Dejan en libertad a excontralor de Bogotá investigado por 'Carrusel de la Contratación'

De acuerdo con la justicia, el exfuncionario Miguel Ángel Moralesrussi no representa un peligro para la sociedad, por lo que no se requiere que continúe vigente la medida de aseguramiento.

Un juez de conocimiento de Bogotá dejó en libertad al excontralor de la capital Miguel Ángel Moralesrussi, investigado por el escándalo del 'Carrusel de los Contratación' en Bogotá.

Para el despacho, el exfuncionario no representa un peligro para la sociedad, por lo que no se requiere que continúe vigente la medida de aseguramiento, mientras Moralesrussi enfrenta un juicio por dos casos relacionados con el 'Carrusel'.

Además, lleva privado de la libertad más de cuatro años sin que se profiera una sentencia. "Había solicitado que se levantara la medida de aseguramiento durante 14 oportunidades, la libertad es inmediata aunque el proceso continúa. Determinaremos si habrá la posibilidad de solicitar otra medida de aseguramiento por el proceso de las ambulancias", dijo el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Valbuena. 

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De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario habría recibido dineros para omitir sus funciones como contralor, lo que habría permitido irregularidades en contratos relacionados con la malla vial y el servicio de ambulancias de la capital. 

Para la Fiscalía serían 700 millones de pesos los que Moralesrussi habría recibido del contrato de las ambulancias en 2009, el cual tenía un costo de 67 mil millones de pesos, y otros 500 millones en efectivo por parte del excontratista Julio Gómez, quien adjudicó contratos del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, para obras de la malla vial. 

Al exfuncionario la Fiscalía le había imputado cargos por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y prevaricato por omisión, cargos por los que enfrenta dos juicios. 

Moralesrussi también es investigado por su presunta participación en las irregularidades relacionadas con los procesos de contratación de distintas obras publicas iniciadas en el año 2007 por parte de Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, fase III de Transmilenio más, malla vial y valorización.