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Ante motines y fugas en los centros de formación juvenil de Cali, ¿cuál es la solución?

Autoridades y expertos plantean cambios al Código del Menor y la contratación de seguridad privada.

1 de mayo de 2013 Por: Redacción de El País

Autoridades y expertos plantean cambios al Código del Menor y la contratación de seguridad privada.

Un día después de que las autoridades de la ciudad anunciaran que aumentarán el pie de fuerza en los centros de reclusión para menores delincuentes, un nuevo intento de motín de jóvenes se presentó en la antigua cárcel El Buen Pastor.Varios menores que están allí ingresados intentaron, al parecer, reducir a algunos de los educadores del sitio, pero fueron detenidos por la Policía. Esa es una nueva evidencia de que la problemática de los menores delincuentes está saliéndose de control en la ciudad. En eso coinciden congresistas, ex asesores de paz y miembros de la Administración local.El secretario de Gobierno de Cali, Carlos José Holguín, asegura que este tipo de irregularidades (en dos semanas ha habido cuatro fugas que han dejado 68 menores evadidos, diez heridos y tres muertos) no pueden seguir presentándose.“Esto significa que hay que darle una mirada muy seria a quienes administran los centros de rehabilitación (Religiosos Terciarios Capuchinos en Valle del Lili y la ONG Crecer en Familia, en El Buen Pastor). Está fallando la vigilancia y la disciplina dentro de los centros”, dijo el funcionario. Y respondió al llamado del director regional del Icbf, John Arley Murillo, quien pidió más presencia de la Policía para controlar desmanes de los jóvenes internados.“La responsabilidad de la Policía es solamente en casos urgentes. No corresponde tener uniformados de manera permanente cuidando a los menores. Lo mejor sería que se contrate a empresas de seguridad privada, que tienen protocolos para atender emergencias de ese tipo”, señaló Holguín. El senador Carlos Fernando Motoa dijo que una de las posibles alternativas para lograr combatir los intentos de fuga y la violencia dentro de los centros de rehabilitación es un cambio al Código Penitenciario.“Es necesario que se revise la forma en la que se está rehabilitando a los menores en los centros. La violencia que generan, los delitos que están cometiendo ya no son los mismos de antes. Han escalado, son, en algunos casos, curtidos delincuentes. Por eso hay que pensar en reforzar las penas”, dijo el Senador.Motoa, sin embargo, se mostró en desacuerdo con modificar el Código del Menor para reducir la edad en la que un joven puede ser juzgado como adulto, que es una propuesta que se ha hecho en el Congreso de la República.“Si empezamos a juzgar a los jóvenes como adultos, los grupos criminales simplemente van a empezar a reclutarlos desde los 12 años, eso no solucionaría nada”, enfatizó Motoa.El congresista vallecaucano señaló que en caso de cambiarse la edad de imputabilidad de los menores, para juzgarlos antes de que cumplan los 18 años, se violarían acuerdos internacionales de protección de niños y jóvenes.El exasesor de paz de Decepaz, Carlos Rojas, dijo que el problema de los menores en Cali no tiene mucho qué ver con el lugar dónde están recluidos. Afirmó que el verdadero problema es que la sociedad caleña falla en mantener a los jóvenes por fuera de los hechos de violencia.Rojas insistió en que en este momento la solución al problema no pasa por un aumento de pie de fuerza, sino que es necesario que las diferentes entidades responsables (Alcaldía, Gobernación, Icbf) trabajen de forma coordinada en lo que él consideró “es una emergencia social”.

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