Exalcalde de Florida fue detenido por incumplir con entrega de obras a damnificados

Hugo Venancio Córdoba Bastidas, exalcalde del municipio de Florida, fue detenido este lunes por el delito de peculado por apropiación.

La Fiscalía, a través de un comunicado, informó que el exfuncionario deberá cumplir una medida de aseguramiento en la cárcel de Villahermosa de Cali.

Su detención se efectuó en su residencia en Florida, Valle. La medida de aseguramiento fue proferida por la Fiscalía 28 Seccional bajo los términos de la Ley 600 de 2000.

El ente acusador indicó que Venancio Córdoba habría suscrito un contrato con una firma constructora para edificar 95 viviendas que serían levantadas con un presupuesto de $700.000.000 del proyecto La Hacienda I etapa, destinado para las familias afectadas por la tragedia del río Frayle el 31 de enero de 1994. Sin embargo, el total de viviendas no se construyeron, "haciendo falta por construir 44 viviendas, fuera de las 30 casas que construyeron pero que no se entregaron, se deterioraron o fueron objeto del vandalismo", indicó la Fiscalía. En el 2007 integrantes de la Veeduría Ciudadana Simón Bolívar, quienes representaron a varios de los damnificados, denunciaron las presuntas irregularidades en el proyecto habitacional prometido.  "Se han encontrado falencias en la construcción del proyecto, al que no se la he dado cumplimiento total a las obras, dejando a varias familias a la intemperie, sin su techo. Otros beneficiarios confiando en la buena fe de los administradores de este municipio y de los ejecutantes del proyecto, por la demora en el inicio de las obras y haciendo uso de un documento público, construyeron sus viviendas de su propio bolsillo, confiados en el desembolso de su subsidio en efectivo como se les había prometido”, consignaron en la denuncia. El 19 de noviembre de 2003, mediante Resolución No 033, el Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda asignó $7.107.000 por cada vivienda  de interés social para los damnificados.  De acuerdo con lo expuesto en la denuncia de la Veeduría Ciudadana, "el entonces alcalde Hugo Venancio Córdoba Bastidas, por su omisión y acción, habría incumplido el convenio de cooperación y asistencia técnica celebrado con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud".  Para la Fiscalía, “con relación al delito de peculado, que este ofrece como denominador común el atentar contra el caudal de Estado a través del incumplimiento de los deberes que tiene aquel que ejerza la función pública, como en este caso el señor Hugo Venancio Córdoba Bastidas, quien habiendo asumido como la primera autoridad administrativa y policiva del municipio de Florida, estaba obligado a garantizar la efectividad de las obras, bien que vinieran pactadas por la otra administración o las que surgieran dentro de su administración”. Los hallazgos de la Fiscalía en el caso El ente acusador indicó que a diciembre de 2015 la investigación del CTI "permitió establecer que de los recursos autorizados por el alcalde Venancio Córdoba solo se invirtió la suma de $165 millones. Al parecer, faltó vigilancia y control directo por parte del mandatario local, facilitando que el contratista de la obra se quedara con los dineros, aportados por el PNUD, depositados en Fiduagraria". De igual forma, precisa la entidad que el Alcalde recibió, en su momento, el mandatario fue avisado por funcionarios de su administración de las dificultades por las que atravesaba el proyecto de viviendas para los damnificados del río Frayle, esto debido al retraso y la presunta negativa para nombrar un interventor.  “Facilitó (Hugo Venancio Córdoba) que se hiciera una inversión insuficiente y se apoderaran de una fuerte suma de dinero, sin considerar en la situación de calamidad en que se dejaría a unas familias, afectadas gravemente por esa tragedia natural", indicó la Fiscalía.  Señala el ente acusador: "El mandatario local certificó, además, haber recibido a entera satisfacción las casas que se comprometió entregar el contratista para reubicar de las familias damnificadas, “cosa que no fue cierta, no ejerció ninguna vigilancia efectiva y de haber atendido como era su deber constitucional y legal”.