Definen una política de Estado contra los 'falsos positivos'

Definen una política de Estado contra los 'falsos positivos'

Junio 13, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa
Definen una política de Estado contra los 'falsos positivos'

El vicepresidente de la República, Angelino Garzón; la fiscal General, Vivianne Morales y el ministro de Defensa Rodrigo Rivera participaron durante la definición de medidas contra la impunidad en los 'falsos positivos'.

El Gobierno presentó quince medidas contra la impunidad en casos de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Un compromiso contra la impunidad en casos de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, por parte de integrantes de la Fuerza Pública, asumió este lunes el Estado con la firma de un documento que contiene 15 medidas que buscan facilitar la interacción entre la Fuerza Pública con la Fiscalía y la Procuraduría y hacer un seguimiento estricto a las quejas, denuncias y procesos en curso sobre este tipo de casos.El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, denominó las medidas tomadas como una política de Estado y no sólo el cumplimiento del deber del Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Procuraduría.“Hoy no hay una política de Gobierno, hoy hay una política de Estado que es la que tenemos que consolidar (…) Cero tolerancia en el Estado a la lucha contra la ilegalidad. No permitiremos que en el Estado, so pretexto de combatir la ilegalidad terminemos haciendo prácticas propias de los ilegales”, señaló Garzón.En el mismo sentido se expresó el jefe de la cartera de Defensa, Rodrigo Rivera, quien señaló que “la lucha contra la impunidad no es tarea exclusiva de los órganos que administran justicia sino un propósito del Estado al que deben contribuir las Fuerzas Militares y la Policía Nacional atendiendo con diligencia los requerimientos de fiscales, jueces y autoridades disciplinarias”.Entre las medidas anunciadas por Rivera se encuentra la creación de un mecanismo entre la Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar(JPM) de un mecanismo que permita dirimir las controversias sobre la competencia en un respectivo caso. Según el representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Christian Salazar, la JPM tiene más de 500 casos todavía que pueden constituir violaciones a los Derechos Humanos o ejecuciones extrajudiciales.Se ordenó hacer un monitoreo de cada caso de presunto ‘falso positivo’, de las denuncias o quejas existentes al respecto y la elaboración de informes por parte de los Inspectores de las Fuerzas militares y de Policía que apoyen a la Fiscalía. Igualmente, harán y entregarán a las autoridades verificaciones de los procedimientos de las operaciones militares.Según Rivera, las medidas se extienden a la conducta de quienes se hayan desempeñado en unidades militares o de policía en periodos respecto de los cuales se conozca información sobre presuntas graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH.“Una de las principales medidas es la adopción de una directiva sobre archivos operacionales. Con ella nos proponemos garantizar la existencia del acervo probatorio que permita acreditar cómo se realizó una operación militar sobre la que se denuncia una supuesta violación de derechos humanos o infracción del DIH”, indicó Rivera.Las medidas anunciadas1. Monitoreo a casos con queja en la Justicia Penal Militar: La Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar implementará un sistema de seguimiento y monitoreo a casos especiales donde se haya presentado queja, con el fin de asegurar una administración de justicia eficaz y conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y a la ley.2. Fortalecer la JPM con apoyo de la Oacnudh: A través de un proyecto de cooperación técnica con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se buscará fortalecer la justicia penal militar, para que cumpla sus funciones en el marco de su competencia.3. Plan de Impulso de Revisión de Competencias, PIRC: En aquellos casos en los que exista duda sobre la competencia de la justicia penal militar para adelantar una investigación, se conformará una mesa técnica que servirá de espacio de comunicación y análisis conjunto entre los funcionarios de la jurisdicción penal militar y la jurisdicción ordinaria, con participación del Ministerio Público.4. Apoyo permanente a la Fiscalía: Los Inspectores de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deberán garantizar la respuesta inmediata, completa y eficaz en el marco de lo dispuesto por la ley a las solicitudes que realice la Fiscalía General de la Nación, en el marco de investigaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH. Sin perjuicio de la reserva sumarial, deberá también hacer seguimiento permanente al desarrollo de tales investigaciones.5. Comisiones de Inspección: Cuando se conozca una denuncia o queja por un supuesto caso de grave violación a los derechos humanos o infracción al DIH, se integrarán Comisiones de Inspección que deberán verificar el cumplimiento de los procedimientos operacionales y elaborar informes confidenciales cuyos hallazgos deberán ponerse en conocimiento de las autoridades penales y disciplinarias competentes.6. Seguimiento a medidas correctivas: La Inspección General de las Fuerzas Militares, de la respectiva Fuerza o de la Policía deberán hacer seguimiento periódico para asegurar que se hayan adoptado y cumplido las medidas correctivas y controles necesarios que se deriven de aquellos casos en que se ha presentado una grave violación a los derechos humanos o una infracción al DIH.7. Monitoreo a unidades militares y policiales: Los Inspectores Generales del Comando General, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional deberán hacer seguimiento especial a las unidades militares o de policía donde se hayan presentado quejas o denuncias.8. Monitoreo a integrantes de la Fuerza Pública: Se hará un monitoreo especial sobre la conducta de quienes se hayan desempeñado en unidades militares o de policía en periodos respecto de los cuales, con relación a tales unidades, se conozca información sobre presuntas graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.9. Monitoreo a recepción y trámite de quejas: El sistema de monitoreo y seguimiento a las quejas, será responsabilidad de los respectivos inspectores generales y tendrá como objetivos detectar las unidades que han sido objeto de quejas, identificar las modalidades de presuntas violaciones a los derechos humanos y adoptar medidas de prevención focalizadas.10. Directiva de archivos operacionales: Para garantizar la existencia del acervo probatorio que permita acreditar cómo se realizó la operación militar respecto de la que se denuncia una supuesta violación de derechos humanos o infracción al DIH, se expidió la Directiva 11 de 2011, que unifica criterios para el manejo y preservación de los archivos operacionales.11. Estudio de casos con CICR: Implementación de un Comité de alto nivel creado por la Directiva 13 de 2010 y conformado por el Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, los Inspectores Generales de las FF.MM., el Inspector General de la Policía Nacional y el CICR, con el fin de evaluar quejas documentadas en terreno y hacer recomendaciones y ajustes a la política de prevención de tales conductas y de lucha contra la impunidad.12. Comité de Verificación: El Ministro de Defensa convocará periódicamente reuniones con el fin de revisar conjuntamente los informes y la situación de las quejas. En dichas reuniones se adoptarán las medidas que se consideren necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de los miembros de la Fuerza Pública.13. Reubicación de detenidos: Con el fin garantizar la comparecencia a los procesos judiciales se reubicarán los detenidos en los centros de reclusión militar cercanos a los despachos en los que se adelantan en su contra investigaciones penales.14. Manejo y control de cárceles en cabeza del Ministerio de Defensa y el INPEC: Implementación y monitoreo de las 35 medidas recomendadas por la Comisión Transitoria de Verificación, orientadas a garantizar que los centros de reclusión militar estén regidos rigurosamente por las normas penitenciarias y carcelarias.15. Garantía del debido proceso y el derecho a la defensa: El Ministerio de Defensa promoverá la aprobación por parte del Congreso de la República de una legislación que garantice la defensa técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública.

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