Corte definirá posible participación en política de grupos guerrilleros

El 27 de mayo la Corte hará el segundo debate sobre el Marco Jurídico para la Paz, que incluye la discusión del artículo sobre este tema.

Para el próximo 27 de mayo quedó programado el segundo debate sobre el Marco Jurídico para la Paz, que se llevará a cabo en la Sala Plena de la Corte Constitucional y que tratará de la participación en política de grupos armados al margen de la ley. En la audiencia pública se hablará sobre la importancia de la participación de estos grupos, tema que aunque ya fue acordado en la mesa de negociaciones de la Habana (Cuba) aún genera controversia. De acuerdo con el cronograma de la Corte, la ponencia sobre este caso será presentada el 27 mayo con el fin de que sea discutida antes del fallo, que se conocerá entre el 23 y 24 de julio cuando vencen los términos para que la Corte se pronuncie.El magistrado ponente en este caso, Alberto Rojas Ríos, consideró que es necesario citar a esta audiencia pública debido a la importancia social del asunto, que fue nuevamente demandado por el exviceministro de Defensa Rafael Guarín. El tema principal a tratar será si los responsables de crímenes de guerra están facultados o no para participar en política, en virtud del artículo tercero del Marco Jurídico para la Paz. Ese artículo dice, expresamente, que no podrán participar en política quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio de manera sistemática, pero no hace referencia expresa, según Guarín, acerca de qué pasa con los crímenes de guerra. En este caso ya la Procuraduría General de la Nación se pronunció y le pidió a la Corte que tumbe el artículo demandado en un polémico concepto que considera que el Alto Tribunal puede modificar el fallo anterior sobre el Marco para la Paz y "corregirlo".La Procuraduría pidió a la Corte que tumbe todo el artículo tercero de la Reforma, por estimar que el Congreso eliminó uno de los pilares de la Constitución de 1991 al abrir, según el Ministerio Público, la puerta para que participen en política las personas que hayan cometido crímenes de guerra, así como delitos de lesa humanidad o genocidios.