Defensoría Regional del Pueblo pidió celeridad para obras del Buen Pastor

La antigua cárcel puede brindar espacio para 400 menores infractores y esto aliviaría la crisis que vive la ciudad por falta de cupos de adolescentes que cometen delitos.

Once meses después de que el Instituto de Bienestar Familiar (Icbf) y los gobiernos Municipal y Departamental se comprometieran a trasladar a 400 menores a la antigua cárcel del Buen Pastor, hasta hoy sólo se ha recluido a 102 adolescentes, la cuarta parte de lo acordado. Dicho anuncio se hizo el 6 de octubre del 2010, luego de que el Juzgado 19 del Circuito Penal de Cali les ordenara crear nuevos cupos para los menores que estaban en el Centro de Servicios Judiciales de Adolescentes. La decisión obedecía a una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo por problemas de seguridad.El 8 de octubre de ese mismo año, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el Secretario de Gobierno del Valle, Rodrigo Zamorano, se comprometieron a habilitar el Buen Pastor, una cárcel que tiene capacidad para 400 internos. Cinco meses más tarde, en marzo de este año, la Alcaldía informó que al centro habían sido llevados los primeros ocho jóvenes. El plantel tenía cupo para 30. Sin embargo, el traslado de menores se estancó y hasta hace seis días sólo 102 adolescentes permanecían en el lugar.“Sí hay avances”Frente a esta situación, el director regional del Icbf, John Arley Murillo, explicó que durante este año se han creado 196 cupos para menores en el Buen Pastor y en el Centro de Formación Valle del Lili, entidad que alberga a la mayoría de jóvenes infractores en la ciudad.Según el funcionario, este martes ingresarán otros 20 jóvenes a la antigua cárcel de menores y en un mes y medio habrá espacio para 231. Insistió en que las obras para ampliar los cupos ya se han ejecutado en un 80%. “En los trabajos se han invertido $2.900 millones, la Alcaldía aportó $500 millones y la Gobernación dio el lote y otros $250 millones”, afirmó. No obstante, El País conoció que la Defensoría del Pueblo ha recibido varias denuncias de abogados y padres de los menores infractores que señalan que en el Buen Pastor aún hacen falta adecuaciones en las zonas destinadas a las actividades lúdicas, educativas y de trabajo. Fuentes sostienen que el patio donde los jóvenes hacen ejercicio es tan estrecho que apenas pueden moverse. Murillo respondió que estas áreas están construidas y cumplen con las especificaciones legales.Para Carlos Eduardo Cortés, asesor de gestión del grupo de infancia y adolescencia en la Defensoría del Pueblo, es evidente que ha habido lentitud en las obras de adecuación del lugar. “Se ha cumplido el fallo del juzgado en una parte, porque ha habido inversión del Icbf y las administraciones, pero se han tardado mucho en terminar”.Cortés también criticó la falta de resocialización para los jóvenes. “Ellos están allí unos cinco meses, mientras el juez decide si los sanciona o no. Y si en este tiempo ellos no cuentan con las herramientas suficientes ni los espacios adecuados, no van a tener un proceso de resocialización serio”. Aunque hay quienes insisten en que dicho proceso no sólo debe resolverse en estos centros. “Se necesita que los menores tengan una familia que los apoye y unas oportunidades de empleo”, declaró el secretario de Gobierno del Valle, Rodrigo Zamorano. Fallas en seguridadLa seguridad también es otro de los problemas que alberga el Buen Pastor. Aunque las autoridades habían anunciado que al lugar llegarían los jóvenes que han cometido delitos graves como homicidios, El País conoció que en el centro estos adolescentes tampoco tienen un control riguroso. De hecho, cuatro jóvenes que se fugaron de Valle del Lili fueron llevados el martes al Buen Pastor y días después se amotinaron y causaron destrozos.Entre tanto, el asesor de la Defensoría informó que la Ley de Seguridad ciudadana ha incrementado la solicitud de abogados de infancia y adolescencia por delitos como el porte de armas. En todo el 2010 fueron capturados 494 por esta infracción y tan sólo en los primeros seis meses de este año la cifra ya alcanzaba los 451 procesos (ver recuadro Ley de Seguridad).Murillo reconoció la gravedad de la situación y afirmó que espera que para el próximo año se puedan aumentar 300 cupos con recursos de la institución.Sin embargo, para el alcalde Jorge Iván Ospina el Icbf debe tomar medidas urgentes. “Lo que se debe hacer en el centro es poner a los jóvenes que se han convertido en verdaderos criminales en un pabellón diferente al de los adolescentes infractores. También hay que desarrollar programas de resocializacion de corto, mediano y largo plazo”.