Historias de quienes injustamente perdieron sus casas en Cali por el narcotráfico

La Fiscalía ordenó devolver apartamentos que habían sido del extinto narco ‘Pacho Herrera’ en Cali.

“Catorce años son mucho en la vida de una persona. Te imaginas comprar una casa con la idea de darle un hogar a tú familia y de repente llega alguien, toca a tu puerta y no solo te saca de ahí sino que te acusa de tener vínculos con un narcotraficante. Se te acaba todo”, dice Sergio Ramírez*. Ramírez contó que es uno de los hombres que ahora está a la espera de que le sea devuelto el apartamento que le quitaron las autoridades el 10 de junio de 2002, por valor de $65 millones. Según la Fiscalía, este hacía parte de los bienes del extinto narcotraficante Helmer Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera. “El fin de semana recibí una llamada de mi abogado y recibí la noticia de que me van a devolver mi casa. La verdad era de no creer, yo todavía estaba pagando la deuda y nunca había logrado disfrutar de eso. Además de todo lo que tuve que vivir para darle una vivienda dónde vivir a mi familia”, cuenta Ramírez. “En principio, tuve que pedir a mis familiares que me dejaran guardar las cosas, después dónde quedarme con mis hijos, además de todo ese proceso penal que hizo dudar a muchos sobre mi integridad. No fue fácil, pero ahora la verdad salió y quedó claro todo”, cuenta Ramírez. Ahora este hombre solo espera la notificación oficial de la Fiscalía para recuperar, “lo que nunca me debieron quitar”. Incluso, dice, que quedó tan cansado de esto que ni siquiera piensa entablar ningún proceso de reparación: “Me quitaron la casa pero por lo menos, no cometieron ese error de meterme a prisión o señalarme como un delincuente. Yo de esta pesadilla no quiero saber nada”, insiste. “Somos víctimas, no narcos” El caso de Ramírez no es el único, pues según la Fiscalía la decisión favorece a 160 familias que a finales de los años 80 y la década de los 90, invirtieron su dinero en la compra de apartamentos en los edificios Centenario II y Conjunto Residencial La Alquería, edificio Yemanya, así como lotes y oficinas en Cali (Valle), los cuales fueron objeto de dos procesos de extinción de dominio desde octubre de 2002.Está el caso de una pareja de esposos, que motivados por un aviso de prensa en enero de 2003, en el que se ofertaba un apartamento en la Alquería, deciden comprar el apartamento 403 C y los parqueaderos 7 y 8 del conjunto residencial, por valor de $75 millones. Desde el primer momento la pareja solicitó a la Oficina de Instrumentos Públicos los certificados de tradición y verificaron que no tuvieran ninguna anotación que impidiera, limitara o afectara la transferencia de derechos de dominio y mucho menos una orden judicial que prohibiera cualquier acto o contrato sobre ellos, y que no fuera requerido por ninguna autoridad. Esto les generó confianza. Sin embargo, dos meses después el inmueble entró a proceso de extinción de dominio. O el caso de Juliana Reina*, quien no compró su inmueble directamente con la inmobiliaria, sino que se lo compró a una pareja, por el valor comercial de $60 millones. La compra la hizo con los dineros de su actividad comercial, pues desde 1992 tuvo varios establecimientos comerciales, y de ello obtuvo recursos para comprar algunos bienes en el transcurso de su vida. En 2000 adquirió una buseta que fue afiliada a la empresa Transur, cumplía servicios públicos intermunicipales desde Cali a Jamundí, por valor de $30 millones y el cupo de afiliación por el mismo valor, la cual vendió en 2002. Con lo cual pudo demostrar que la compra fue legal. Y así hay más casos divulgados por la Fiscalía, como el de una viuda que invirtió el capital de la sucesión de su marido; además de pensionados y otros que vendieron sus antiguas viviendas, locales comerciales; otros se endeudaron a través de créditos bancarios con hipotecas, cesantías, ventas de acciones que habían comprado en empresas del Estado o préstamos de la Caja de Vivienda Militar. Otra persona vendió su vivienda en Miami (EE.UU.) para residenciarse nuevamente en Colombia; otra más que laboró en ese país en oficios varios invirtió en el proyecto sus ahorros de 25 años y una más que laboró 10 años como aseadora en EE.UU. En otro caso, uno de los propietarios invirtió sus ahorros de 10 años como taxista en Nueva York, mientras que un abogado invirtió lo que se ganó en un proceso en ese país.*Nombres cambiados por seguridad