Familia de tulueño secuestrado por el ELN pide pruebas de supervivencia

"Hace 15 días estuvo en Tuluá de descanso y lo hicieron ir ocho días antes de que terminara el permiso”, indicó Diana Marcela, una de sus primas.

Una familia del barrio Avenida Cali, en el municipio de Tuluá, está en medio de la angustia y la incertidumbre por el secuestro del soldado profesional Andrés Felipe Pérez Giraldo, a manos del ELN en hechos registrados en el departamento de Boyacá.

Luz Adriana Barrero, clamó para que el grupo subversivo le respete la vida a su primo, un joven tulueño que el próximo viernes 30 de octubre cumplirá 25 años y quien desde hace seis años se incorporó a las filas de las Fuerzas Armadas.

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"Él primero prestó el servicio militar en el Batallón Palacé de Buga y luego se enamoró de la carrera militar”, manifestó Diana Marcela Pérez, quien le exigió al grupo armado al margen de la ley que entregue pruebas de supervivencia de su hermano.

"Hace 15 días estuvo en Tuluá de descanso y lo hicieron ir ocho días antes de que terminara el permiso”, indicó Diana Marcela.

"La última vez que llamó a su mamá le dijo que orara mucho por él porque se iba para una zona con problemas de orden público y además que iba a estar incomunicado por que en esa región no había señal de celular”, indicó la prima del soldado tulueño secuestrado por el ELN.

Esta familia la hace un llamado al Gobierno Nacional para que haga lo posible para traer de vuelta a Andrés Felipe Pérez y a Antonio Rodríguez Clayder, el segundo soldado secuestrado por la guerrilla en esta acción. 

Los hechos que rodearon el secuestro del soldado sucedieron cuando once militares y un policía fueron asesinados por guerrilleros del ELN en la tarde de ayer en zona rural del municipio de Güicán, norte de Boyacá, mientras acompañaban una misión de la Registraduría Nacional que había llegado a la zona a recoger los votos de un resguardo indígena. 

Este martes la Dirección Nacional Antiterrorismo de la Fiscalía asumió la investigación por la muerte los uniformados, así lo confirmó el fiscal general de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo Torres.