Buscan evitar freno a proceso de reinserción

Este lunes se radicará un nuevo proyecto de ley para los desmovilizados. Deberá aprobarse en un mes.

Antes de un mes deberá estar aprobado el proyecto de ley que radicará hoy el Gobierno Nacional en el Congreso de la República y que busca rescatar del limbo jurídico a 17.000 desmovilizados del paramilitarismo, luego de que la Corte Constitucional decidiera negarles el principio de oportunidad. El principal reto del Gobierno es evitar que los reinsertados terminen en la cárcel o regresen a los grupos armados ilegales o a las bandas criminales emergentes.El proyecto contemplará medidas para obligar a los desmovilizados a decir la verdad sobre los hechos ocurridos durante su paso por los grupos ilegales, y en el que se comprometen a no cometer nuevos delitos y a colaborar con la reconstrucción de la memoria histórica, a cambio de recibir beneficios jurídicos, como la suspensión de órdenes de captura y de algunas condenas.De esta manera, los ex combatientes, que ahora hacen parte del programa presidencial de reinserción, podrían acceder al beneficio del principio de oportunidad, a través del cual se suspendían los procesos penales a cambio de colaboración, y que fue eliminado la semana pasada por la Corte Constitucional.Un golpe al proceso de pazLa decisión de la Corte al considerar inexequible el principio de oportunidad a paramilitares desplazados, dejó sin piso la desmovilización de cerca de 20.000 integrantes rasos de esos grupos armados ilegales, hecho que para muchos constituye un escollo irremediable para la reintegración desde cualquier tipo de grupo alzado en armas.La situación reviste gravedad, pues para la mayoría de observadores la consecuencia inmediata sería el regreso a la ilegalidad de quienes habían buscado por su voluntad una segunda oportunidad en la vida civil, mientras que la de mediano plazo sería la casi paralización de cualquier intento de abandono a la lucha armada, un empeño esencial en la política ante la guerrilla. Por eso, el Gobierno corrió a buscarle solución al limbo jurídico con un proyecto de ley de urgencia, que fue diseñado por el Consejo de Política Criminal, presentado por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, y cuya ponencia fue encargada al presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras. (Ver entrevista).Lo que dice la CorteCuatro fueron los aspectos centrales que durante semanas debatió la Corte Constitucional para terminar sacando del ordenamiento jurídico el consagrado principio de oportunidad, que favorecería a cientos de paramilitares. El primer punto de análisis fue la posible vulneración al principio de legalidad por parte del Congreso. En segundo término, examinó la posible afectación a los tratados y convenios internacionales. Finalmente se ocupó de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación frente a los Derechos Humanos y estudió una posible omisión legislativa ante “graves violaciones de derechos humanos”. Para la Corte es claro que el Numeral 17 del Artículo 2 de la Ley 1312 del 2009 proponía una reforma legislativa al principio de oportunidad, pieza clave dentro de la política criminal.Para la mayoría de magistrados, a pesar de ser este un proceso de justicia transicional, y aunque para la comunidad internacional es importante alcanzar objetivos sociales de paz, también es cierto que dicha transición no pueden terminar en un relajamiento de las obligaciones internacionales de los Estados en el respeto a los Derechos Humanos. ‘Paras’ declaran silencioAnte el fallo de la Corte, los ex jefes paramilitares que participan en el proceso de Justicia y Paz decretaron la suspensión de sus declaraciones en las audiencias en las cuales se han revelado casos de desapariciones, homicidios y episodios sangrientos cuando las autodefensas ejercían control militar en varias regiones de Colombia. Esta advertencia prendió las alarmas en el Gobierno Nacional porque no sólo pondría en riesgo el proceso de Justicia y Paz, sino que empujaría a que los desmovilizados engorden las filas de los bandas criminales emergentes que delinquen en varios departamentos del territorio nacional. “Sí les vamos a cumplir”El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, lanzó ayer un parte de tranquilidad a los desmovilizados de las autodefensas ante el fallo de la Corte Constitucional que los deja en un limbo jurídico. ”El Estado tiene su palabra empeñada en garantizarles los compromisos adquiridos con los 17.000 desmovilizados que dejaron las armas”, declaró Rivera.“Para la paz, se necesita un nuevo marco legal” El senador del partido de La U, Roy Barreras, será el ponente de la ley que se radicará hoy en el Congreso para salvar del limbo jurídico a miles de desmovilizados.¿Qué consecuencias tendrá el llamado limbo jurídico originado por la decisión de la Corte Constitucional?Tiene dos consecuencias: que cerca de 30.000 desmovilizados, no 17.000, porque hay que sumarles los guerrilleros, pueden sucumbir a la tentación de regresar a delinquir o ser capturados. La segunda es que esto echa a perder el proceso de desmovilizaciones individuales de la guerrilla. ¿Por qué incluye a los guerrilleros, además de paramilitares, entre los afectados?Por el deterioro de la confianza en el Estado. Cualquiera que piense desmovilizarse y vea lo que está pasando con los que ya lo hicieron, se va a desmotivar. Este caso y los tropiezos en que está el proceso de Justicia y Paz abren la discusión de hasta cuándo permitir las formas de justicia transicional en un conflicto como el colombiano...Como presidente de la Comisión de Paz del Senado ya he expresado la necesidad de que exista un nuevo marco legal que cobije a todos los actores armados ilegales, para que el Estado pueda ofrecerles una salida jurídica. Para acercarse a un “nunca más”, hay que desmovilizar a todos los ilegales y eso sólo es posible con una ley que hoy no existe. Entonces, usted ve conveniente una justicia transicional indefinida…No, la que veo absolutamente necesaria es una justicia transicional definida, en el marco de una política de Estado, para alcanzar la paz integral para todos los actores y no que haya procesos de paz parciales, de suerte que a partir de la aplicación de esa ley nueva, que habrá que construir, todos aquellos que permanezcan en la ilegalidad encuentren un camino viable que les permita someterse al Estado de Derecho.Así que además de esta ley que empieza a discutirse, falta más trabajo legislativo hacia la paz…Ni la Ley 418, que está a punto de ser aprobada, ni la nueva que esperamos que resuelva este limbo jurídico, van a servir para un proceso de paz total en Colombia. Se necesitará un nuevo marco legal, que deberá incorporar formas de justicia transicional e incluso reabrir la discusión sobre el delito político, pero aún no hemos llegado a ese escenario.