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Imputación a miembros de Ejército por falsos positivos vendrán después de junio

Marzo 03, 2021 - 07:20 a. m. 2021-03-03 Por:
 Redacción de El País - Colprensa
ejército

Fuentes oficiales de la JEP confirmaron que pese a que la imputación está aún como borrador, las decisiones sobre este caso se conocerán en el segundo semestre de este año.

Colprensa

El más reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) da cuenta que en el país, entre 2002 y 2008, se registraron más de 6400 ejecuciones extrajudiciales. Las cifras fueron reveladas por la justicia transicional previo a que se conociera el borrador de imputación de cargos a altos mandos del Ejército por estos hechos.

Fuentes oficiales de la JEP confirmaron que pese a que la imputación está aún como borrador, las decisiones sobre este caso se conocerán en el segundo semestre de este año.

Los denominados “falsos positivos” han sido por años la piedra en el zapato del Gobierno Nacional, pues en más de una ocasión se han adelantado investigaciones con el fin de establecer la responsabilidad en los hechos por parte miembros del Ejército en el mandato de expresidente Álvaro Uribe, pues según el informe, fue bajo su administración cuando se registraron el mayor número de víctimas por este flagelo.

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Investigaciones de la Fiscalía General, así como informes de organizaciones de derechos humanos, e incluso testimonios de militares que fueron obligados a generar esta práctica, reposan en los despachos de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación, y fue esta la encargada de avanzar con el protocolo de indagación que, finalmente, regirá las determinaciones que se tomen en el macrocaso número 3, denominado 'muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate'.

“Con el propósito de satisfacer de la mejor manera posible el derecho a la justicia de las víctimas, identificar y esclarecer los patrones de acción criminal e imputar la responsabilidad por los crímenes de sistema a los máximos responsables, la Sala considera que es útil y necesario abordar esta investigación a partir de criterios objetivos que permitan agrupar casos individuales en función de patrones criminales e identificar a los máximos responsables", reposa en el fallo.

En este caso, la Sala adoptó una estrategia de investigación que va de “abajo hacia arriba” en la determinación de lo ocurrido y de las responsabilidades individuales. De esta forma, en primer lugar, identificará los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel regional y local. Posteriormente, y con base en la construcción realizada en esos primeros peldaños, determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a otros niveles de escala territorial y nacional.

En medio de dichas estrategias, la JEP identificó los periodos de tiempo y lugares de ocurrencia de los hechos por los que iniciaría la investigación, así como las unidades militares a las que pertenecían los presuntos responsables de estos hechos. Esto, entre otras cosas, permitió identificar los 10 departamentos del país con mayor número de víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate y los periodos de mayor ocurrencia.

De acuerdo con el informe Antioquia es el departamento con más número de ejecuciones extrajudiciales en el país, seguido de Meta, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Tolima, Huila, Casanare, La Guajira y Cauca, manteniendo sus estadísticas entre 2002 y 2008.

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En Antioquia

El fallo da cuenta que en Antioquia se registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional durante 2002 a 2008, es decir, casi una cuarta parte del total nacional. El año de mayor victimización en este departamento es el 2004.

Respecto de los posibles responsables, la información de la JEP así como investigaciones de la Fiscalía datan que fueron cuatro divisiones del Ejército Nacional quienes concentraron alrededor del 60% de los casos. Se trata de la División Primera, Segunda, Cuarta y Séptima.

La Primera y la Séptima corresponden a unidades con jurisdicción en Antioquia. Respecto de las unidades militares con jurisdicción en dicho departamento, la Sala encontró que la IV Brigada podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas entre los años 2000 y 2013, teniendo en cuenta que para el periodo 2002-2007 se concentran los mayores niveles de victimización y en los años 2003, 2004 y 2005 se observa una mayor participación de la unidad militar en el total de víctimas identificadas en la zona.

Además de ello, el informe revela que cuatro batallones con jurisdicciones en municipios de Antioquia tendrían presunta responsabilidad en hechos de dicha índole. Estos corresponden al Batallón de Artillería No. 4 'Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez', Batallón de Infantería No.10 'Coronel Atanasio Girardot', Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 'General Pedro Nel Ospina' y el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles de la Primera y Séptima División.

En la costa Caribe

El análisis y contrastación de los informes recibidos por la justicia transicional da cuenta que en los departamentos de Cesar y La Guajira le permitió a la Sala, en una primera fase, identificar las unidades militares involucradas en los hechos y las principales características de las víctimas

Por ejemplo, tienen en su investigación que la Primera División del Ejército, entre los años 2002 y 2005, presentó el mayor número de muertes cuestionadas a nivel nacional, según lo expuesto por la Fiscalía General en su informe 553 y de acuerdo con dicha entidad, la mayor parte de esas muertes se concentraron en el norte del Cesar, jurisdicción del Batallón de Artillería No 2 'La Popa' y el sur de La Guajira, jurisdicción del Grupo Mecanizado Juan José Rondón.

De acuerdo con esta misma fuente, el Cesar reporta el tercer lugar de incidencia en la victimización del país, con un 7,7 % de los casos analizados por la Fiscalía en su informe, correspondiente a 173 bajas cuestionadas, y La Guajira el noveno con 90 muertes cuestionadas, equivalentes a un 4 %.

“Así, la Primera División registró el 15% de las bajas cuestionadas analizadas a nivel nacional y, dentro de esta el Batallón de la Popa' concentró la mayor cantidad de casos investigados (166), que representan el 51 % del total de la División, ocupando el puesto del batallón con mayor número de casos investigados en Ley 600 ante la Fiscalía, seguido por el Grupo Mecanizado Juan José Rondón con el 24 % de las muertes”, reposa en el fallo de la JEP.

Lo que llama la atención del informe de la justicia transicional es que el Batallón de Artillería de La Popa, con jurisdicción en Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey, La Paz, Manaure, Pueblo Bello, San Diego y Valledupar, municipios del Norte del Cesar, evidencia que fue una unidad representativa para comprender la evolución del fenómeno de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

“La representatividad del fenómeno, desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, resulta relevante tanto por la magnitud de la victimización, la victimización étnica, así como por el número de comparecientes de esta unidad que se han sometido ante la JEP y el número de investigaciones adelantadas contra miembros de estas unidades, por lo que se considera relevante la priorización de esta unidad para su análisis en el marco del Caso 03”, expuso el tribunal de paz.

Respecto del Grupo Mecanizado Juan José Rondón, cuya jurisdicción comprende los municipios de Albania, Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, la Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Urumita, Villanueva, así como las zonas fronterizas de Maicao y Uribía en el departamento de La Guajira, tiene una similitud en los hechos, de ahí que considere el tribunal de paz que se puede comprender también el fenómeno.

“La información suministrada por la Fiscalía fue contrastada con los hechos aportados en otros informes ante la JEP, de acuerdo con lo mencionado previamente, y se pudo establecer que el 7,3% del universo de víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008 se encuentra en el departamento del Cesar, para establecerse como el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país”, reposa en el documento.

La JEP llama la atención sobre el informe de la Fiscalía en un aspecto “relevante” y es que la entidad investigativa pudo identificar 41 víctimas indígenas a nivel nacional, que corresponden al 2% de la totalidad de las víctimas. Sin embargo, 22 personas pertenecientes a las etnias Kankuama, Wiwa y Wayuu, más de la mitad de las víctimas identificadas, fueron presentadas como dadas de baja en combate por miembros del Batallón La Popa y el Grupo Mecanizado Juan José Rondón, principalmente.

Asimismo, dan cuenta que la Primera División, que está compuesta por dos Brigadas, la Décima Brigada Blindada y la Segunda Brigada, reportó un 6% de las víctimas identificadas con alguna condición de discapacidad física o cognitiva. Por lo que, el reporte da cuenta que la pertenencia de víctimas a grupos armados al margen de la ley fue también característica de la Primera División, con 19 investigaciones.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Fiscalía General, el Grupo Mecanizado Juan José Rondón registró un alto número de víctimas mujeres con un 9 % del total investigado, de manera que representa el doble del porcentaje promedio para la Primera División.

Por otra parte, los hechos presentados por las unidades adscritas a la Primera División relacionados con muertes ilegítimas en Cesar, han llevado a la Fiscalía a adelantar 74 investigaciones contra 472 miembros de dichas unidades.

Con base en lo anterior, la Sala decidió priorizar el análisis de la problemática en Cesar y La Guajira, que hacen parte de la Jurisdicción de la Primera División, por lo que consideró pertinente avanzar en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira que corresponden a muertes presentada por miembros del Batallón de La Popa.

Norte de Santander

De otro lado, las bases de datos sobre muertes presentadas como bajas en combate entregadas a la Sala, como informes, tanto las judiciales y estatales como las no gubernamentales, ubican a Norte de Santander en el sexto lugar, a nivel nacional, en número de víctimas de esta práctica, después de los departamentos de Antioquia, Meta, Cesar, Caquetá y Huila.

En la base de datos de víctimas que se tiene sobre esta zona del país se identificó 420 víctimas de esta práctica en el período 1985-2016. El 82 % de las víctimas del departamento se concentran en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2008.

En este caso, la información procesada permitió observar también que los años 2007 (26%) y 2008 (17%) concentran la mayor cantidad de víctimas. Así mismo, la mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en los municipios que hacen parte del territorio del Catatumbo. A este grupo pertenecen 9 de los 10 municipios con mayor número de víctimas del departamento y representa el 68% del total.

Llama la atención del tribunal de paz que al examinar la relación entre el periodo que más víctimas concentra y los municipios que conforman la región del Catatumbo, se observa que: El Carmen, Ábrego y Teorama presentan concentraciones relevantes para explicar el fenómeno estudiado en el 2007, pese a que este año presenta una distribución similar de víctimas en la mayoría de los municipios de la región.

Sobre la gravedad de los hechos, la Sala encontró en los informes remitidos por las víctimas una manifestación de urgencia por parte de la sociedad civil organizada, en especial en casos de alta amenaza de repetición de los hechos por la situación de inseguridad posterior a la firma de los acuerdos, pero relacionada con la dinámica histórica del conflicto armado.

Cabe mencionar que, los hechos ocurridos en el Catatumbo entre el 2007 y 2008 por parte de los miembros de la Brigada Móvil Número 15 permiten construir por lo menos dos patrones representativos del macrocaso 03: por un lado, el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en el sector, en parte, con base en prejuicios y estigmatización; y por el otro, una suerte de sofisticación del patrón criminal, consistente en reclutar víctimas de otros territorios, engañarlas, asesinarlas y reportar su muerte como baja en combate.

Finalmente, frente a la representatividad de los presuntos responsables, la Sala encontró que dentro de los presuntos responsables de estos hechos ocurridos en el Catatumbo entre el 2007 y el 2008 se encontraban, predominantemente, los miembros de la Brigada Móvil Número 15.

“La información disponible sobre el involucramiento de estos miembros del Ejército permitió identificar rápidamente dentro de los involucrados a comandantes de la Brigada Móvil 15, además de los oficiales de rangos inferiores, como son comandantes de Batallón y Compañía”, dice el documento.

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