El sistema carcelario en Colombia se encuentra condenado

Comisión Primera del Senado dice que corrupción en el sistema ya tocó fondo. Se denunció que al interior de los centros penitenciarios existen comercios ilícitos de elementos de comunicación, servicios básicos y alucinógenos.

La corrupción en el sistema carcelario del país tocó fondo. A esta conclusión llegó ayer la Comisión Primera del Senado, en donde se denunció que al interior de los centros penitenciarios existen comercios ilícitos de elementos de comunicación, servicios básicos y alucinógenos, sin que haya un control efectivo de los guardias del Inpec para prevenir estos hechos.El citante al debate, senador liberal Juan Manuel Galán, hizo serias denuncias en torno a que existen ‘negocios’ irregulares que, presuntamente, son auspiciados por la guardia.“Tenemos información de que algunos presos tienen que pagar hasta $2 millones por una celda”, dijo Galán, quien denunció además que en la cárcel La Picota “un interno tiene que pagar $5.000 a los guardianes por el servicio de agua”.Luego de presentar pruebas testimoniales, Galán aseguró que los cursos que dicta gratuitamente el Sena al interior de los penales son negociados. “Un ejemplo es la cárcel de Ibagué, donde por un curso de carpintería, que tiene 50 cupos, cobran $1 millón por cada uno”.Añadió que “un Black Berry, para usarlo en una cárcel, cuesta cerca de $30 millones, mientras que un cigarrillo se vende hasta por $6.000. Una botella de whisky puede costar hasta $700.000”.Añadió que hay cárceles, como la de Cúcuta, en donde no hay servicios sanitarios y agregó que en materia laboral los funcionarios del Inpec también son damnificados, debido a que “un empleado público debe trabajar por mucho 48 horas, mientras que un guardián trabaja 140 horas semanales. $168.000 es el salario base de un dragoneante y con bonificaciones y otros recibe un poco más de $1.700.000”.De la misma manera, denunció que en Colombia existe “un guardián por cada 500 personas. Antes hemos sido muy de buenas y no ha pasado una tragedia o un motín”.Por su parte, el senador del Polo Parmenio Cuellar aseguró que el hacinamiento en el sistema es del 30,7% y se calcula que el Gobierno invierte poco más de $1.000.000 al mes por cada interno.Denunció que existen muchos privilegios como los que tienen los internos de la parapolítica. Incluso reveló que tras las rejas nacieron partidos políticos como “ADN, PIN y MIO sin que haya controles”, a lo que el senador del PIN Juan Carlos Rizzetto refutó lo dicho por su colega, al argumentar que si bien su partido ha sido relacionado con los paramilitares “hasta hoy ningún miembro ha sido condenado”, por lo que lo conminó a que “aquí no tenemos que adelantar un debate con colores políticos, sino analizar la situación carcelaria del país”.Todo seguirá igualLuego de escuchar las denuncias, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, presentó un panorama pesimista de la situación. “Se tienen todas las limitaciones en recursos y en cárceles. Estamos rondando el 30% de hacinamiento y solamente tenemos $60.000 millones para nuevos centros carcelarios para 26.000 internos”, dijo el Ministro, quien paso seguido aseguró que “lamentablemente tengo que decirlo que vamos a seguir igual a como estamos hoy día. No avanzaremos un solo paso”.Según el Ministro “se requieren poco más de $1,5 billones para solucionar el problema”, pero se mostró optimista con el acuerdo que firmó el Gobierno con la CAF para la construcción de 6 ó 7 megacárceles que tendrían cada una capacidad para 4.500 internos.No obstante, aseguró que de continuar la actual situación “estaremos en las mismas condiciones de sobre población cuando termine el cuatrienio, pese a las medidas que se tomen”.El director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, sobre las denuncias dijo que “es un problema de antaño” y añadió que “con el tema de estupefacientes, desde las épocas de la Colonia existe este fenómeno”.Sindicatos del Inpec están en la miraEl senador Juan Manuel Galán denunció que muchos de los miembros del Inpec se escudan en el fuero sindical para evadir sus responsabilidades disciplinarias. “Se debe levantar el fuero sindical cuando se cometan irregularidades, porque por ese fuero es que no se concluyen las investigaciones”, dijo.Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que “no tengo nada contra el sindicalismo, mal lo hiciera en mi condición de abogado”.Sin embargo, dijo que el Inpec tiene 10.800 funcionarios, de los cuales 1.300 son aforados sindicales que están afiliados a los 37 sindicatos que existen en esta entidad. Paso seguido denunció que estos aforados han tenido más “de 7.000 días de permiso sindical”, por lo que añadió que “mi crítica radica en contra de los funcionarios que son inferiores a sus responsabilidades”.Y, al referirse a las denuncias, enfatizó: “No acepto que estas personas sean inferiores al sistema del Estado. Si hay guardianes que quitan los servicios públicos les tienen que caer todo el peso de la ley”.