“Falta control sobre agencias de inteligencia”: Representante de la ONU

El representante de la Oficina de la ONU en derechos humanos, Christian Salazar, advierte sobre los riesgos que enfrentan quienes retornan a sus tierras.

El aumento de las masacres por cuenta de las bandas criminales, el riesgo que viven los miembros de ONG y el abuso de algunos integrantes de la Fuerza Pública son las principales preocupaciones que plantea el último informe de la ONU con respecto a la situación de derechos humanos en Colombia. Christian Salazar, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para este tema, explicó las recomendaciones que plantea la entidad. Después de comparar el informe del 2010 con el de otros años, ¿cree que la situación de derechos humanos en Colombia mejoró o empeoró?Nuestra percepción general es que desde el año pasado el nuevo Gobierno ha tomado una serie de iniciativas políticas y legislativas prometedoras, pero a la vez eso contrasta con serias violaciones de derechos humanos que seguimos observando en el país.¿Es decir que hay voluntad del Gobierno, pero la situación sigue igual?La situación continúa siendo difícil y problemática, pero uno tampoco puede esperar que con un cambio de Gobierno y una experiencia de pocos meses cambie el país. Estamos hablando de una situación de Derecho Internacional Humanitario que se basa sobre un conflicto armado interno, un crimen organizado, una amplia impunidad y unas debilidades en las instituciones estatales. Todo eso no se va a solucionar de un día para otro.Uno de los temas preocupantes en el informe de la ONU son los homicidios contra defensores de derechos humanos, ¿qué propuesta le hacen al Gobierno en este sentido?Hemos recibidos denuncias, al igual que en años anteriores, de serios ataques, amenazas y homicidios en contra de defensores de los derechos humanos. La propuesta es que se mejoren los sistemas de protección a estas personas en el país. Nuestra impresión es que estos programas de protección están desbordados. Hay más de 600 estudios de riesgos represados y entonces se tardan muchos meses en emitir los resultados de los exámenes y las medidas que se deben tomar en cada caso. El informe también afirma que hubo un aumento del 40% en las masacres por cuenta, principalmente, de las Bandas Criminales. ¿Qué debe hacer el Gobierno para combatirlas?Para combatir estos grupos hay que ir más allá del aumento del pie de fuerza. Hacemos mucho hincapié en la lucha contra la corrupción en casos de tolerancia y la connivencia de algunos miembros de la Fuerza Pública, en ocasiones a nivel local, con estos grupos. Combatir esto con mucha más fuerza es importantísimo, porque si no se hace, no se avanza en la judicialización, pues a la gente le da miedo denunciar.¿Esta connivencia de algunos miembros de la Fuerza Pública son casos aislados o se han convertido en un fenómeno permanente?Es un poco difícil para mí categorizarlo así. No lo vemos como una política del Estado, porque ellos están combatiendo a estos grupos. Pero tampoco los casos que recibimos son uno o dos. Por eso es algo que merece una seria atención del Gobierno. Se han registrado asesinatos a desplazados que han retornado a sus tierras. ¿Le preocupa que esta situación se convierta en una nueva ola de violencia, sobre todo cuando cursa en el Congreso la Ley para la Restitución de Tierras?Me preocupa el retorno de las personas en el marco de la ley de tierras. Nos ha preocupado desde el inicio de esta política y le hemos dicho pública y privadamente al Gobierno que es una política que, si se implementa, va a ser importante para las víctimas, pero los riesgos son enormes.¿Qué cifras sobre el tema recoge específicamente este informe?En este informe mostramos cifras oficiales de asesinatos, de unos 1.500 desplazados desde en el 2007. Ahora que los líderes de los desplazados comienzan a retornar, las amenazas han sido múltiples. Y si el Gobierno quiere avanzar con esa política, debe darle el mismo peso a la restitución como a la protección de las personas.¿Cuál es la propuesta en este tema?Antes de cualquier acto de restitución, se debe hacer un análisis de riesgo profundo, donde confluya la información del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo. ¿Tampoco se están teniendo en cuenta las alertas tempranas que emite la Defensoría sobre los riesgos en algunas zonas del país?El de alertas tempranas es un excelente sistema de prevención porque observan la situación en los departamentos y hacen análisis de riesgos para advertir con anticipación, por ejemplo en el departamento del Córdoba, para que se tomen acciones. El año pasado sólo en la mitad de los casos le hicieron caso a la Defensoría. Entonces, la recomendación es muy simple: hacerle caso a estas alertas. El informe de la ONU resalta con preocupación que la Fuerza Pública cometió abusos durante el 2010 en contra de la población civil. ¿En qué casos específicamente?La práctica que destacamos es la ocupación de bienes civiles. La Fuerza Pública se mete en casas particulares y sobre todo en escuelas. Lo han hecho durante varios años y lo hemos estado informando. Esto es más grave de lo que puede sonar para la persona común, porque hemos tenido casos en los que apenas se va la Fuerza Pública, llega la guerrilla y mina la escuela. Son acciones de retaliación que ponen en riesgo a la población civil.¿Qué otros casos de abusos registra el informe?El otro es un tema de violencia sexual. Tenemos casos de todos los actores armados, tanto ilegales como de la Fuerza Pública, y en casi todos las víctimas son niñas. Por un lado, para ser justos, hemos visto que la Fuerza Pública ha tenido un trato adecuado en los casos de violencia sexual: han retirado rápidamente soldados, facilitando información a la Fiscalía y no culpando a las víctimas. ¿Cómo se puede evitar el abuso?Hace falta que se especifique la política de cero tolerancia a la violencia sexual, por ejemplo con instrucciones muy claras sobre qué debe ser el soldado y sobre lo que no debe ser. El Ministerio de Defensa nos informa que están trabajando en un reglamento, pero aún no lo hemos visto. El informe también registra casos de tratos degradantes por parte de la Fuerza Pública…Hemos recibido denuncias de algunas comunidades sobre tratos degradantes, incluso casos de tortura por parte del Ejército. ¿Continuaron durante el 2010 los seguimientos ilegales?Durante el año 2010 recibimos información sobre correos electrónicos, seguimientos, robos de información y manipulaciones de páginas web que, a veces, indican participación del Estado y de agencias de inteligencia. Por eso decimos que el problema de la inteligencia no es sólo del DAS, sino de falta de control en todas las agencias de inteligencia del país.¿Cree que las recomendaciones que hace la ONU en este informe serán tenidas en cuenta?Nuestras recomendaciones son de buena fe, basadas en lo que observamos de la realidad, y las compartimos con el Gobierno, los ministros y el Presidente. Hay ciertas áreas donde hay voluntad y los cambios a veces toman tiempo. Pero, en el caso de violencia sexual, nuestras recomendaciones aún no han sido tenidas en cuenta.