La alarmante situación que vive Buenaventura por cuenta del reclutamiento forzado de niños

Buenaventura fue identificado como uno de los municipios que más se encuentran en riesgo por reclutamiento forzado de menores. Así lo determinó el Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes, Oprob, por medio de un estudio realizado a nivel nacional entre 2017 y 2019 sobre dicha problemática, y la violencia sexual a menores en el marco del conflicto armado.

Precisamente, el año pasado, la Defensoría del Pueblo advirtió la situación en una alerta temprana que contemplaba cinco comunas y 20 barrios del Puerto, en donde se ha denunciado la presencia de disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN.

“A finales del año pasado, entre los meses de septiembre y octubre, había rumores de intentos de reclutamiento en barrios como Antonio Nariño o Cascajal, pero en lo corrido de este 2020 no hemos recibido quejas de manera formal”, señaló al respecto Jesús Hernando Rodríguez, personero de Buenaventura.

De acuerdo con este, “los grupos delincuenciales detrás de estas acciones en el casco urbano serían principalmente ‘La Local’ y ‘La Empresa’. A veces la situación se torna tan insegura, que a la gente le da miedo denunciar”.

Además de Buenaventura en el tema de reclutamiento forzado de menores, Cali también presentó denuncias similares el mes de enero pasado en las comunas 15, 14 y 21, en donde habría presencia de miembros de grupos armados organizados, GAO, del Suroccidente del país en busca de jóvenes para sumarlos a sus filas o realizar labores de microtráfico en los mismos barrios.

Por estos incidentes, también se expidió una alerta temprana el año pasado por parte de la Defensoría, entidad que también dio a conocer un hecho parecido en el pasado mes de julio en el municipio de Bugalagrande, Valle.

De acuerdo con el documento, los corregimientos La Esmeralda, Campo Alegre, La Colonia, La Cristalina, Lagunilla y San Isidro estaban en riesgo por la presencia de actores que se identificaban como miembros del ELN, los cuales estaban detrás de hechos de amenazas, extorsiones y desplazamiento forzado.

En el marco de este último tipo de eventos, un padre denunció en el mes de mayo que tuvo que huir hacia Tuluá, dado que el ELN lo presionaba para que uno de sus hijos de 14 años hiciera parte de la agrupación armada.

Aparte de Buenaventura, el Oprob también identificó como críticos los municipios de Tibú, El Tarra y La Gabarra, en Norte de Santander, y San Andrés de Tumaco, en Nariño.

Para realizar el monitoreo y la verificación, las organizaciones participantes del proyecto tuvieron en cuenta tres aspectos claves. El primero de ellos se basa en la utilización y reclutamiento; el segundo, en las distintas violencias que pueden estar asociadas al conflicto; y el tercero, en el seguimiento a la situación de las niñas, niños y adolescentes en el contexto del posacuerdo.

“Las amenazas, las falsas promesas de mejores condiciones de subsistencia, la irrupción en escuelas y la ausencia o débil presencia del Gobierno ha hecho que miles de niñas, niños y adolescentes pasen a ser parte de las filas de dichos grupos armados”, explica Olga Silva, miembro de Humanidad Vigente Corporación Jurídica.

El estudio de la Oprob advirtió que en zonas rurales de municipios como Cúcuta y Puerto Santander, las amenazas a docentes dejaron a cerca de 1.100 niños sin clase entre 2017 y 2019.

Cabe anotar que, de acuerdo con el Secretario General de Naciones Unidas sobre la Niñez y los Conflictos Armados, de los 311 casos de reclutamiento de menores detectados entre 2018 y 2019, el ELN es el principal reclutador de menores, con 182 de esos eventos, seguido por las disidencias de las Farc, con 82, y el Clan del Golfo, con 47. Esto, según cifras entre 2018 y 2019.

En cuanto a las violencias asociadas al conflicto armado, el estudio estableció que se presentaron 184 casos en los 5 departamentos, en los cuales las mujeres y las niñas fueron las principales víctimas de delitos sexuales; de estos, (101) corresponden a las Fuerzas Militares; 55, a grupos de delincuencia organizada, y 28, a grupos al margen de la ley. Lo más grave es que hay un subregistro en el número de casos.

“En los territorios, los miembros de las comunidades y de las instituciones educativas indican que no se atreven a denunciar los casos de violencia sexual por la presencia y las amenazas de los actores armados, así como la falta de una acción efectiva de las autoridades judiciales contra los responsables,”, manifiesta Sandra Patricia Mojica, gerente del Programa de derecho a Justicia de Oxfam en Colombia.