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Empiezan interrogatorios por caso de supuestas 'chuzadas' al proceso de paz

El primero de los llamados será Juan Carlos Mejía, el representante legal de la compañía Buggly Haccker, local que servía como fachada para la operación 'Andrómeda' del Ejército.

5 de febrero de 2014 Por: Elpais.com.co | Colprensa

El primero de los llamados será Juan Carlos Mejía, el representante legal de la compañía Buggly Haccker, local que servía como fachada para la operación 'Andrómeda' del Ejército.

Luego de que el portal informativo de la Revista Semana destapara el que podría ser un nuevo escándalo de chuzadas en el país, la Fiscalía General de la Nación empezó a citar a los involucrados a interrogatorios y entrevistas. La intención es esclarecer el escándalo que amenaza con enlodar a miembros del Ejército. El primero de los llamados será el sargento en retiro Juan Carlos Mejía, (al parecer un nombre ficticio), quien aparece como representante legal de la compañía Buggly Haccker, la cuestionada oficina ubicada en el sector de Galerías, en el centro occidente de Bogotá. La diligencia estará en manos de un fiscal delgado ante el CTI. Con ella se pretende esclarecer si habría o no una violación de comunicaciones a los delegados del Gobierno en los diálogos de paz de La Habana (Cuba). Por los mismos hechos también serán llamados a entrevista el general Mauricio Zúñiga, jefe de Inteligencia del Ejército y el general Jorge Zuluaga, director de la Central de Inteligencia Técnica, quienes deberán explicar el inicio de la empresa de chuzadas. Ambos están temporalmente retirados de sus cargos. Lo que se ha podido establecer es que el ente acusador ha concluido que en efecto la fachada de la empresa Buggly Haccker sería legal y reconocida por el Ejército Nacional; sin embargo, las autoridades investigan si existen otros locales con el mismo propósito de los que no se descarta que estuvieran realizando chuzadas ilegales. Por ahora el ente acusador se encuentra analizando los 26 computadores incautados durante el operativo de allanamiento al restaurante fachada. Lo anterior confirma lo anunciado el martes por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien dijo que las investigaciones penales se centrarán en determinar si hubo o no una posible extralimitación en las funciones de los miembros del Ejército, quienes participaron en la denominada operación de interceptaciones ‘Andrómeda’.Por lo cual aseguró contar con la autorización de un Juez de Control de Garantías para hacer un examen “minucioso” de más elementos incautados, entre los que hay computadores, discos duros y memorias USB. “Allí nosotros vamos a verificar si las labores de inteligencia se limitaron a proteger la seguridad nacional o, por el contrario, se desviaron hacia actividades prohibidas en la Constitución Nacional, como injerir en derechos fundamentales como el derecho a la intimidad”, señaló Montealegre En ese sentido, explicó que aunque las supuestas interceptaciones estarían permitidas, éstas no podrían llegar a afectar la integridad de las personas. La Justicia Penal Militar también interviene en el casoDebido a que en las nuevas chuzadas estarían involucrados altos mandos del Ejército Nacional, se iniciará, por parte de la justicia Penal Militar, una investigación disciplinaria interna dentro del Ejército Nacional para esclarecer las actuaciones de quienes estarían involucrados en el escándalo. Así lo afirmó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien explicó que es necesario abrir las pesquisas pertinentes contra los militares involucrados en los hechos.Otra de las medidas anunciadas por el Ministerio fue el relevo del general Mauricio Zúñiga, jefe de inteligencia del Ejército, y del general Jorge Zuluaga, director de la Central de Inteligencia Técnica. En ese sentido, Pinzón anunció que esta decisión se toma mientras avanzan las investigaciones. Estas personas continuarán vinculadas al Ejército Nacional hasta que los procesos arrojen un resultado y determinen si ellos son responsables o no de interceptaciones ilegales.

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