Crece polémica por aprobación de ley de prórroga de orden público

La propuesta fue aprobada en primer debate, pero deberá enfrentar otros dos. Oposición dice que proyecto es muestra de que diálogos de paz van para largo.

Un nuevo pulso político comenzó a darse ayer entre simpatizantes y detractores del proceso de paz de La Habana, por cuenta de la prórroga de la Ley de Orden Público por parte del Congreso de la República.Aunque el martes pasado la iniciativa, que también busca blindar a los negociadores del Gobierno Nacional de las investigaciones de la Procuraduría General, salió airosa de las Comisiones Primera de Senado y Cámara, todavía le restan dos debates que se anticipan polémicos también por la duración que tendría la norma.“Una cosa es dar un voto de confianza al Gobierno para negociar la paz y otra es dar tiempos ilimitados a las Farc. Con ellas toda la desconfianza y precaución”, sostuvo la senadora de la Alianza Verde Claudia López, con respecto a la propuesta radicada por su colega oficialista Roy Barreras.A su vez, Paloma Valencia, del Centro Democrático, afirmó que “es el reconocimiento de que la negociación va mal, de que el presidente Juan Manuel Santos prometió un negocio de meses y están pidiendo una prórroga de cuatro años adicionales”.Una opinión similar tiene el vicefiscal Francisco José Sintura, quien expresó que se están extendiendo los plazos que el Gobierno había anunciado para la negociación con la guerrilla, lo que les transmite a los colombianos la sensación de que las cosas en la mesa de La Habana “no están tan claras ni tan concretas como se ha dicho, y crea una incertidumbre razonable frente al proceso”.“Una prórroga de más de dos años no le hace bien al país”, puntualizó Sintura, sin desconocer que la Ley 418 es la que ha amparado jurídicamente las conversaciones que los gobiernos de turno han adelantado con los grupos al margen de la ley durante más de 20 años.De hecho, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, trató de eludir la polémica y justificó la solicitud de la prórroga en los acercamientos que han tenido lugar con el ELN.“Seguramente consideran que sería una medida conveniente en la medida en que fija un horizonte pensando en el proceso de paz con las Farc. Pero también el Gobierno avanza en una fase exploratoria con el ELN. Esperamos que cristalice en el inicio formal de unas conversaciones de paz” con ellos, dijo.Sin embargo, para Sintura ese argumento no es válido, dado que “el ELN y las Farc tienen muchas cosas en común y en el proceso de negociación con esa guerrilla en Cuba ya se han adelantado muchos temas y hasta metodologías que pueden ser utilizadas con el ELN, que tiene menos integrantes”, lo que llevaría a pensar que una negociación con ese grupo no requeriría mucho tiempo.La otra controversiaCristo aprovechó el debate del martes para recordar que la Ley de Orden Público, que dicta los mecanismos que permiten adelantar una política de diálogo y reconciliación con grupos armados al margen de la ley, también fue aprobada, “casi” con el mismo texto y en dos ocasiones, por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.Por ello, extendió la invitación a todos los sectores “incluyendo al Centro Democrático, a construir un escenario de paz y reconciliación, como el que quiso Uribe durante ocho años, lamentablemente sin suerte”.Pero lo cierto es que el texto no era el mismo, puesto que al blindaje jurídico que entonces contemplaba para los negociadores del Gobierno, ahora se quiere sumar uno disciplinario, que impediría que la Procuraduría General de la Nación los pueda investigar.De esta manera, el equipo que participa en los diálogos con las Farc en La Habana quedaría blindado frente a cuestionamientos que el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, ha hecho sobre decisiones que el Ejecutivo ha tomado dentro del proceso de paz, entre ellas la llegada de más guerrilleros a Cuba, a quienes se les levantaron las órdenes de captura.Ante ello, Paloma Valencia indicó que se le quiere dar carta blanca a los negociadores del Gobierno para “pactar lo que les dé la gana con la guerrilla sin control ni vigilancia alguna”.Agregó que “se les da impunidad absoluta, para que hagan lo que quieran, para que acuerden cosas ilegales como lavado de activos y muchos otros delitos que podrían ser evitados y controlados por la Procuraduría y por eso votamos negativo”. Lo paradójico es que si bien analistas como Fernando Giraldo sostienen que la nueva normatividad parecería escrita para Humberto de la Calle Lombana, Sergio Jaramillo o el general (r) Jorge Enrique Mora, actuales negociadores del Gobierno, también favorecería a Luis Carlos Restrepo frente a los procesos que se le adelantan por su actuación como comisionado de Paz durante el Gobierno anterior.“Los funcionarios a los que el Estado les encarga representar a la ciudadanía en un proceso de esta naturaleza deben estar blindados penal, fiscal y disciplinariamente, como parte de las concesiones que el país tiene que hacer”, dijo el exvicefiscal Sintura. Con él coincidió Giraldo, quien rechazó que el Centro Democrático hable de “impunidad” con respecto a la iniciativa y agregó que la historia ha demostrado que algunos negociadores de paz se han visto “expuestos a persecuciones por organismos del propio Estado, que justifican que los actuales miembros de la comitiva oficial sientan temor al respecto”. Así las cosas, pese a los reclamos de la oposición, parecería que muchos congresistas estarían dispuestos a avalar la iniciativa de blindar a los miembros oficiales de la mesa de La Habana contra posibles retaliaciones del Procurador, siempre y cuando la prórroga de la ley se dé por dos años, teniendo en cuenta la promesa del Gobierno de que el próximo año se lograría la firma de acuerdos con las Farc y el ELN.