"La violación de derechos en el Valle es alarmante": defensor regional del Pueblo

"La violación de derechos en el Valle es alarmante": defensor regional del Pueblo

Septiembre 10, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Carlos Hernán Rodríguez, defensor regional del Pueblo.

El defensor regional del Pueblo, Carlos Hernán Rodríguez, explicó que Buenaventura y Cali son los municipios que más preocupan.

En solo 127 días de atención, la Casa de Derechos que abrió la Defensoría del Pueblo en Buenaventura ya ha recibido dos mil denuncias de violaciones a los Derechos Humanos, un promedio de 16 casos por día. Debido a estas cifras, el defensor regional del Pueblo, Carlos Hernán Rodríguez, no duda en afirmar que la situación de violencia de Buenaventura es una de las más preocupantes de la región. Ayer, en la conmoración del Día de los Derechos Humanos, el Defensor advirtió que el Valle del Cauca sigue ocupando uno de los primeros lugares en la lista de departamentos del país donde más se vulneran los derechos de los ciudadanos. En el Día Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de alerta debido a los riesgos que se presentan en varias zonas del país por la presencia de actores armados. ¿Cuál es su diagnóstico de la vulneración de Derechos Humanos en los municipios del Valle del Cauca?Lamentablemente, la situación en el Valle del Cauca es preocupante y alarmante. De acuerdo con las estadísticas, el departamento del Valle ocupa deshonrosos primeros lugares en materia de violaciones a los Derechos Humanos. Los municipios en los cuales se presentan altos grados de vulneración son el Distrito de Buenaventura, que ha sido una situación que nosotros hemos venido denunciando de forma recurrente, pero también preocupan municipios como Cali, donde se presentan situaciones muy alarmantes. ¿Cuáles son los actores que más vulneran los Derechos Humanos en el departamento?La delincuencia común, las bandas del narcotráfico, las pandillas organizadas que en un momento determinado se encuentran al servicio del tráfico de drogas, además de otra cantidad de actores de diferente índole que se disputan los territorios para el narcotráfico. La situación de Buenaventura es quizá la más critica, debido a la ola de violencia que azota al Puerto, ¿qué tipo de situaciones han tenido que atender en este municipio?Para darle un ejemplo, es increíble que nosotros (la Defensoría del Pueblo) hayamos abierto una Casa de Derechos en Buenaventura, el pasado 5 de mayo, y a fecha (9 de septiembre) ya hemos atendido a cerca de dos mil personas que han denunciado diferentes tipos de violaciones, lo que nos indica un altísimo grado de vulnerabilidad en cuanto a los Derechos Humanos en Buenaventura.Buenaventura es, además, el municipio del Valle que registra el mayor número de desaparecidos...Sí, pero paralelamente al tema de los desaparecidos, está el desplazamiento y el confinamiento, pues muchas personas lo que único que hacen es aguantar y persistir en un alto grado de vulnerabilidad. Este es un asunto que no solo se puede analizar con estadísticas, pues si usted mira las cifras en Buenaventura, puede ver que a la fecha solo se han presentado uno o dos homicidios más que el año pasado, pero la situación sigue siendo grave y más teniendo en cuenta que estamos hablando de un municipio que está intervenido. Entonces, ¿la intervención militar en Buenaventura no ha servido para reducir el alto índice de violaciones a los Derechos Humanos?A mí me parece que la Policía está haciendo su tarea, pero la situación de Buenaventura no solo se resuelve militarmente, esa es solo una opción, porque también se requiere una política pública a largo plazo. En ese sentido, hemos hecho un llamado a la sociedad civil y a la Iglesia Católica, que ha estado muy vinculada con la Defensoría, y a diferentes sectores académicos, porque el tema de los derechos debe ser una política pública y no solo un discurso meramente coyuntural o de campaña. A mí me parece que la intervención es importante, pero la acción social debe ser permanente, porque la comunidad se ha quejado de que se hable de una intervención momentánea y luego la Fuerza Pública se vaya y el problema siga vigente. ¿Cuáles son hoy las principales violaciones contra los Derechos Humanos en el Valle? El tema de la violencia contra la mujer nos genera mucha preocupación en el Valle del Cauca, pues se han presentado muchos casos, incluso desde el ámbito familiar, ya que hay una pérdida de valores terrible. También preocupan los derechos que tienen que ver con los menores de edad porque ellos, al mismo tiempo, han entrado en un estado de agresividad que los ha convertido en sujetos activos de vulneración de derechos al ser usados por grupos al margen de la ley para la comisión de delitos. Otros temas que preocupan son el desplazamiento intraurbano, el desplazamiento de un determinado municipio a otras zonas del departamento y el desplazamiento de la zona rural a la urbana. ¿Ese alto grado de violencia contra la mujer se sigue presentando porque aún hay mucha impunidad frente a este delito?Sí, ese es un punto muy importante, porque, precisamente, la impunidad es lo que conlleva a que se aumente ese grado de vulneración, debido a que no existen acciones concretas para que se castigue de manera ejemplar a los culpables de este delito. Entonces, si el victimario no tiene un castigo, la víctima prefiere no denunciar y por eso existe un gran subregistro. Usted decía que Cali también es uno de los municipios del Valle donde más se presentan vulneraciones a los Derechos Humanos, ¿cuáles son las situaciones que más le preocupan a la Defensoría en la ciudad?Yo creo que, además de delitos como la violencia contra la mujer, nos preocupa mucho el desconocimiento que existe por parte de las autoridades locales frente a la atención a las víctimas, para que ellas no sean revictimizadas ni discriminadas. ¿Es decir, que en Cali y el resto del Valle está fallando la atención a las víctimas? En mi concepto sí esta fallando la atención a las víctimas en el departamento. Me parece que existe una gran dificultad en esa materia, porque cuando usted habla con cada uno de los alcaldes o con el gobierno departamental, ellos destacan siempre las dificultades presupuestales, pero esas dificultades no justifican que se esté presentando un incumplimiento de un deber, como es atender a las víctimas de forma integral.

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