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“Cuando en Cali se aplicó el desarme, los homicidios sí bajaron”: directora de Cisalva

María Isabel Gutiérrez, directora de Cisalva, analizó las causas de la violencia en Cali. La experta dice que se requiere voluntad política para mejorar la seguridad.

10 de enero de 2012 Por: Laura Marcela Hincapié S. | Reportera de El País

María Isabel Gutiérrez, directora de Cisalva, analizó las causas de la violencia en Cali. La experta dice que se requiere voluntad política para mejorar la seguridad.

La directora del Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social, Cisalva, de la Universidad del Valle, María Isabel Gutiérrez ha liderado una serie de proyectos para mejorar la seguridad en Cali, sin embargo la mayoría se han quedado en el papel debido a la falta de apoyo de los gobiernos locales.Frente al plan desarme, Gutiérrez resaltó que existen estudios internacionales que demuestran que en Cali la prohibición al porte legal de armas ha disminuido los homicidios hasta en un 14%.Desde su experiencia en seguridad, ¿cree que la prohibición al porte legal de armas sí ayudaría a disminuir la violencia en Cali?El beneficio de esta medida se evidenció entre 1995 y 1997, cuando se hizo un estudio del efecto de las medidas de desarme en Cali y en Bogotá, que fue publicado en la revista científica más importante de Estados Unidos (Jama). La investigación concluyó que durante el tiempo que se aplicó el control de armas, en Cali disminuyó la incidencia de homicidios un 14% y en la capital del país un 13%. Esto se dio a conocer en el año 2000, así que el tema del desarme no es algo que nos inventamos ahora. Pero el propio Ministro de Defensa ha resaltado que no tiene sentido prohibir el porte legal de armas, pues la mayoría de los homicidios se cometen con armas ilegales...Entonces no tiene sentido hacer nada. Tenemos que empezar por donde uno puede controlar. Obviamente no podemos tomar una sola medida, sino que debe ir acompañada de otras estrategias de cultura ciudadana. El doctor Arthur Kellermann hizo una investigación en Estados Unidos y Canadá y encontró que una persona que tenga un arma en su casa tiene doce veces más riesgo de morir que si no la tuviera. Como usted dice, este debate no es nuevo en la ciudad ni en el país, sin embargo no se le ha dado vía libre a la prohibición, pareciera más importante el negocio de vender armas... Hay intereses privados. Quien maneja el tema del porte legal de armas y da los permisos son las brigadas del Ejército. La industria militar tiene su fábrica de municiones y es quien importa las armas, principalmente de Estados Unidos y Brasil. Entonces, finalmente sí es un negocio. El tema es que las personas no pueden pensar que las medidas de control son impositivas o son el capricho del gobernante, sino que redundan en una protección de sus vidas. ¿Cree que deberían ser los alcaldes quienes tengan la facultad de prohibir el porte, como lo plantea un proyecto?Independientemente del proyecto, en la historia que yo recuerdo quienes han tomado la decisión frente al control del porte de armas han sido los alcaldes. Según la Constitución de Colombia, ellos son los jefes de Policía de cada ciudad y pueden tomar este tipo de decisiones.Hay quienes sostienen que con esta medida se desarma a los ciudadanos “de bien” y los deja indefensos ante los bandidos, ¿usted qué piensa? Ese tema de quiénes son los ciudadanos de bien y los de mal se debe erradicar. Aquellos que generan un riesgo para la población deben estar pagando por sus delitos en las cárceles, lo que hay que hacer es mejorar la justicia para que no haya impunidad. Muchas veces nos enfocamos en que yo soy ciudadano de bien y los de mal son los que no deben estar armados y no entendemos que todo es parte de una sincronía que debe garantizar la seguridad ciudadana. Por ejemplo, el tema de las balas perdidas: ¿Por qué esos ciudadanos “de bien” tienen derecho a disparar al aire y afectar a niños inocentes? Hay que vivir sin pensar que somos ciudadanos de bien o de mal, sino que debemos compartir una ciudad bajo los mismos términos para que la inseguridad se disminuya.En este nuevo año, con el cambio de Alcalde, ¿cuáles serían los principales retos para Cali en seguridad?Para mí el principal desafío es concretar una política clara de seguridad ciudadana y convivencia que aporte un plan, porque, haciendo un análisis histórico, la violencia en Cali no sólo tiene que ver con la delincuencia, sino también con problemas de convivencia. Hay muchos temas para cuestionar, pero el mayor reto sería esa estrategia para que todos los sectores sean responsables de la seguridad y no sólo la Policía o la Alcaldía. Aquí estamos acostumbrados a apagar incendios, pero no vamos a la causa. El Gobierno debe trabajar con educación, vivienda y empleo para disminuir las brechas que existen en la ciudad. Si usted mira Bogotá, ve que hubo un cambio de infraestructura e inversión ciudadana. En los últimos años Cali ha padecido una tendencia al alza en los homicidios: el 2011 terminó con 1.870, 45 más que en el 2010. ¿Por qué, a pesar de las medidas de seguridad que se tomaron como el Plan Choque, no se logró una disminución?Porque no hay un plan conjunto, precisamente son medidas de choque que ni siquiera tienen una sostenibilidad en el tiempo. Eso es lo que hemos visto en los últimos quince años en Cali. Tenemos planes superficiales que pueden controlar durante unos días el tema, pero no lo combaten de raíz. Cisalva diseñó unos planes de seguridad para las ocho comunas más violentas de Cali, en el 2010 el ex alcalde Jorge Iván Ospina anunció el proyecto con gran expectativa, pero éste nunca se ejecutó. ¿Perdió ese esfuerzo?Infortunadamente esos planes nunca se aplicaron por esa falta de coordinación entre el Alcalde y la Secretaría de Gobierno y entre ésta y la Policía. Ese proyecto de Cisalva costó $300 millones, pero la Secretaría de Gobierno suscribió otro contrato por $235 millones con la Fundación Pacific International sólo para la Comuna 19, entonces el problema no era la falta de recursos...Usted lo ha dicho, porque uno se pregunta cómo ocho planes, con todo el trabajo que se hizo con la comunidad, costaron $300 millones y un plan para una sola costó todo eso. Yo no quiero sacar conclusiones, pero realmente el tema no fue la falta de recursos, sino de voluntad política. ¿Qué respuesta recibió del Alcalde frente a este tema?Ninguna, yo le insistí hasta el cansancio porque los planes fueron construidos con compromisos de todos los sectores. Nosotros visitamos a los secretarios de cada cartera para ver cuáles eran sus contribuciones. Le pedimos al Alcalde que hiciera un consejo de gobierno para comprometerlos en estos planes, pero nunca lo hizo. Ya le entregué el proyecto al nuevo Secretario de Gobierno y esperamos que se pueda recuperar.El plan de las Comunidades Seguras ha sido un éxito en otras ciudades del mundo, pero en Cali no se han logrado mayores avances, ¿qué ha pasado? Como nosotros somos los certificadores iniciamos un trabajo con la Secretaría de Salud, pero el tema es que somos externos y por eso no podemos ser juez y parte. El caso es que estas cuestiones no se han mantenido en el tiempo, ya tenemos un trabajo con iniciativas de la comunidad y lo que yo quisiera es que se recoja todo eso para continuar con esta estrategia que ha tenido éxito en otros lugares, gracias a la voluntad política de los gobernantes.Entonces, ¿a la Alcaldía pasada poco le importó la seguridad?Para mí, la seguridad ciudadana no fue un tema prioritario en Cali en el gobierno pasado. Desde Cisalva usted ha propuesto una cantidad de investigaciones y proyectos para Cali, pero no ha contado con el apoyo de los gobiernos, ¿se siente frustrada en su ciudad?Sí hay una frustración. Nosotros hicimos, junto con Banco Interamericano de Desarrollo, BID, unas recomendaciones a los planes de seguridad y convivencia ciudadana en Cali, pero esa información -que podría haberle servido mucho a Cali- se quedó archivada y nadie la miró. Los proyectos que hemos llevado a cabo han sido como por cumplir con un objetivo que está en el Plan de Desarrollo. Entonces uno se siente frustrado cuando ve que el aporte de Cisalva funciona en otras regiones y países del mundo, pero en nuestra ciudad no es así. El proyecto bandera del BID es uno que estamos realizando en quince países y dos ciudades capitales de la estandarización de los indicadores de convivencia y seguridad ciudadana, en estos lugares tienen a Cisalva como un líder en el tema. Definitivamente, nadie es profeta en su propia tierra.Usted ha trabajado en países con mucha violencia, como México, ¿cómo ve a Cali respecto a estos lugares?Cada sitio tiene sus diferentes complejidades y hay que entrar a conocer el contexto para empezar a prevenir. En Cali lo que ha faltado, honestamente, es coordinación, que haya trabajo en equipo, porque si todos quieren mostrar protagonismo, es muy difícil.

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