Byron Carvajal y otros 29 militares serán procesados por crímenes de guerra

El Ministerio Público formuló pliego de cargos a dos oficiales, cinco suboficiales y 23 soldados involucrados en la masacre de policías ocurrida hace cinco años en Jamundí.

Por posible grave violación al Derecho Internacional Humanitario deberán responder ante la Procuraduría el coronel condenado Byron Carvajal y otros 30 militares involucrados en la masacre de policías ocurrida hace cinco años en Jamundí.El Ministerio Público formuló pliego de cargos a dos oficiales, cinco suboficiales y 23 soldados integrantes del Pelotón Especial “Lince” del Batallón de Alta Montaña Número 3 “Rodrigo Lloreda Caicedo”.Los hechos materia de investigación ocurrieron en mayo de 2006, en el área general de la finca “La Cristalina”, sector Potrerito, zona rural del municipio de Jamundí, cuando en desarrollo de la Misión Táctica 27 “Ballesta III”, hicieron uso de la fuerza y produjeron la muerte de 10 miembros de la Policía Nacional adscritos a los grupos COMCA y de Hidrocarburos de la DIJÍN y a un integrante de la población civil que cumplía la labor de informante.La Procuraduría anuló los señalamientos iniciales que se habían formulado contra los militares por graves violaciones a los derechos humanos y los cambió por el de crímenes de guerra apoyándose en jurisprudencia de la Corte Constitucional y en tratados internacionales suscritos por Colombia.El ente de control asegura que con esta acción, al parecer los miembros de la Fuerza Pública pudieron incurrir en falta disciplinaria por incumplimiento de sus deberes oficiales de garantía y respeto por el derecho fundamental a la vida de quienes fueron reportados como víctimas.Los señaladosEl cargo disciplinario único, derivado de la ejecución material de los hechos, involucró como determinadores y, por ende, posibles autores de la falta disciplinaria a los siguientes servidores públicos:Teniente Coronel Bayron Gabriel Carvajal Osorio, en su condición de Batallón de Alta Montaña No. 3 “Rodrigo Lloreda Caicedo”, para la época de los hechos.Sargento Viceprimero Luís Eduardo Mahecha Hernández, Jefe de la Red de Inteligencia del Batallón de Alta Montaña No. 3Teniente Harrison Eladio Castro Aponte, Oficial al mando de la Operación Misión Táctica.El mismo cargo, en condición de posibles autores fue formulado en contra de:Cabo segundo José Aurelio Palacios MosqueraCabo Wilson Anselmo Gutiérrez FigueroaSoldados profesionales: Jesús Orlando Henao Gómez, Jhon Wilfredo Quisaboni Macías, Armando Nasayo Palencia, Alexander Peñaranda Sánchez, José Alexander Ospina Cortés, James Andrés Peñuela Garzón, Wilmer Pacheco García, Jhon Carlos Mendoza Tolosa, Isaac Peñuela Echavez y William Muñoz Acevedo. Así mismo, Carlos Mario Quintero Flórez, Leonardo Ortiz Meneses y Óscar Mosquera Palacios.Sargento Viceprimero Jaime Humberto Montenegro CastañedaCabo Tercero Hélber Jesús Osorio GonzálezSoldados profesionales: Pablo Emilio Riaño Caleño, José Alfredo Porras Mantilla, Mauricio Arcángel Ramírez Gallego, José Geiner Peñaranda Díaz, Carlos Fernando Erazo Riascos, Julián Andrés Pomeo Moreno, Wilson Rafael Bohorquez Pineda, Nelson Enrique David Posso, Eduardo Carvajal Peralta y Julio César Rosero Mestizo.Según la procuraduría, en esa acción se utilizaron armas que sólo son usadas para "un enfrentamiento armado propio de la guerra" contra un grupo de agentes que cumplían funciones de Policía y actuaban como un cuerpo civil armado como era la de ubicar una caleta del narcotráfico.En los hechos, dice la Procuraduría, hay elementos para suponer que los policías no ofrecieron resistencia ni enfrentaron a la patrulla del Ejercito ni se encontraron en posición de combate, "entonces no podían ser un objetivo militar válido, ya que gozaban del estatus de inmunidad que ampara a quienes han depuesto las armas o a quienes portándolas no están en posición ofensiva alguna", agrega la decisión.Los policías muertos no eran el enemigo al que supuestamente iban a enfrentar: una columna guerrillera que, según las órdenes impartidas por el coronel Carvajal, iba a cometer un secuestro en la zona de Potrerito, concluye la decisión de la Procuraduría.