Así se hacían los traslados irregulares de presos a la cárcel de Yotoco

El entramado por el que presos de “alta peligrosidad” eran llevados a la cárcel municipal de Yotoco empezaba, según la Fiscalía, por unas cartas-cupo que el ex Secretario de Gobierno y actual asesor jurídico de la alcaldía de esa población, Hermes Alberto García Perdomo, le enviaba al director nacional del Inpec solicitando los traslados.

En las misivas aducía arraigo familiar y problemas de salud de los condenados. Y si el Instituto Nacional Penitenciario no aceptaba el cambio de penal, un grupo de abogados, con presunta complicidad con un juez de Cali, interponían acciones de tutela para “hacer respetar” derechos fundamentales de sus defendidos.

Las cartas hacen parte de las evidencias que un fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado presentó este fin de semana en la audiencia de imputación contra los ocho detenidos -incluido el exsecretario y el director de la cárcel- por las presuntas irregularidades en los traslados.

El fiscal les imputó al exsecretario los delitos de falsedad ideológica, en documento público, concierto para delinquir y tráfico de influencias. El director de la cárcel de Yotoco, Gumersindo Barbosa Guerrero y los tres guardianes de ese penal, fueron sindicados de falsedad ideológica en documento público, favorecimiento de la fuga, concierto para delinquir y prevaricato por acción. Y a la asistente de enfermería le imputaron falso testimonio.

En una de esas cartas mostradas en la audiencia se solicitaba de “manera comedida” el traslado de alias “Yordi o El Gomelo”, miembro de la Oficina de Envigado. Además, el funcionario interponía sus buenos oficios para que a esa cárcel de pueblo, como la llamó la Fiscalía, también fuera enviado alias ‘Tania’, quien por esos días llegaba extraditado del Perú en donde purgaba una pena por narcotráfico.

La Fiscalía, que conjuntamente con funcionarios adscritos a la Dirección de Investigación contra el crimen Organizado, Dijín, pusieron al descubierto este presunto entramado de corrupción, indicó que era inconcebible que en un recinto, que era custodiado por tres guardianes desarmados, estuvieran presos cabecillas de la Oficina de Envigado, de Medellín y de la banda delincuencial La Cordillera de Pereira, quienes, al parecer eran quienes imponían las condiciones para permanecer ahí.

Otros de los beneficiados con los traslados fueron: Víctor Mauricio Cotes Gutiérrez, uno de los cabecillas de la banda La Cordillera, condenado a 17 años por los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico y a 55 años por homicidio agravado, y Juan Pablo Taborda Zamora, alias Jhony, jefe de sicarios de la banda La Terraza de Medellín.

Alias Jhony, quien fue condenado por un juzgado especializado de la capital de Antioquia, había llegado a la cárcel de Yotoco procedente de la cárcel de Itagüi, en donde pagaba una condena por el homicidio de dos policías antinarcóticos.

Cuando la Fiscalía hizo el allanamiento a la cárcel de Yotoco el pasado martes 4 de julio, este hombre se encontraba en esas instalaciones y de inmediato fue trasladado a otra cárcel del país.

Entre tanto, Víctor Mauricio Cotes, ya había sido recapturado fuera de ese penal.

En la audiencia de imputación de cargos, que se realizó en el Palacio de Justicia de Buga, se develó la forma o el modus operandi de esa organización.

Según el fiscal, una de las estrategias que usaron los abogados era utilizar personas afines a sus intereses que se desempeñaban como intermediarias entre los reclusos y los despachos judiciales, para que presentaran declaraciones extrajuicio en las notarías de Cali, en donde “certificaban” que conocían de trato y de vista al recluso que debían trasladar a la cárcel de Yotoco.

Con estas declaraciones extrajuicio, interponían las acciones de tutela, de acuerdo con el ente acusador, eran falladas por el Juez 25 penal de Cali, César Alpidio Blandón, quien actualmente se encuentra detenido e investigado como presunto autor de los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

La investigación por las irregularidades en la cárcel municipal iniciaron hace seis meses, en ese tiempo se interceptaron 11.725 audios de conversaciones y mensajes de texto.

Además, el ente acusador aseguró tener videos, fotografías y documentos, con los que pretende demostrar la responsabilidad de los capturados en esas conductas ilícitas.

En uno de los audios, el exsecretario hablaba con el abogado de alias Tania. El funcionario le explicaba que el traslado se había puesto difícil porque unos fiscales estaban molestando y que no era algo personal.

En San Andrés, Isla, un agente de la Sijín fue detenido. El uniformado había trabajado en la Policía Valle.

Según la Fiscalía, tenía las claves del sistema en donde reposan los archivos de la Policía Nacional, al parecer fue sobornado para que borrara del sistema los antecedentes judiciales de alias La Cosa con lo que este delincuente pudo tramitar su pasaporte en la Gobernación del Valle y con él salir del país a Panamá y a Chile.

En Chile no fue admitido porque las autoridades de ese país no le creyeron la fachada de comerciante y empresario de de eventos que dijo que era.

Las autoridades también dijeron que mientras estuvo preso en la cárcel de Yotoco se fue de vacaciones a San Andrés.