"Bandas criminales deben tener estatus de grupos ilegales": Defensor del Pueblo

Jorge Armando Otálora, defensor Nacional del Pueblo, plantea que si las bacrim empiezan a ser tratadas como subversivos, podrían ser combatidas también por el Ejército.

La situación era previsible. Mucho de lo que ahora está pasando en el Valle: la guerra entre bandas, los muertos en el asfalto, los desplazamientos, la sangre. Todo estaba advertido. La Defensoría del Pueblo tiene un sistema. Es, para explicarlo de alguna manera, algo parecido a los teléfonos de juguete que hacen los niños: vasos plásticos en los extremos unidos por un cordón. Los niños entonces hablan en una orilla y la voz llega al otro lado. Y así, de extremo a extremo. El sistema de la Defensoría se llama Alertas Tempranas y funciona casi igual. En los pueblos hay defensores que recogen las impresiones de la gente, de los pobladores, de los campesinos, de los labriegos que están en las montañas, trabajando en el monte viendo cosas que otros no alcanzan a ver. Ellos le cuentan a defensores en las ciudades y estos trasladan la información a Bogotá donde la contrastan, estudian los movimientos de los grupos ilegales, las zonas de riesgo, calculan. La información pues, llega de extremo a extremo como unida por un cordón. Y así pasó: desde julio la Defensoría advirtió hechos violentos en Pradera, Florida, San Pedro, El Dovio, Roldanillo, Buga, La Unión, Tuluá, Palmira, El Cairo. Hoy, sólo en esos municipios, las muertes violentas han crecido 10%. Mientras tanto, 2.000 personas se han desplazado en Buenaventura. ¿Por qué si todo estaba anunciado?Jorge Armando Otálora, defensor Nacional, llega este jueves al Valle para analizar la situación y escuchar directamente a la gente afectada, los damnificados, las víctimas que hoy apenas son números en listas trágicas que pocos atienden. Primero estará en Buenaventura, luego en Cali. Antes de emprender un recorrido que acompañará el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Otálora habló con El País.El desplazamiento interno en Buenaventura ha sido un asunto recurrente por diferentes conflictos, sin embargo ahora pareciera ser distinto: esa ciudad tan acostumbrada a la guerra quizás ahora esté más asustada que antes y las autoridades, aun más cortas en sus acciones...Sí, eso es cierto. Por eso la semana pasada la Defensoría le dirigió una carta al Ministro de la Defensa haciéndole un panorama del orden público de todo el país en la que le señalamos los graves problemas del Valle. Allí hicimos alusión a Buenaventura y exigimos mayor presencia de la Fuerza Pública. Con todo lo que está pasando ahora en el Valle: la presencia de las Farc, el enfrentamiento entre Machos y Rastrojos, la llegada de Los Urabeños, los desplazamientos internos, ¿la región podría ser ya catalogada como una de las zonas más complicadas del país?Sí, es uno de los departamentos más afectados por los grupos armados ilegales. Claro que hay otras regiones muy golpeadas como el noroeste antioqueño, Arauca, el Meta, Santander. ¿Y qué hacer frente a los excesos de estos grupos? En el Valle tienen una disputa territorial que está dejando decenas de muertos y la gente ni siquiera sabe quiénes están detrás de todo eso, no sabe a quién reclamarle, no sabe de quién tiene que huir...Nosotros le hacemos un llamado a la Fuerza Pública: si se les da tratamiento de bandas criminales le corresponderá solo a la Policía enfrentarlas y atacarlas. Mientras que si se les da tratamiento de grupos armados ilegales, la Policía podría ser acompañada por el Ejército Nacional para que así toda la Fuerza Pública ejerza el poder que tiene el Estado sobre estas estructuras.En medio de las dificultades para contrarrestar las acciones violentas de estos grupos, lo que usted propone plantea un escenario más acorde para hacerles frente en términos de hombres y así poder abarcar una mayor proporción de los territorios donde ahora se mueven. ¿Pero darles ese estatus no sería riesgoso también?Sí y hay que hacer la aclaración: no es para que gocen de los beneficios de los actores armados que se encuentra en este momento adelantado procesos de paz. Lo que planteamos es para que se pueda usar toda la Fuerza Pública en contra de estos violadores de los derechos humanos; sobre ellos debe recaer toda la capacidad de enfrentarlos para ponerlos en manos de la justicia.La semana pasada trascendió que todo lo que está pasando ahora en la región ya estaba prácticamente anunciado. Que de acuerdo con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la llegada de Los Urabeños, la disputa territorial de la bandas criminales, los desplazamientos internos, algunos ataques en municipios del departamento se habían contemplado desde hace varios meses. ¿Eso es así? ¿Toda esta violencia era de alguna manera previsible?Sí, nosotros hemos alertado a la Fuerza Pública a través de distintos pronunciamientos que hace la Defensoría desde la información que los mismos ciudadanos nos entrega en diferentes partes del país.¿Y si las autoridades estaban alerta, no cree que ante los hechos se quedaron cortas en su reacción?Sí, ese es uno de los temas agendados con el Ministro de Defensa. Tenemos que mirar si la solución es combatir estos grupos a través de la Policía o si es necesario introducir un componente más fuerte como es el Ejército.¿Será esa la solución? A Tuluá la Policía trasladó 500 hombres más y eso, aunque ha permitido golpear las estructuras criminales no ha podido conjurar el problema: en lo corrido del año van más de 160 homicidios y este fin de semana volvieron a presentarse masacres y desmembramientos...Hay que tener en cuenta que la sola presencia de la Fuerza pública es una de las circunstancias que van a entrar a aliviar el problema, pero también hay que esperar a que las instituciones del Estado a través de sus entes de inteligencia y contrainteligencia empiecen a dar resultados. En esa situación hay que darles un compás de espera para que esas primeras decisiones que, como usted reconoce, dieron algunos resultados, se fortalezcan en el camino necesario.