“Código carcelario no solucionará el hacinamiento”: Defensor del Pueblo

Jorge Armando Otálora dice que aunque apoya la medida, se necesita reformar el sistema penal acusatorio y declarar la emergencia social.

El anuncio del Inpec, acerca de que entre siete mil y nueve mil presos saldrán libres con la entrada en vigencia del nuevo código penitenciario, ha sido justificado como la solución a la crisis carcelaria que afronta el país. Pero el defensor del pueblo, Jorge Armado Otálora, considera que la medida no aliviará el hacinamiento. El funcionario dice que existe “una población carcelaria de más de 120.000 con un hacinamiento del 59 %. Y de estos internos, casi 40.000 son sindicados. Esa congestión ha puesto a los internos en condiciones violatorias de los Derechos Humanos”. ¿Aliviará la crisis carcelaria el anuncio del Gobierno de que saldrán entre siete mil y nueve mil internos gracias al nuevo código carcelario? La Defensoría ha sido clara en decir que aunque acompañamos este proyecto, creemos, como planteamos en el Congreso, que no es la solución. Siempre hemos insistido en la emergencia social y otras medidas complementarias. Una de ellas es reformar el sistema penal acusatorio. La Comisión Interamericana de DD.HH.., el 30 de diciembre, hizo un pronunciamiento en contra de las deficiencias y falencias de este sistema, partiendo de la base de que la medida de aseguramiento está siendo usada de forma indiscriminada.El exdirector del Inpec general Gustavo Ricaute decía que somos una sociedad carcelaria con todas las reformas que se le han hecho al sistema.En nuestra sociedad todo lo queremos resolver con sanciones penales, con la creación de nuevos tipos de delitos. Esa no es la solución. Al Estado no le debemos dejar el camino más fácil que es el de crear un tipo penal y amenazar a los ciudadanos con la cárcel. El Estado tiene que hacer pedagogía y acudir a otras figuras diferentes a las del Código Penal.En otros países la medida de aseguramiento es sólo para delitos graves, aquí la hemos venido utilizando para delitos menores, debido a esas reformas al sistema penal.De todas maneras, el hecho de que se anuncie que saldrán nueve mil presos le genera miedo a la comunidad, que teme que los beneficiados volverán a delinquir... Hay que analizar la reforma en su contexto. No creo que salgan nueve mil, un estudio que hicimos habla de tres mil. Pero hay que tener claro que no salen a la calle. De esos están aquellos condenados a sentencias inferiores a ocho años no se les dará la libertad sino que podrán acceder a la prisión domiciliaria.No es cierto que ese número de personas vayan a salir a la calle inmediatamente.Hay otro escenario que son los delitos menores, como la inasistencia alimentaria, estafa menor, abuso de confianza. Hay otros delitos que no van a recibir el beneficio, como el hurto de celular, que se ha estado tipificando como hurto calificado.Se habla de unos beneficios, que abarcarán a miles de internos, pero actualmente se denuncia que hay internos con pena o beneficios que no acceden a ellos por falta de abogados y de decisiones de los jueces. ¿Tienen preparado algún plan de contingencia para aumentar defensores públicos y jueces?Estamos preparando una gran reunión con el Consejo Superior de la Judicatura, con los jueces de ejecución de penas, los defensores públicos y la Procuraduría. Esos beneficios no necesitan abogado porque obligan a los jueces a ordenar esas libertades de oficio, pero la Defensoría ha destinado un número de 165 defensores en las cárceles del país para que las personas de escasos recursos puedan, a través de un abogado, hacer las solicitudes.Aunado a esto, había personas que tenían derecho a la libertad pero se les había puesto una fianza para que salieran, esto con la nueva ley no se va a necesitar.Hay una diferencia de más de 40.000 cupos entre la capacidad de las cárceles y las 120.000 personas que están recluidas en ellas, con la liberación de nueve mil presos no solucionaría el problema ni las malas condiciones en las que viven...Ese tema es grave. Incluso ya tenemos una sentencia condenatoria de un Tribunal por las condiciones en las que pagó una condena un interno, quien tenía que dormir en un baño, en unas condiciones muy difíciles. El Tribunal condenó al Estado por desconocerle los derechos al interno.Un interno le vale mensualmente al Estado $1.200.000 y muchas personas que han sido privadas por largo tiempo son dejadas libres después al comprobarse su inocencia. Eso trae, además de la demanda al Estado, el gasto mensual.Hay que buscar los mecanismos para empezar a corregir todo eso. Creemos que esa reforma es un punto de partida pero hay que hacer más.En mayo, el Inpec decretó la emergencia carcelaria, pero la crisis continúa y el hacinamiento en vez de amainar se ha agravado...Lo dije en ese momento, la emergencia carcelaria no sirve absolutamente de nada para combatir el grave problema carcelario y lo reitero. No da las herramientas, ni ofrece los dientes para que los jueces entren a actuar en ese tema. Hace referencia es a trasladar unos internos de un lado para otro. Los hechos nos demostraron que no sirvió para nada.Usted propone la emergencia social, ¿qué diferencia tiene?La emergencia social tiene una diferencia abismal. La carcelaria la decreta el Director del Inpec con el visto bueno del Ministro de Justicia. La social la decreta el Presidente con la firma de todos los ministros y el Mandatario es investido de manera transitoria para sacar unos decretos leyes debidamente sustentados para enfrentar los problemas. Por eso siempre pedimos que bajo esas facultades se saquen decretos leyes para mejorar el sistema penal.Y finalmente para la consecución de terrenos y la construcción de nuevas mega cárceles. Siempre clamamos por nuevas cárceles y basureros, pero eso si ninguno acepta que quede en nuestra ciudad.Con la emergencia carcelaria se habló de la construcción por parte del Ejército de unas villas o colonias carcelarias, ¿qué pasa con ese proyecto?El informe que nos ha dado la Unidad Penitenciaria es que está en ejecución, solo que se había hecho de una forma improvisada que no iba a ser construida de la forma y con la seguridad que se requiere.¿En qué improvisaron?Se iba a hacer unas celdas movibles, pero no tenían ni la seguridad y la comodidad que requerían. Con la reforma que se hizo se ampliaron los plazos y los costos.Pasando a otro tema, esta semana la ONG internacional Human Rights Watch expresó su preocupación porque cada año en Colombia se desplazan 150.000 personas, ¿qué tan grave es la situación? Es un tema que hemos denunciado permanentemente, tanto por los grupos guerrilleros o por las bandas criminales. Ese ha sido uno de los talones de Aquiles que se siguen presentado.HRW llamaban la atención sobre la situación en el Pacífico.Lamentablemente hay que hacer un acto de contrición respecto al Valle del Cauca, que hoy es uno de los departamentos que ocupa los primeros lugares en violaciones a los DD. HH.. Hemos visitado dos veces Buenaventura y encontramos las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Además, la presencia de los grupos armados ha disparado los homicidios. Mientras en otros departamentos ha bajado, en el Valle han aumentado.¿Está de acuerdo con la recomendación del Consejo de Estado de retirar las estaciones de las poblaciones?Yo insisto en que la interpretación que hay que darle al fallo es que en los municipios donde se tenga determinado, por sus antecedentes, esos enfrentamientos entre Fuerza Pública y grupos armados, hay que tomar medidas para que la población aledaña a las estaciones no vaya a salir afectada.Nunca estaríamos de acuerdo con que salgan las estaciones de policía de los pueblos, que son precisamente con quienes conviven y le generan confianza a la comunidad. De hecho, uno de los grandes proyectos que tiene la Policía es el plan de vigilancia por cuadrantes, que le da acceso de forma inmediata a los requerimientos de la comunidad y eso solo se puede hacer si el policía se encuentra en el sector.