Consejo de Estado aceptó demanda por secuestro y muerte de diputados del Valle

El Alto Tribunal iniciará la recolección de pruebas documentales y testimoniales para poder analizar con juicios probatorios si hubo o no una omisión por parte de la Fuerza Pública.

El Consejo de Estado podría considerar como un delito de lesa humanidad la muerte de 11 de los 12 diputados del Valle, que fueron secuestrados en la Asamblea Departamental en febrero de 2002. Así quedó consignado en el auto en el que aceptó estudiar una acción en grupo presentada en contra de la Nación por los familiares de los diputados, fallecidos el 18 de junio de 2007 a manos de la guerrilla de las Farc, y que afirma que en este caso hay responsabilidad del Estado en los hechos por omisión de funciones. "En tal sentido, dada la importancia jurídica de la decisión que se debe adoptar en este caso por la trascendencia social y política del asesinato de los once diputados del Valle como delito de lesa humanidad, y en virtud de que no existe una posición consolidada en la jurisprudencia sobre esos aspectos, habrá de seleccionarse para revisión la sentencia de segunda instancia que dictó el Tribunal Administrativo del Valle", dice la decisión. Colprensa pudo establecer que la determinación de si es o no un delito de lesa humanidad, así como la acción de grupo, será estudiada en Sala Plena del Consejo de Estado. Lo que el Consejo de Estado estudiará son dos fallos del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negaron las pretensiones de la demandas y la idea es que se unifiquen criterios sobre si se puede excluir de responsabilidad al Estado o no, por la muerte de los políticos a manos de las Farc. Esto, teniendo en cuenta que ya la Corporación condenó al Estado colombiano por el secuestro de los diputados, asegurando que la omisión de la Policía Nacional fue una causa determinante del plagio. En consecuencia, para la Sala se cumplen todos los requisitos para aceptar la acción a fin de que se clarifique “la responsabilidad del Estado frente a la muerte de víctimas durante un cautiverio por el actuar del grupo ilegal, cuando el mismo Estado ya fue condenado por el secuestro”. AntecedentesPor la muerte de los diputados fallecidos a manos de las Farc, los familiares interpusieron sendas acciones judiciales contra la Nación por los perjuicios que les provocó la muerte de los políticos. En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por estimar que la muerte se podía atribuir al Estado porque lo que provocó el daño fue el secuestro.No obstante, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle, en fallo del 22 de febrero de 2013, revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda al estimar que no era clara la tesis jurídica que permitía decretar la responsabilidad de la Nación por la muerte de los diputados. En esa decisión, el Tribunal señaló que si bien el plagio fue uno de los elementos que medió para que se produjera el fallecimiento de los diputados, no podía dejarse de lado que fue el accionar de las Farc lo que desencadenó la muerte de los políticos. Además, el Tribunal estimó que cuando se produjo el secuestro, el Estado perdió la posibilidad de actuar o incidir en el hecho que terminó con la muerte de los diputados.Ante la existencia de dos tesis jurídicas distintas, será el Consejo de Estado el que unifique criterios y determine si la muerte de los diputados se puede achacar al Estado.