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“Farc deben frenar violaciones al DIH”

Para los expertos, las continuas violaciones de estos grupos armados al Derecho Internacional Humanitario, DIH, es una de las principales barreras para que el Gobierno Nacional no se incline por esta petición.

25 de julio de 2011 Por: Elpais.com.co

Para los expertos, las continuas violaciones de estos grupos armados al Derecho Internacional Humanitario, DIH, es una de las principales barreras para que el Gobierno Nacional no se incline por esta petición.

Un burro cargado con 40 kilos de anfo y metralla explotó en inmediaciones de San Vicente del Caguán en Caquetá el jueves pasado, sin causar víctimas humanas. El ataque fue atribuido a la columna Móvil Teófilo Forero de las Farc. Este atentado se produjo dos semanas después de la ofensiva que el mismo grupo guerrillero lanzó contra cinco poblaciones caucanas. Una ‘chiva’ bomba, cilindros cargados con explosivos lanzados desde una camioneta, ‘tatucos’ y hostigamientos en la zona urbana dejaron 115 personas heridas, 3 civiles y 3 policías muertos, además de 600 casas destruidas entre el 9 y el 10 de julio.Una de las salidas que se ha planteado al conflicto armado en Colombia es la negociación con los grupos armados ilegales como las Farc y el ELN. Para los expertos, las continuas violaciones de estos grupos armados al Derecho Internacional Humanitario, DIH, es una de las principales barreras para que el Gobierno Nacional no se incline por esta petición.Ataques indiscriminadosCuatro días antes del atentado con el burro bomba, el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz envió al máximo jefe de las Farc, alias ‘Alfonso Cano’, y al Comando Central del ELN, encabezado por Nicolás Rodríguez Bautista, una carta pidiéndoles dos cosas: que reanuden un diálogo epistolar y, ante todo, que cesen las infracciones al DIH.El documento, que habla de los ataques en el Cauca, considera indispensable “establecer normas y mecanismos específicos e idóneos de regulación o limitación bélica, para impedir que ocurran nuevos hechos violatorios y se degrade todavía más el conflicto”.Si bien no todas las acciones de la guerrilla son infracciones al DIH, los recientes actos que el gobierno ha denominado “terrorismo injustificado” y “muestra de desesperación”, sí lo son: carros bomba que afectan a la población civil y los ataques a la Fuerza Pública desde casas de civiles, son sólo algunos de ellos.“El burro bomba es un ataque indiscriminado contra la población civil que está protegida especialmente por el artículo 13 del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, que está referido a la protección de las víctimas de conflictos armados sin carácter internacional, o sea internos”, explica el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.Ese artículo específico dice que “quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia, cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”.El citado artículo 13 es el más violado en el conflicto interno colombiano, según Gallón. De acuerdo con un análisis de la Corporación Nuevo Arco Iris, entre enero y junio pasados habían estallado en el país doce carros bomba, cuyo objetivo “generalmente, han sido guarniciones militares, ubicadas en cabeceras urbanas o en cercanía a las mismas” .“Por primera vez las Farc están utilizando carros bomba como táctica militar. En el primer semestre del año se presentaron doce acciones militares de dicho tipo, mientras que en años anteriores se habían visto esporádicamente. La tendencia indica que será una práctica cada vez más común”, señala el informe.Contra la población civilLos ataques en el Cauca del 9 de julio fueron calificados, incluso por la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, como un acto no aislado ni accidental, sino como un “patrón de ataques indiscriminados de las Farc-EP”.El llamado de ‘Colombianos y Colombianas por la Paz’ a las Farc enfatizaba en que los recientes hechos de las Farc generan “profundos cuestionamientos sobre el presente y futuro que se nos avecina y nos obligan a realizar un llamado ético de las infracciones cometidas al derecho humanitario y sobre la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la población civil”.Jorge Alberto Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, plantea que “estas poblaciones se han negado a prestar colaboración en materia logística a las Farc. Por decirlo así, las Farc no pierden nada atacándolas, no hay un costo y ellos necesitan mantener los corredores de movilidad para su logística; eso supone atacar los centros poblados en particular”.Reclutamiento de niñosLas mismas autoridades no tienen claro cuántos menores de edad están en las filas de los grupos ilegales ni cuántos están ahí por reclutamiento y cuántos por voluntad propia. La cifra que sí se conoce, de acuerdo al número de menores que han llegado al plan de desvinculación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es de 4.500.La Alta Consejería para la Reintegración, ACR, manifiesta que cerca de 80% de esos niños desvinculados han ingresado de manera “voluntaria” como forma de escape a violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, falta de protección en los entornos, falta de oportunidades para los jóvenes, entre otras razones. Ninguna de esas causas, sin embargo, impide considerar que el reclutamiento de niños y jóvenes es otra violación grave al DIH.Otro aspecto que se condena es el uso reiterado y extendido de las llamadas minas antipersonas, que cada vez más son utilizadas por las Farc para golpear a la Fuerza Pública. Ese tipo de armas son prohibidas tanto por el Protocolo II como por la Convención de Ottawa, esta última, que obligó al Estado colombiano a destruir las que se usaban antiguamente alrededor de guarniciones militares como estrategia de defensa.

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