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Flip cuestiona orden de libertad a exsubidrector del DAS, José Miguel Narváez

Tribunal Superior de Bogotá ordenó cesar el proceso contra Narváez, quien es señalado de 'chuzadas' a periodistas y defensores de Derechos Humanos.

27 de diciembre de 2016 Por: Colprensa

Tribunal Superior de Bogotá ordenó cesar el proceso contra Narváez, quien es señalado de 'chuzadas' a periodistas y defensores de Derechos Humanos.

La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip,  cuestionó la decisión de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó cesar el proceso penal en contra del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el caso de las 'chuzadas' que adelantó ese organismo de inteligencia.

A pesar que Narváez fue condenado en primera y segunda instancia por este caso, el magistrado Javier Agudelo Parra dejó sin efectos la sentencia que él mismo proyectó el 18 de noviembre pasado, en la que se impuso una pena de ocho años de prisión por el delito de concierto para delinquir, en los seguimientos ilegales a periodistas y defensores de Derechos Humanos ordenados desde el DAS entre 2004 y 2005.

Lo novedoso de esta decisión de tutela es que el magistrado consideró que además del delito de interceptaciones ilegales, también había prescrito el delito de concierto para delinquir, lo cual dejaría a Narváez fuera de las investigaciones y sanciones por estos hechos.

Para la Flip, “es preocupante que se haya permitido prescribir el proceso en su contra por el caso de las 'chuzadas', pues sienta un precedente muy grave para la libertad de expresión y las agresiones contra periodistas en el país”.

La decisión se tomó el 15 de diciembre pasado, y se conoció el día 21, pero a la fecha no se tiene acceso al documento completo por cuenta de la vacancia judicial.

En ese sentido, la Flip indicó que “se confirma una vez más que las decisiones cuestionables de la justicia suelen aparecer en momentos de vacancia, como sucedió en el caso de Orlando Sierra en el que se profirió sentencia del 24 de diciembre de 2013”.

Aunque la decisión de tutela también ordena la libertad inmediata de Narváez, el exsubdirector del DAS no saldrá de prisión porque en su contra se adelantan otros procesos. Actualmente se espera la decisión sobre su presunta responsabilidad en el asesinato de Jaime Garzón; tiene un expediente abierto por la tortura psicológica de la que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque; y además está acusado por su participación en el secuestro de Piedad Córdoba y el magnicidio de Manuel Cepeda Vargas.

“La Fundación rechaza este tipo de actuaciones e incoherencias dentro de la justicia colombiana, pues si bien quedó plenamente demostrada la responsabilidad de Narváez en estos hechos, es la misma tardanza de la Administración de Justicia la que provoca la impunidad. Por eso es urgente que en los demás procesos donde está involucrado no suceda lo mismo”, dice la Flip.

El crimen contra Jaime Garzón ya fue declarado de lesa humanidad, pero preocupa que suceda lo mismo en el caso por tortura psicológica del que fue víctima la periodista Claudia Julieta Duque, en el que Narváez está vinculado.

“La Flip insta a las autoridades judiciales para que no cedan ante las estrategias dilatorias de los acusados en este y otros procesos de crímenes contra periodistas. Al final, como en este caso, la prescripción es un asunto de responsabilidad estatal, de operadores judiciales que permiten que pase el tiempo sin avanzar en la definición de responsabilidades”, agregó la Fundación.

Además, la fundación hizo un llamado al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue disciplinariamente la permisividad de los jueces ante las dilaciones de la defensa de Narváez.

Entre tanto, el Equipo Nizkor, donde trabaja la periodista Duque, señaló que la prescripción que hoy favorece a Narváez Martínez pronto cobijará a al menos otros catorce exfuncionarios del DAS siendo esto “el punto culminante del estruendoso fracaso de la justicia colombiana en lo que respecta a la investigación y sanción de los responsables del acoso -amenazas, interceptaciones y espionaje ilegal, montajes judiciales y tortura agravada- contra el movimiento de derechos humanos y la oposición política entre los años 2002 y 2010”.

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