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La cárcel Villahermosa de Cali no es ajena a la crisis carcelaria del país

El hacinamiento llega al punto de que, por falta de espacio físico, los internos duermen en los techos, en los baños, en las escaleras, en los patios a sol y agua con cambuches de plástico.

4 de agosto de 2012 Por: Colprensa y Redacción de El País

El hacinamiento llega al punto de que, por falta de espacio físico, los internos duermen en los techos, en los baños, en las escaleras, en los patios a sol y agua con cambuches de plástico.

Las cárceles en Colombia son bodegas de personas mal acomodadas. El hacinamiento llega a tal punto que, por falta de espacio físico, los internos duermen en los techos, en los baños, en las escaleras, en los patios a sol y agua con cambuches de plástico. La situación no es nueva y ya hace parte del ‘paisaje’ de la mayoría de penales, pero estaría por tornarse catastrófica, de no prestársele atención.La advertencia la viene haciendo por distintos medios Diego Arias, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores Penitenciarios (UTP), agremiación que agrupa la mayoría de sindicatos del Inpec. Con él coincide en buena medida la Defensoría del Pueblo. “Hay 110 mil internos en las 142 cárceles de todo el país, sin contar con los que están en prisión domiciliaria, que suman más de 100 mil, a los cuales también tenemos que prestarles el servicio de vigilancia”, comienza por decir Arias, y saca cuentas: “Estamos hablando de 200 reclusos por un guardián, cuando la normatividad establece que deben ser cinco internos por una unidad de guardia”.La Defensoría del Pueblo sostiene que “la población carcelaria durante los últimos 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009”, y agrega que el hacinamiento constante pone en grave riesgo el respeto efectivo de la dignidad humana y de los derechos humanos de las personas recluidas.Además, anota que en la cifra total de esta población no se incluyen las personas recluidas en cárceles municipales, centros de reclusión transitoria y los detenidos en prisión domiciliaria.Para mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, la Dirección del Inpec asegura que está trabajando en iniciativas como el nuevo Código Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el Ministerio de Justicia, que permitirá deshacinar los centros de reclusión. También dice que ha tramitado ante los jueces la libertad de 48.264 internos y la ha obtenido para 29.089. Si se otorgan nuevas libertades, disminuirá la sobrepoblación.Villahermosa no es ajena a la crisis“Es evidente que hay una crisis carcelaria muy compleja a nivel nacional. La cárcel de Villahermosa no es ajena a la situación” declaró el Personero Municipal Andrés Santamaría a El País. La cárcel de Villahermosa presenta serios problemas de hacinamiento, infraestructura y prestación de servicios de salud, educación y recreación. Una de las consecuencias más graves de tal situación es que los procesos de resocialización que deben llevarse a cabo con los internos, se truncan o no se desarrollan, agregó Santamaría. El centro penitenciario tiene una capacidad para recibir a 1600 reclusos, pero actualmente la cifra de individuos es de 5.394, un exceso de casi el 300% que obliga a los internos a dormir en baños, pasillos o en hamacas que ellos mismos construyen. A lo anterior se suman los problemas estructurales propios de la edificación. Se trata de un edificio diseñado hace 50 años en el que, pese a los trabajos de reestructuración que se han hecho, persisten problemas de humedad, de alcantarillado y de ventilación. “Las dificultades de hacinamiento y de espacio de la cárcel afectan notoriamente la salud de los reclusos. Los baños no son suficientes, el sistema de alcantarillado está deteriorado y la humedad permite que se concentren plagas. Además el servicio de salud es muy pobre. Los funcionarios de Caprecom, que es la entidad encargada de prestar el servicio, no reciben sueldo desde hace tres meses y carecen de los medicamentos e insumos básicos para la atención” afirmó la Personería Municipal.Por otra parte, las labores de resocialización que debe ejecutar el Inpec no se están realizando. “La cárcel no puede satisfacer las necesidades de educación y de recreación del elevado número de reclusos. Los talleres no son suficientes, no hay maestros y además hay una incapacidad para generar programas para la reinserción en la sociedad. Aunque no hay estudios sobre el índice de reincidencia en actividades delictivas, se calcula que un 30% de los individuos regresan a la cárcel” dijo Santamaría.En las demás instituciones del Valle las dificultades no son menos graves. Según el Defensor del Pueblo, entre las cárceles del departamento “sólo la de Jamundí tiene una infraestructura adecuada y la de Palmira es apenas aceptable”. Las condiciones de hacinamiento son evidentes. La cárcel de Tuluá, que tiene capacidad para 320 internos, alberga a 605; Palmira tiene 1.750 cuando debería tener 1.200; Cartago 552 y su capacidad es de 412 y la cárcel de Buga, diseñada para 750, tiene 1028 internos. La mayor preocupación está en la salud de los reclusos. Según la Defensoría del Pueblo, Caprecom no responde adecuadamente a los 12.5000 internos del departamento.

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