Justicia española admite denuncia contra Petro por secuestro de un periodista

Mayo 30, 2022 - 02:07 p. m. 2022-05-30 Por:
Agencia AFP
Gustavo Petro

El secuestro del periodista ocurrió cuando el político militaba en la desaparecida guerrilla del M-19.

Yuri Cortez / AFP

Un tribunal en Madrid admitió una denuncia contra el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, por el secuestro de un periodista cuando el político militaba en la desaparecida guerrilla del M-19, según indicaron este lunes fuentes judiciales.

El auto, con fecha del 19 de mayo, fue dado a conocer este lunes justo después de que Petro ganara el domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Tras este resultado, el candidato del Pacto Histórico se disputará la llegada a la Casa de Nariño con Rodolfo Hernández.

El juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid a cargo de asuntos complejos determinó que la justicia española podría tener jurisdicción en el caso del secuestro del periodista Fernando González Pacheco, por tener nacionalidad española, y por tanto admitió el trámite de la denuncia.

El magistrado determinó que para que se inicie la investigación deben cumplirse tres requisitos: que se compruebe con las autoridades colombianas que Petro no fue indultado, que se determine que Gonzales Pacheco, ya fallecido, efectivamente era español y que sus familiares decidan querellarse por este caso.

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La denuncia fue interpuesta en marzo por François Roger Cavard, un abogado que en 2018 intentó anular la inscripción de la candidatura de Petro, alegando que no había sido amnistiado de delitos cometidos cuando perteneció al M-19, que depuso las armas en 1990.

En la Audiencia Nacional, Cavard acusó a Petro de crímenes de lesa humanidad, en tanto que "uno de los máximos responsables" de esa guerrilla urbana, que en sus años en activo habría cometido crímenes como "asesinatos selectivos", "ataques con explosivos", "masacres", "secuestros" y "torturas, tratos crueles y desapariciones".

La Fiscalía española había pedido que se desestimara la denuncia al considerar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigarla.

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