Colectivo de abogados se apersonará en investigación de chuzadas

El Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' se va a constituir en parte civil de la investigación que el pasado martes decidió abrir una comisión parlamentaria al ex presidente Álvaro Uribe por el escándalo de las chuzadas a opositores, magistrados y periodistas.

El Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo' (Cajar) se va a constituir en parte civil de la investigación que el pasado martes decidió abrir una comisión parlamentaria colombiana al ex presidente Álvaro Uribe por el escándalo de las interceptaciones telefónicas ilegales a opositores, magistrados y periodistas.Así lo informó este en entrevista con Efe el presidente de esta organización no gubernamental, el abogado Alirio Uribe, quien señaló que ellos defienden a las víctimas y estaban esperando que se abriera dicha investigación por parte de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.El ex mandatario será investigado por su supuesta responsabilidad en las interceptaciones ilegales y espionaje -las llamadas 'chuzadas' - por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un caso por el que ya fue condenado a la prohibición de ejercer cargos públicos durante 18 años el secretario general de Uribe, Bernardo Moreno, así como otros tres colaboradores.No obstante, Alirio Uribe dijo: "No confío en la comisión de acusaciones, a la que llamamos la comisión de absoluciones porque en 40 años jamás ha condenado a nadie". Además, recordó que "en ella hay más de 200 denuncias contra el ex presidente Uribe, y esta va a ser una más".El letrado, cuyo colectivo es una de las víctimas de estas escuchas y ha denunciado numerosos actos de hostigamiento y los planes de la inteligencia militar para asesinar a uno de sus miembros, precisó que su situación "no es la peor", pues aún "no han asesinado a ninguno" de sus abogados.Alirio Uribe es actualmente el abogado de las víctimas en el proceso que se sigue al ex director del DAS, Jorge Noguera, en la Corte Suprema de Justicia desde febrero pasado, por el presunto asesinato de un político y varios sindicalistas, entre otros delitos.El propio abogado ha sido una de las víctimas del espionaje del DAS, cuyo informe de inteligencia incautado ocupa más de mil folios."Yo fui objeto de persecución y espionaje sistemático desde una casa enfrente de la mía e incluso tenían las llaves de mi casa y entraban cuando yo no estaba", señaló, para añadir que al interrogar a testigos en el juicio a Noguera todos le dijeron que "la información de las escuchas era para el presidente (Uribe)".El abogado se encuentra en Ginebra para mantener diversas entrevistas en la ONU y con misiones diplomáticas extranjeras acerca de la mirada que tienen de los derechos humanos en Colombia y expresar sus preocupaciones y expectativas ante el nuevo Gobierno de Juan Manuel Santos.En ese sentido, destacó su "desconfianza" dado que Santos fue ministro de Defensa con el gobierno de Uribe y ha declarado su intención de seguir la política de "seguridad democrática" de su predecesor, que, a juicio del letrado, "ha generado casos como el del DAS".Pero reconoció que "el nuevo gobierno llegó con un nuevo estilo" y ha dado algunas señales positivas.Entre estas, destacó los anuncios de Santos de hacer una "ley de víctimas" para dar reparaciones e indemnizaciones a los desplazados y víctimas de la violencia política, así como de promover una ley para la restitución de sus tierras a los desplazados.El letrado subrayó la importancia que tendría esta ley dado que, denunció, algunas tierras de los millones de desplazados por el conflicto se han recalificado y "son ahora cultivos de coca o de amapola, es decir, están en manos del narcotráfico, o se han instalado proyectos turísticos o de otro tipo".Pero declaró que le preocupa que el gobierno quiera cambiar la imagen pero no la realidad.Alirio Uribe afirmó que "la situación de los derechos humanos en Colombia no mejoró entre 2002 y 2010, los dos mandatos del presidente Uribe, aunque hubo avances en la recuperación del territorio a la guerrilla, mayor presencia del Estado y mayor seguridad"."Pero en ese periodo hubo 2 millones de nuevos desplazados, el 70 por ciento debidos a los paramilitares y el otro 30 por ciento a la guerrilla, lo que elevó la cifra total a 4,6 millones, y hubo más de 15.000 asesinatos de civiles por la violencia política", subrayó.Además, añadió, se dieron "3.000 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército y cuyas víctimas fueron contadas como guerrilleros muertos", los llamados "falsos positivos", un asunto ya reconocido por el Gobierno.