El pais
SUSCRÍBETE

"El Estado nunca se había volcado a mirar a Buenaventura": Defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora asegura que sigue el desplazamiento en el Puerto. Dice que la ONU no rajó a Colombia en DD.HH. y en materia de paz prefiere guardar silencio.

7 de marzo de 2013 Por: Fenner Ortiz R. | Reportero de El País, Bogotá

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora asegura que sigue el desplazamiento en el Puerto. Dice que la ONU no rajó a Colombia en DD.HH. y en materia de paz prefiere guardar silencio.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, es categórico: no se pronuncia sobre el proceso de paz y dice que los funcionarios que hablan del mismo le hacen “un flaco servicio al país” al referirse al tema.Habla sin rodeos. Reconoce que sólo hasta hoy el Gobierno volteó a mirar la situación de Buenaventura, esa que un miembro de la ONU comparó con algo tan aterrador como el mismo Congo. Aunque no cree que la ONU haya rajado al país en Derechos Humanos, Otálora advierte que hay falencias en la protección de líderes campesinos. ¿Qué opina que Colombia se siga rajando en Derechos Humanos?Yo no lo miraría tanto como que Colombia se ha rajado. Si uno analiza detenidamente el informe de Naciones Unidas, se da cuenta que no se raja al país como se ha querido plantear. El informe hace unos reconocimientos importantes, lo divide en tres partes, pero dentro de esos reconocimientos uno de ellos hace referencia a la Ley de Víctimas y de Tierras, por ejemplo. Así como se hace ese reconocimiento, le están llamando la atención a Colombia y si se utiliza el término de rajar es sobre el tema de las amenazas a los líderes de víctimas y tierras. Es paradójico que por un lado felicitan al país por tener una política en beneficio de las víctimas; pero ya en la aplicación de esa ley, se corre el riesgo de que las personas que tienen ilegalmente esas tierras no quieran entregarlas y se opongan la política del Estado. Eso implica que va a haber líderes amenazados. Y, ¿la protección de esos líderes?A esa pregunta es a la que tenemos que dedicarnos como Defensoría, que cuando tenemos víctimas que hacen estas denuncias concurrimos al Estado para que ejerza su actividad de protección. Desde esa óptica, creemos que estas víctimas están siendo protegidas o el Estado les ha brindado caminos para solucionarles esos temas.Usted habla de reconocimientos, pero ¿qué pasa con las violaciones a los Derechos Humanos que cometen las Bacrim y demás grupos ilegales?La Defensoría ha estado denunciando públicamente, convocando al Estado a través de sus instituciones llámense Fuerza Pública, ministerios para que lleguen a determinadas regiones. Una de ellas es Buenaventura. Como ustedes mismos comunicaron, en nuestra visita se denunció públicamente y se logró volcar la atención del Estado hacia este municipio. Primero que todo reconociendo la situación, el Estado nunca se había volcado a mirar a Buenaventura, no estoy diciendo que ya estén solucionados los temas. Hay que tener claras las denuncias que hemos hecho de la multiplicación de estos grupos armados ilegales, en noviembre cuando se hizo la visita encontramos una situación muy lamentable, tanto que el alto Comisionado de Naciones Unidas dijo que era lo más parecido al Congo que había visto. Entonces, ¿cómo está la situación de Buenaventura en este momento?Creo que hemos avanzado. Primero, que el Estado está mirando para allá. Por iniciativa de la Defensoría logramos que la Comisión de Alertas Tempranas (Ciat) sesionara allá. Se ha informado que muchas de las cabezas del grupo armado ilegal ‘La Empresa’ han sido capturadas, claro que hay mucho trabajo por hacer, pero parto de la base que por las denuncias que se han hecho al menos hemos visto una reacción por parte del Estado. Hay que determinar, a través de un estudio, cuál ha sido el papel del Estado, ¿pasivo?, lo mismo con las Fuerzas Militares si han actuado o no, si hay capturados o no frente a las denuncias. Claro, quedan reductos y en algunos sectores se han fortalecido esos grupos; en su momento se denunció lo de ‘La Empresa’ y de los ‘Urabeños’. Además me dicen que hay otro grupo que quiere hacer presencia allá, ‘Los Machos’.Ustedes denunciaron hace más de un año la incursión de los ‘Urabeños’ en el Valle, pero el Gobierno no lo reconoció, entonces ¿en qué quedan las alertas tempranas?Mire, esa pregunta en varios escenarios nos la han hecho y nos dicen ¿qué sacan ustedes con hacer alertas tempranas y no pasa nada? No, hacia el futuro pasa y mucho. La dimensión de una alerta temprana muy poca gente la ha captado, porque si la hacemos y Dios no lo quiera sucede lo que se alertó, las implicaciones jurídicas que eso tiene contra el Estado, no solo de demandas de indemnización por las fallas del Estado por no haber actuado, sino incluso de vinculación de representantes de las Fuerzas Militares que deberían haber actuado en las regiones y no han actuado. Insisto, se hizo la alerta de ‘los Urabeños’, pero el Gobierno no atendió...Creemos que todavía hay presencia de esos grupos y ese será el informe que haremos en su momento, porque nosotros emitimos la alerta y nuestra obligación es emitir una orden de seguimiento que periódicamente informe sobre qué ha pasado, si siguen esos grupos ahí o no. Si siguen, volvemos a mencionarlos y volvemos a convocar al Estado y denunciamos las actividades de estos grupos.¿Cómo ha avanzado el Gobierno con el mandato de la Corte Constitucional con respecto a los desplazados?Pues es un tema que quiero verificar, porque en nuestra visita del 15 de noviembre denunciamos y tuve la oportunidad de verificar el desplazamiento intraurbano de que era víctima Buenaventura. Las cifras que se manejaban en ese entonces eran 4.500 víctimas. Me dicen que sobre esa denuncia ya el Estado ha tomado algunas cartas, pero este año tenemos brotes de desplazamiento con índices preocupantes. Con el tema nacional, esta semana lo analizaremos con el Ministerio del Interior ante la Corte Constitucional.¿Cómo ve la expectativa que existe en el país con el proceso de paz?En eso he sido reiterativo, en el proceso de paz como Defensor del Pueblo no quiero emitir ningún pronunciamiento, porque es un tema tan importante que el Constituyente se lo dejó al Presidente, quien puso unas reglas de juego y así se están cumpliendo y es negociar en medio del conflicto. Luego, los únicos autorizados para evaluar son los voceros oficiales. Siempre he hecho una recomendación a los funcionarios públicos y es que le hacemos flaco servicio al país y generamos un perjuicio cuando hacemos comentarios sobre la paz.Al margen de La Habana, ¿cómo está el tema del reclutamiento forzado?Hemos denunciado el tema de reclutamiento de menores. Ese reclutamiento es producto no solo del enfrentamiento de la guerrilla sino de estos grupos armados ilegales que también están cayendo en ese escenario de reclutar.Algunos sectores criticaron la designación del defensor del Valle del Cauca Carlos Hernán Rodríguez porque aseguran que él es de la corriente de Juan Carlos Martínez...En materia de designación de defensorías regionales he ascendido algunos y los demás los he venido observando desde un perfil particular. El doctor Rodríguez lleva más de 20 años vinculado a la academia; segundo como contralor hizo muchas denuncias importantes; tres no tengo ninguna cercanía política y menos con esa clase de grupos, pero el señor estuvo ternado, si no estoy mal, por la Corte Suprema para ser Auditor General, o sea que es una persona que tiene un recorrido, un bagaje y que además es de la región.

AHORA EN Judicial