“La seguridad de los centros de formación no es responsabilidad solo del Icbf”: Jhon Murillo

John Arley Murillo, director regional del Icbf, dice que dentro de los centros no hay suficiente seguridad. Reclama que haya más inversión del Gobierno local.

Las fugas y la violencia fueron el común denominador en los centros de reclusión para menores de Cali durante los días pasados. En el Valle del Lili y la antigua cárcel El Buen Pastor se presentaron dos motines en apenas tres días. Escaparon 68 jóvenes y, lo que es peor, tres de ellos resultaron muertos en medio de las revueltas.El director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Jhon Arley Murillo, dice que los problemas de seguridad deben ser atendidos por la Policía y se quejó de que la Gobernación no ha girado, desde hace tres años, fondos para mejorar la infraestructura.Además, anunció que reemplazarán a los Religiosos Terciarios Capuchinos, actuales administradores de ambos centros juveniles, como operadores, aunque aun no se ha definido quién ocupará ese cargo. En solo una semana hubo tres jóvenes muertos, diez heridos y dos fugas masivas en centros de rehabilitación. La situación de los menores delincuentes en Cali es, claramente, una bomba de tiempo...Las causas que provocan estas emergencias son muy complicadas. Mucha de la problemática tiene que ver con el consumo de sicoactivos, que nos ha obligado a aumentar las medidas restrictivas, además de controlar más a quienes van de visita. Eso es una de las causas que genera estos hechos.Pero, parece que el remedio ha salido peor que la enfermedad. Los daños y desmanes son bastante graves...Considero que el control sí debe hacerse por parte de la Policía. Recordemos que el Código de Infancia y Adolescencia entrega la responsabilidad del cuidado de los menores a la Policía. Yo pido que se haga una intervención mucho más fuerte. Porque las medidas de seguridad no son negociables. En los centros de rehabilitación se están consumiendo sicoactivos. Y no podemos hacernos de la vista gorda solo porque los jóvenes reaccionan mal a los controles. Creo que la Policía debe responder por los motines y por qué no se han podido controlar, eso, legalmente, no es competencia del Icbf.De acuerdo, pero, entre tanto sigue habiendo una grave problemática con los menores. La Policía no puede entrar a los centros y en control recae sobre los miembros del Icbf. Sí, es verdad. Esto se trata de una responsabilidad de todos. No solo del Icbf. Esto es un sistema que opera como el motor de un carro: si uno no funciona, los demás tampoco. Aquí tenemos un problema no solo de seguridad: falta infraestructura en los distintos centros, faltan recursos. Tenemos que estar a la altura de las necesidades de un sistema como este y no es así. Hago un llamado a las diferentes entidades, a la Gobernación, a la Alcaldía, para que pongan recursos y a la Policía que nos ayude para que nos pongamos de acuerdo en la solución de esta problemática.¿El Icbf cuenta con recursos para mejorar las condiciones de reclusión y la rehabilitación de los menores?Mire, en los últimos cuatro años el Icbf invertió $10.000 millones solo en infraestructura, para arreglar lo que hay. Pero, necesitamos inversión de otro tipo. No puede ser exclusivo del Icbf.¿En qué se invirtieron esos $10.000 millones? El problema de las fugas no es nuevo y parece seguir igual de complejoEn el año 2008 en el centro de Valle del Lili se evadieron 540 jóvenes. En el 2012 tuvimos 350 evasiones. Hemos tenido una reducción dramática en el número de fugas exitosas. Que haya otros problemas, desde luego que sí. Pero, sin esa inversión que se hizo durante cuatro años estaríamos mucho peor. Claro que falta mucho más. Hace tres años se hizo un proyecto conjunto entre Icbf, Alcaldía y Gobernación para aportar cada uno mil millones de pesos. Pero, este es el momento en el que eso no ha ocurrido. Valle del Lili tiene unas mejorías que hacer en seguridad, pero el departamento no ha destinado recursos. Yo gestioné con el Gobierno Nacional $1750 millones y hace dos semanas empezamos obras de mejoramiento en Valle del Lili. ¿Cuáles son los problemas de los centros, que permiten que los menores se escapen con relativa facilidad?Primero, tenemos muchos problemas de infraestructura. El muro perimetral tiene problemas, huecos por lo que pueden saltar. También en las duchas hay unos problemas. Principalmente los recursos que invertimos son con el fin de aumentar el número de cupos. En los últimos años pasamos de tener una capacidad para atender 150 jóvenes a tener atendidos 690. El problema es que cada cupo que aumentamos implica una inversión de $50 millones para infraestructura y seguridad. En Valle del Lili necesitamos un sistema cerrado de cámaras de seguridad. En Buen Pastor necesitamos rejas de seguridad en los techos. Según nuestros cálculos, hoy necesitamos $1500 millones adicionales para atender estos problemas.El aumento de cupos es una buena noticia, pero, hay otro problema y es que cada vez los delitos que cometen los menores son más graves y parecen sobrepasar la capacidad de rehabilitación de los centros.El nivel y capacidad de acción delictiva de los jóvenes ha aumentado mucho en los últimos años. Ya no tratamos con robos. Hoy tenemos un nivel de vinculación a grupos violentos muy fuerte.Esto que pasa hoy tiene que ver con la escalada de violencia que hay en la sociedad caleña. Es por eso que nosotros creemos que la seguridad en el interior de los centros de responsabilidad penal no existe. La Policía está, pero afuera. Adentro solo hay educadores, sicólogos, trabajadores sociales, que no tienen competencias o herramientas para imponer elementos de seguridad. Los educadores no pueden tener herramientas para defenderse. Su única arma es su espíritu y su palabra. Es vital que en Cali nos actualicemos en el perfil de los jóvenes que cometen delitos. Son otros delitos, ya referidos a sicariato y a vinculación directa con bandas criminales y guerrilla. Otro grave problema es que muchos de los jóvenes recluidos están cumpliendo la mayoría de edad dentro de los centros. ¿cómo solucionar eso?Es un problema muy grave porque en este momento tenemos 335 mayores de 18 años que están siendo tratados como menores delincuentes, aplicándoles normas mucho menos fuertes. Y ellos son, precisamente, quienes incitan las fugas y los motines.¿Sobre los desmanes y el consumo, qué responsabilidad le corresponde a los Religiosos Capuchinos, que administran los centros de reclusión?Hemos visitado los dos centros y pudimos comprobar que al interior de cada uno hay fenómenos de microtráfico, alto consumo de drogas y que hay internos que tienen celulares. Así que empezamos una búsqueda de un nuevo operador para cada uno de los centros.