Fue aprobada la reforma al Código Penitenciario y Carcelario

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley de reforma al Código Penitenciario y Carcelario, que era de interés del Gobierno Nacional.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley de reforma al Código Penitenciario y Carcelario, que era de interés del Gobierno Nacional. La iniciativa pasará a su tercer debate en la Comisión Primera de Senado durante la próxima legislatura. Entre las novedades del proyecto se destaca la posibilidad de tener jueces de ejecución de penas al interior de la cárceles y la eliminación de la multa como requisito para recobrar la libertad. Entre los aspectos más novedosos que propone esta iniciativa se destaca la implementación de los jueces de ejecución de penas. “El proyecto contempla la posibilidad de que los jueces despachen desde los establecimientos de reclusión. Me estoy refiriendo a los jueces de ejecución de penas y habrá dos posibilidades: una desde los centros de reclusión y la otra, a través de audiencia virtual”, explicó la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa. La funcionaria destacó que la importancia de esta medida radicaba en la implementación de la oralidad en esa etapa del proceso, aunque aclaró que la condena debe ser de manera escrita con la presencia en la audiencia del juez y del sindicado. La Ministra aclaró que los jueces estarán en los centros de reclusión en la medida en que lo permita la infraestructura del establecimiento. Por lo pronto, el Ministerio deberá analizar en qué cárceles del país hay espacio para instalar a los jueces de ejecución de penas y luego deberán hablar con el Concejo Superior de la Judicatura para que provea dichos cargos. “Lo importante es que desde la ley ya queda consagrado que desde los centros de reclusión habrá jueces de ejecución de penas”, declaró la ministra Correa. Otro de los aspectos que destacó de este proyecto la jefe de la cartera de Justicia es la eliminación de la multa como condición para recobrar la libertad. “Quien no pueda pagar la multa puede cambiarla por trabajo comunitario. Ese es un avance muy importante”, explicó la Ministra Alianzas Público Privadas (APP)Uno de los puntos más polémicos que se había suscitado durante el trámite de este proyecto estaba relacionado con la posibilidad de crear alianzas público-privadas para la construcción y administración de los centros penitenciarios. Este fue un pulso en el que la Ministra de Justicia intervino para lograr su aprobación. Durante el debate, la funcionaria instó a los congresistas a votar a favor de este artículo, conservando su redacción original que permitiría la administración de las cárceles a través de esta figura de alianzas público- privadas. “Quitarle la administración desvirtúa la figura de APP. Ninguna persona que no pueda administrar un sitio se va a encargar del mantenimiento”, argumentó la Ministra. Entre los opositores de esta ley estuvo la representante del Polo Democrático, Alba Luz Pinilla, para quien este es el primer paso para privatizar las cárceles. Reclusión domiciliariaEl beneficio de la reclusión domiciliaria con brazalete electrónico será otorgado a aquellas personas que hayan sido condenados por menos de cinco años y a delitos diferentes a los que contempla el artículo 22 de Código Penal. Es decir, para condenados por actos distintos al genocidio, la trata de personas, el desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar, concierto para delinquir agravado y el hurto con violencia, entre otros. No habrá privatización de la guardiaDe acuerdo con el texto aprobado en Cámara, propone que, en caso de que haya insuficiencia de guardianes, éstos no podrán suplirse con personal de vigilancia privada sino que será necesario contratar bachilleres y exguardianes del Inpec.La Ministra mostró su preocupación frente a este punto y anunció que insistirá sobre la privatización de la vigilancia durante el debate en Senado. “Eso nos preocupa infinitamente, algunos han salido por corrupción, ¿Hasta dónde vamos a tener que seguir amarrados a este tipo de situaciones? Por esa razón en el Senado insistiremos en la posibilidad de que, para cuando sea necesario se pueda contratar vigilancia privada”, señaló la Ministra. Durante el debate, se hizo un llamado para no vincular la seguridad privada, ya que ésta no tenía funciones de policía judicial. Además, de acuerdo con la representante Alba Luz Pinilla, en estas empresas privadas se pueden 'colar' miembros de las 'bacrim' y algunos desmovilizados.