Intervención en Buenaventura es positiva pero falta una estrategia sostenible: Defensor

Sin embargo, el funcionario afirma que se debe tener una estrategia integral y sostenible a largo plazo para el puerto.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, revisó en Buenaventura los alcances que ha tenido la intervención del Gobierno Nacional en este municipio, en miras de disminuir los niveles de violencia. El funcionario reconoció que en las últimas semanas han rebajado los índices de homicidios y de desplazamiento forzado, "producto del refuerzo en la presencia militar y policial, así como los anuncios respecto a proyectos de inversión social"."Esa intervención refleja la respuesta a lo que hemos venido denunciando desde noviembre de 2012, cuando mostramos esa realidad tan dolorosa de Buenaventura. Estaremos atentos a que todo lo que se ha prometido se cumpla", señaló. Sin embargo, afirmó que se debe "implementar una estrategia integral sostenible y de largo plazo al mando de un gerente o delegado presidencial que articule los esfuerzos de las entidades comprometidas". Según la Defensoría del Pueblo, este año se han cometido 87 homicidios en Buenaventura, hay reportados ocho desaparecidos y en cinco ocasiones se han presentado desplazamientos forzados, que han afectado a 1086 personas. Otálora afirmó que, si bien el refuerzo policial y militar es importante, lo fundamental es "superar escenarios como el déficit de vivienda, que alcanza las 42 mil unidades en la zona urbana, la deserción escolar que reporta índices del 25% en el casco urbano y 48% en el área rural, la escasa cobertura en salud que apenas cobija al 45% de la población y el acceso a servicios fundamentales como el agua potable que apenas llega al 55% de los hogares". Según el funcionario, el eje de los planes de acción del Gobierno debe ser "avanzar para resolver las necesidades de fondo que preocupan a la comunidad de Buenaventura". Por esta razón, afirmó que la Defensoría hará un acompañamiento a los proyectos anunciados para la región. Además, criticó que durante sus visitas al puerto el alcalde Bartolo Valencia no haga presencia. "No hemos encontrado eco en el alcalde, pero aquí el problema no es de egos personales, es de hablar con la comunidad y recoger sus inquietudes", dijo Otálora. El Defensor estuvo en Buenaventura en una reunión con el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde; el alto consejero presidencial para las regiones, David Luna; el director del Departamento de la Prosperidad Social, Gabriel Vallejo; un delegado del alcalde, Romel Peña y el Obispo, monseñor Héctor Epalza.Igualmente, recordó que la entidad estuvo en noviembre del 2012 y el 2013, cuando junto a representantes de la Acnur y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando se corroboró la situación humanitaria del puerto y se hizo un llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas.Por su parte, el ministro Lizarralde señaló las grandes ventajas que tiene Buenaventura por sus 400 mil hectáreas de madera. "De estas podemos aprovechar el 50 % para la explotación forestal comercial y el resto para la conservación. Buenaventura tiene una fortuna que deben explotar de manera inteligente y con educación y formación de los nuevos hombres de la región", indicó el Ministro, quien se comprometió a regresar al puerto con respuestas a las inquietudes del sector maderero y pesquero.Gabriel Vallejo afirmó que "ya cumplimos casi un mes con esta agenda social. Este sábado estará la Directora Nacional del Sena, la próxima semana el Vicefiscal y este viernes próximo es casi un hecho que estará el presidente Juan Manuel Santos evaluando el cumplimiento de los anuncios y haciendo entrega de los mismos". El director nacional del Inpec, general Saúl Torres, quien también se hizo presente hacia el mediodía en el puerto, anunció el compromiso del Instituto para mejorar las condiciones de hacinamiento en la cárcel de la ciudad. La difícil situación en Buenaventura en lo corrido del año obligó que a comienzos de marzo los habitantes salieran a las calles a exigir un cese a la violencia y a pedir a las autoridades una solución. Días después, el Gobierno Nacional anunció una inversión de cerca de 400 millones de dólares para el Pacífico colombiano, así como la intervención militar del municipio.