y Cundinamarca. Aparte de las detenciones, el ente acusador anunció que en la investigación están implicados cinco exsecretarios de tránsito de Guacarí, municipio donde al parecer se realizó gran parte de la adulteración de los documentos para la chatarrización.

Asimismo, entre los detenidos no solo están líderes de los camioneros sino funcionarios del Ministerio de Transporte y de la Policía, que presuntamente se prestaron para los señalados ilícitos. Uno de ellos fue identificado por la Fiscalía como Harry José López, coordinador del Registro Único Nacional de Transito (Runt), quien se encontraba vinculado al Ministerio de Transporte desde 1991 y ocupaba el actual cargo desde 2001.

“Al parecer, era contactado para realizar alteraciones al sistema y, a cambio, recibía entre uno y cinco millones de pesos a través de giros electrónicos”, indicó Luis González, director Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana.

Según el ente investigador “el corazón de la mafia de la chatarrización estaba en el Runt y que en algunos procesos de desintegración de camiones de carga pesada, se alteraba fraudulentamente ese sistema.
A López le imputaran cargos de cohecho propio, prevaricato por acción y falsedad en documento público.

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Además de los líderes sindicales y funcionarios cinco policías, dos de ellos de la Dijín de Bogotá y tres de la Sijín Metropolitana de Cali, fueron arrestados.

Los cinco uniformados -un subintendente, tres intendentes y un patrullero, todos activos- serán procesados por cargos de concusión y concierto para delinquir.

“Los dos funcionarios de la Dijín recibían pagos por suministrar información de los procesos de chatarrización, mientras que los tres integrantes de la Sijín supuestamente certificaban vehículos de carga para chatarrización, sin el cumplimiento de los requisitos legales”, agregó la Fiscalía.

El ‘zar’ de los camiones

Para las autoridades, Aguilar Rodríguez, quien será procesado por cargos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y estafa agravada, presuntamente “lideraba la organización a través de la cual se postularon y desintegraron vehículos sin el lleno de los requisitos, utilizando documentos falsos, con el fin de obtener un beneficio económico establecido en la Resolución 7036 de 2011 del Ministerio de Transporte”.

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Esta norma definió las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento económico por la desintegración física total de vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor de carga y para el registro inicial de vehículos de transporte de carga por reposición, entre otras.

Aguilar, quien, según líder de la Asociación Gremial de Transportadores, José Montealegre, tiene 300 tractomulas que tiene escondidas en parqueaderos de Cali, fue capturado en esta ciudad. El año pasado luego del paro organizado por Aguilar juzgar la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, dijo que él junto a miembros de su familia están detrás del llamado ‘cartel de la chatarrización’.

Ya en el 2014 la Asociación de Camioneros de Colombia había quedado en el ojo del huracán cuando personal del Grupo Automotores de la Dijín, capturó a Luis Aguilar, hermano del líder, y otro funcionario del Ministerio de Tránsito.

De acuerdo con la investigación, el enlace entre los organismo de tránsito en Cali y Pedro Aguilar para “obtener las carpetas originales y adulterar su contenido” era un tramitador, que fue capturado. Este hombre, según la Fiscalía, “adulteraba la documentación original”.

De la misma forma, en la cadena de irregularidades presuntamente participaron dos empleados de Pedro Aguilar y la mamá de uno de ellos (capturados), quienes habrían participado en la postulación de vehículos para chatarrización.

“Además de las 20 personas capturadas, la Fiscalía les imputará cargos a otras seis: cinco exsecretarios de tránsito y transporte del municipio de Guacarí, cuatro de ellos por prevaricato por acción y uno más por falsedad ideológica en documento público y concusión. Cuatro de los exsecretarios habrían firmado resoluciones de cancelación de matrículas de vehículos de carga, mientras que el quinto, al parecer, expidió 46 licencias de tránsito de vehículos de carga sin mediar autorización del Ministerio de Transporte”, indicó González.

Los otros detenidos

La Fiscalía también habló de las capturas de siete líderes sindicales en relación con el paro camionero realizado entre junio y julio del año pasado.

Según González estas personas serán procesadas por obstrucción de vías públicas, obstrucción de transporte colectivo, daño en bien ajeno, amenazas, lesiones personales y concierto para delinquir.

Entre los representantes del paro camionero capturados se encuentran Héctor Alfonso Medrano, representante de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) Boyacá; Jorge Andrés Charfuelán Moreno, de la Asociación de Transportes de Carga ATC de Nariño; y cinco líderes más de la ACC y la ATC en Boyacá, Nariño y Cundinamarca.

Nelson Arellano, directivo de la ACC Nariño, dijo que “nos parece que esta ha sido una medida extrema por parte del Gobierno, ya que la semana pasada en la reunión de Manizales se acordó que los diálogos continuarían para evitar un cese de actividades”.

“Estamos indignados pero nos damos cuenta que este es un juego político del Gobierno, porque como está incumpliendo los acuerdos políticos firmados el 26 de julio”, expresó Oscar Tapia, integrante de la ACC Nariño.

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