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Detenidos en el CTI de Buenaventura protestan por hacinamiento

El número de capturados que siguen en las celdas de esta entidad ha aumentado, como consecuencia del paro que adelanta el Inpec a nivel nacional.

26 de agosto de 2014 Por: Redacción de El País Buenaventura

El número de capturados que siguen en las celdas de esta entidad ha aumentado, como consecuencia del paro que adelanta el Inpec a nivel nacional.

Luego de 15 días de estar en las celdas de detención del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, más de 25 detenidos protestaron por las condiciones en las que permanecen, pues no han podido ser trasladados a centros penitenciarios por el paro del Inpec. 22 de los detenidos tienen medidas de aseguramiento y el resto están pendientes de audiencia de judicialización, explicaron funcionarios del CTI en el puerto.Esta situación viene generando protestas de los recluidos, que ha obligado a la Policía a realizar operativos en los alrededores del edifficio del CTI, ubicado en el centro de Buenaventura, para prevenir posibles fugas."Estas carceletas o celdas tienen solo capacidad para cinco personas como máximo. Entendemos la inconformidad, pero esta situación se origina en la imposibilidad de llevarlos a la cárcel por las situciones conocidas de la protesta que lleva a cabo el Inpec a nivel nacional", dijo el subdirector del CTI en el puerto, Yoleider Ibañez.Por su parte, familiares de los recluidos reclamaron la presencia de la Personería y la Secretaría de Salud. "No está pasando nada con ellos, duermen más de diez en un calabozo, encima uno de otro, es muy grave la situación", dijo Ana Lida Rivas, madre de uno de los detenidos.Igualmente, familiares de un joven sindicado de dar muerte a un carnicero, que también se encuentra en las celdas del CTI, afirman que esta persona es inocente."Hay testigos en el barrio que dicen que él estaba en su casa cuando ocurrió el crimen que le quieren endilgar", indicaron, al tiempo que reclamaron mejores condiciones para los hacinados.La protesta de los guardianes del Inpec inició el pasado 21 de agosto, con el fin de denunciar lo que consideran abandono administrativo hacia el sistema carcelario. Por esta razón, los funcionarios no realizan traslados de internos, ni siquiera a audiencias judiciales, excepto en casos excepcionales, como consultas médicas de urgencias.

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