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El ‘paseo judicial’ agota a jueces y fiscales de Cali

Más de 200 juzgados funcionan en 14 incómodas sedes desde la bomba de 2008. Mientras la reparación del Palacio de Justicia sigue en veremos, abogados y usuarios se pierden en un laberinto kafkiano

1 de mayo de 2011 Por: Alda Mera Reportera de El País

Más de 200 juzgados funcionan en 14 incómodas sedes desde la bomba de 2008. Mientras la reparación del Palacio de Justicia sigue en veremos, abogados y usuarios se pierden en un laberinto kafkiano

Un una alcoba para dos se acomodan, o se incomodan, doce personas citadas para una audiencia. Demandantes, demandados, abogados de la parte y de la contraparte y funcionarios estrechan su humanidad en el recinto, mientras Mauricio Toro Ospina, juez primero laboral adjunto, en la puerta, les toma juramento a dos testigos para que digan la verdad.Y la verdad parece derretirse con el calor de las lámparas y los equipos, mientras dos técnicos tratan de arreglar un aire acondicionado que el juez y un colega suyo compraron, aportando $600.000 cada uno. Afuera las personas esperan de pie y los abogados litigantes hacen fila para poder revisar el estado de los procesos.La escena ocurre en el tercer piso del Edificio Entreceibas, cerca a la Avenida Colombia, en uno de los 24 juzgados laborales adjuntos que desde marzo fueron asignados para tratar de agilizar la operatividad de ese ámbito judicial en Cali. El abogado Javier Ruiz lleva documentos al juzgado contiguo. El secretario los recibe y con angustia existencial los deja entre un laberinto kafkiano de expedientes arrumados. El litigante se pasa el pañuelo por la frente. Viene del Edificio Arboleda, que está a tres cuadras, ha subido escaleras a pie porque los ascensores sólo son para cuatro personas, cuando funcionan.Y lo espera otra audiencia en otra de las catorce sedes en las que quedó despiezada la justicia de Cali ese 31 de agosto del 2008, cuando una bomba explotó frente al Palacio de Justicia.Ruiz llega al Edificio Garrido. El panorama es igual. Viejos apartamentos tomados en alquiler y adaptados como oficinas y juzgados, con estrechez y hacinamiento de funcionarios y de usuarios mientras reabren el Palacio. Eso lo obliga a correr porque trabaja con un buffete de abogados que maneja 240 casos.Mario Felipe Arias, secretario de uno de los más de 200 juzgados donde se busca resolver los conflictos de Cali, está esperanzado en la pronta reapertura del Palacio de Justicia. “Ya aprobaron la adición presupuestal que faltaba. Y me imagino que debe faltar poco, la obra blanca, para podernos pasar”, dice.Imagina mal. Las obras de remodelación del Palacio van en un 50%. Clara Inés Ramírez, directora ejecutiva administración judicial Valle, confirmó que en la Torre B, están terminados del piso 1 al 9, pero en los pisos del 10 al 18, más los dos sótanos y los cinco pisos de la Torre A, no se ha empezado obra todavía.Por eso Álex Tenorio, secretario, desconfía. “Nos dijeron que en 2010 y han venido corriendo la fecha. Ahora dicen que en enero, que hay unos despachos listos, pero por lo que se ve, no creo”, dice. Si el ruido del tráfico de la Avenida Colombia era insoportable antes del hundimiento, el de la maquinaria que adelanta la obra, es peor. Y no pueden cerrar las ventanas porque quedan en un sauna.“El Palacio está quedando muy bueno, bonito, los primeros siete pisos están terminados”, dice un juez en el Edificio Garrido, “se supone que en enero ya estaremos allá”, pero su gesto lo contradice. No se lo cree ni él mismo. A pie y en taxiLa abogada Marisol Duque sale del Edificio Garrido y va al Edificio Arboleda, a pie, como lo hace la mayoría de litigantes por el cierre de vías del centro. En el trayecto es común ver empleados de despacho que patinan expedientes o documentos de una sede a otra. En las gradas del piso 6 esperan ocho personas que vienen desde Pance para una audiencia programada a las 9:00 a.m. y son las 10:20 a.m., pero la Fiscal no llega. Las distancias causan retrasos, explica un abogado defensor. Como cuando funcionarios o litigantes tienen audiencia en la Fiscalía de El Mundo de los Niños o en una sede del Norte. Las escenas son macondianas. Un investigador que participará en la audiencia baja “a tomar el aire” al andén del frente y espera para subir que desde el balcón le den el santo y seña de que llegó la fiscal. Cuatro mujeres sentadas en las gradas de un amoblado de la Calle del Pecado, diagonal al edificio, no esperan clientes, sino una diligencia judicial.Ahora que va para el Edificio Bellini, en el barrio Granada, la abogada Duque toma un taxi para continuar lo que los litigantes llaman ‘el paseo judicial’ y que les cuesta hasta $50.000 diarios.Archivos en alacenas, oficinas en cocinas integrales que envidiaría una ama de casa, expedientes en lavaplatos o mesones, es el paisaje recurrente en los 29 juzgados civiles que allí se atiborran en ocho apartamentos de uso familiar, adecuados para la situación atípica.Una jueza despacha en el cuarto del servicio. Si uno de los once funcionarios desea ir al baño, debe esperar una o dos horas que toma una audiencia. Otra jueza expresa su preocupación al tener que compartir el ascensor con los sindicados custodiados por los guardias del Inpec. “Aquí hay buena vigilancia privada, pero no existen los recursos técnicos para garantizar nuestra seguridad”, dice. Por ello, otra colega confiesa que compró su propia cámara de seguridad en $350.000, pero ésta sólo la cubre en su despacho. Luis Alfredo Núñez López, secretario de juzgado hace 22 años, admite que a él le tocó pasar de ‘playa alta’ (Palacio de Justicia), a ‘playa baja’, en un estrecho pasillo. “Uno tiene que aceptar y adaptarse a las condiciones, al menos tenemos dónde trabajar porque estuvimos seis meses vacantes”, pero se cuestiona: “dicen que la seguridad interna del nuevo Palacio va a ser la mejor, pero ¿cómo será la seguridad afuera, si alrededor todo sigue igual, quién nos garantiza que vamos a estar seguros?”.Las apartaoficinas de BambúLa abogada Marianella Villegas se desplaza a Bambú, un edificio de apartaestudios en Versalles. Revisa el estado de los procesos en la cartelera, que está a sol y agua en el despacho del primer piso.Sube las gradas ‘gallinero’: estrechas y en cada escalón ni siquiera cabe el pie. Una anciana espera en un estrecho pasillo “para no tener que volver a bajar y a subir”. Es vox populi que en 2010 una señora cayó de esas gradas y la semana pasada hubo otro incidente. Por ello, el juez Felipe Santiago Restrepo ha dado instrucciones de bajar desde el sexto al primer piso para atender a discapacitados y adultos mayores.Doce funcionarios se apiñan en 42 metros cuadrados. Dos laboran literalmente con el sol a la espalda que entra por un ventanal fijo, que no se puede abrir. Con abogados y público, el clima es asfixiante. Un abogado sostiene que con las condiciones en las que trabaja el aparato judicial de Cali no se le puede dar al público la atención que se merece ni menos a los funcionarios. “Y fácilmente se puede refundir o perder un expediente”, dice.“Aquí tocó sacrificarnos a todos y todos ponen su cuota de sacrificio; el Consejo seccional ha hecho los mayores esfuerzos para la reconstrucción del Palacio, se ha avanzado en la medida en que llegan los recursos, pero la solución la tienen en Bogotá”, dice el juez Restrepo.El sustanciador Wilderson Salas recuerda que estuvieron a punto de tomar en alquiler el colegio de la Sagrada Familia, donde cabían los 50 juzgados civiles, pero la gente de El Peñón se opuso. “Cuando necesitan de la justicia, sí somos buenos, pero cuando lo necesitábamos, la sociedad fue poco solidaria con nosotros”, señala.Funcionarios reclaman por la negligencia del Estado, pues entidades como Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, que tenía inmuebles desocupados, no los facilitó. Los ofreció, pero en alquiler. Igual el Municipio, pero a la directora ejecutiva Clara Inés Ramírez jamás le llegó el listado de posibles sedes: “La Alcaldía nos ofreció unos pocos apartamentos en el Edificio San Marino, pero estaban en pésimas condiciones e imposibles de ocupar”, recuerda. Salas critica que el bloque parlamentario del Valle no haya actuado desde 2008 para garantizar los recursos: “Como la rama judicial no es un fortín político y no da votos, hemos sido ignorados”.Sin embargo, la Directora ejecutiva declaró que fueron los congresistas del Valle, con la Cámara de Comercio, quienes convocaron el pasado 16 de abril al Ministro del Interior y demás autoridades para tocar el tema. “Fue una reunión muy productiva en la que el Gobierno Nacional nos garantizó la adición de $14.600 millones de $18.600 millones faltantes para terminar el Palacio. Y la Gobernación y la Alcaldía se comprometieron con $500 millones y $600 millones respectivamente”.El Consejo Superior de la Judicatura había asignado los $18.600 millones, pero dependía de lo que se captara por arancel judicial; “es decir que podían pasar cinco o más años porque el promedio de captación es de $60 millones al mes. Ahora el Ministro se comprometió a girar ese dinero el 3 de mayo para ejecutar de inmediato”, dice la ejecutiva. Los ingenieros calculan que en once meses terminarían las obras.Entre tanto, la abogada Villegas toma el último taxi del día hacia el Edificio Américas y concluir su ‘paseo judicial’. Que se repetirá mientras la justicia caleña siga ‘despedazada’ por la bomba de 2008 y aparezcan los recursos para terminar la remodelación del Palacio de Justicia.

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