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Gobierno y ONG investigan paradero de 590 secuestrados civiles

Los plagios ocurrieron entre enero de 1996 y julio de 2005, según la Fundación País Libre.

26 de abril de 2012 Por: Agencia EFE

Los plagios ocurrieron entre enero de 1996 y julio de 2005, según la Fundación País Libre.

La Fundación País Libre y el Gobierno Nacional iniciaron una investigación para determinar cuál es el paradero de 590 civiles reportados como secuestrados en el país y depurar así las listas.Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre, explicó que ya se han hecho públicos los nombres de esos secuestrados entre enero de 1996 y julio de 2005 y se espera la respuesta de medios y autoridades regionales.Estas informaciones pueden ayudar a determinar quiénes fueron liberados, quiénes murieron en cautiverio, cuáles siguen en poder de sus captores o señalar aquellos que pasarán a engrosar el grupo de más de 61.000 desaparecidos en Colombia.Gómez incidió en la diferencia que hay entre esas categorías penales y precisó que los "cautivos" son los que constan en los datos de la Policía y el Ejército, mientras que los secuestrados que son "casos en estudio o indeterminados" son aquellos de los que no se ha sabido nada en los últimos quince años.País Libre cifró recientemente en 405 el grupo de personas civiles en poder de las Farc entre 2002 y 2011; mientras que la Fundación Nueva Esperanza de Secuestrados sostiene que son muchos más y la elevó a 725 desde 1995.La investigadora advirtió de que en el camino se pueden dar muchas circunstancias, como comprobar en las hemerotecas que algunos fueron liberados o hallar casos en los que las familias reportaron el secuestro, más tarde pagaron un rescate y nunca informaron a las autoridades de esta situación."Es tal la desconfianza de los colombianos frente a las denuncias de delitos y el miedo a la venganza de los secuestradores que la gente paga y no cuenta nada. Y salen libres, se van del país y no cuentan absolutamente nada", explicó Gómez.Los datos que están siendo cotejados datan desde 1996, cuando se aprobó la Ley 282, que "legitimó lo que el Estado deberÍa hacer en la lucha antisecuestro" y dio pie a la confección de las primeras bases de datos.Gómez destacó la urgencia de atacar este problema de estadísticas, porque si no "se van acumulando un grueso de datos que si no se depuran se infla mucho el fenómeno, cosa que no le hace bien a Colombia".Y además celebró que en la tarea estén inmersos por primera vez el Gobierno y la sociedad civil colombiana.En este proceso participan representantes del instituto forense Medicina Legal, del Mecanismo de búsqueda urgente de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y País Libre.Según los datos preliminares, el 68% de los 590 casos que se encuentran "bajo estudio" tuvieron lugar antes del 1 de enero de 2001, con el mayor pico en 1999, cuando se denunciaron 119 secuestros de los que no ha habido mayor noticia.Además, exponen que del total de secuestros, 307 (un 52%) ocurrieron en zonas urbanas y los 283 restantes (un 48%), en áreas rurales.En cuanto a los autores, priman los desconocidos con 264, seguidos de las Farc, con 151; de la segunda guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 96; de la delincuencia común, con 40; de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con 31; de "disidencias", con 7 y otras organizaciones, con uno.Tras la liberación el pasado 2 de abril de los últimos diez policías y militares en poder de las Farc, la situación de los secuestrados civiles pasó a un primer plano y centró la atención de las autoridades y ONG colombianas.

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