Fiscalía afirmó que sí hubo manipulación de pruebas en caso de grafitero de Bogotá

Según el ente investigador, los coroneles José Javier Vivas Báez y Nelson Arévalo, modificaron la escena del crimen que terminó con la vida de Diego Felipe Becerra en Bogotá.

Ante un juez de la República, la Fiscalía acusó formalmente a los coroneles José Javier Vivas Báez y Nelson Arévalo, señalados de haber participado en la manipulación de la escena del crimen en la que falleció el joven grafitero Diego Felipe Becerra. Lea más sobre el caso del grafitero. Según la Fiscalía, los uniformados serían responsables de los delitos de favorecimiento en homicidio, fraude procesal, porte ilegal de armas y falsedad en documento. En la diligencia también fue acusada Nubia Mahecha, esposa del conductor del bus, quien presentó la denuncia por hurto en contra de Becerra y es procesada por falso testimonio, fraude procesal y favorecimiento en homicidio. Para la Fiscalía, existió manipulación de las pruebas en el lugar donde Becerra recibió un disparo mortal por parte del patrullero de la Policía Metropolitana Wilmer Antonio Alarcón, en hechos ocurridos el 19 de agosto de 2011. Según las investigaciones y el escrito de acusación de 63 páginas, en dicha manipulación participaron varios miembros de esa Institución, de diferentes rangos. En ese sentido, los coroneles Vivas Báez, quien para la época de los hechos era subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; y Jesús Arévalo, quien fungía como comandante de la estación de la localidad de Suba, conocieron lo supuestamente planeado, argumentando que también estuvieron en la escena del crimen. Presuntamente los coroneles sabían que los uniformados buscaron un arma de fuego con el fin de ubicarla en la escena del crimen para darle 'legalidad al disparo que el patrullero Wilmer Alarcón le dio a Becerra. Además, el Fiscal explicó que la supuesta denuncia interpuesta por Maecha habría sido "con el único fin de desviar el curso de la investigación e inculpar al joven de 16 años de participar en un atraco a los pasajeros de un bus de servicio público", por lo que se pudo comprobar que el vehículo no se encontraba trabajando la noche de los supuestos hechos. Por otro lado, la Fiscalía General anunció que por este proceso se tendrán en cuenta 58 testigos y 54 pruebas documentales. Entre las pruebas testimoniales contra estas personas, se tienen investigadores, familiares de la víctima y los policías que participaron en los hechos, de los cuales algunos ya han sido procesados penalmente.